La muerte de 339 inmigrantes africanos en el naufragio de un barco
frente a las costas de Lampedusa, en Italia, y la expulsión de una
estudiante kosovar de etnia gitana en Francia -a quien ayer se le
permitió retornar al país, pero sin su familia- han puesto en el tapete
el tema de la inmigración en Europa, donde a la llegada de expatriados
por el Mediterráneo, que no tiene visos de disminuir, se suma el éxodo
provocado por el estallido de la Primavera Arabe, en 2011, y el
desgobierno en el que quedaron algunos de los países tras derrocar a los
viejos regímenes.
Frente a este escenario, en el Viejo Continente se ha
posicionado cada vez más un discurso antiinmigración como consecuencia
del auge de los partidos de ultraderecha, lo que ha derivado en un
endurecimiento sin precedentes de las normativas en materia de
inmigración.
REINO UNIDO
Ya en marzo el primer ministro David Cameron había declarado: “El
acceso a los servicios públicos debe ser algo que los inmigrantes se
ganen y no un derecho automático”. La inmigración es uno de los caballos
de batalla del gobierno británico, que ha prometido reducir para 2015
la cifra de inmigrantes sin papeles de “cientos de miles” a “decenas de
miles”. Desde hace ya dos años en Reino Unido -país que no forma parte
del Acuerdo de Schengen de libre circulación- están en vigor
disposiciones muy estrictas para impedir la llegada al país de
inmigrantes procedentes de la Europa “pobre” y particularmente de
rumanos y búlgaros.
Pero ahora Cameron planea una reforma con la Ley de
Inmigración, con el objetivo de seleccionar a los inmigrantes que entran
al país y simplificar los trámites de deportación. Pretende además
impedir el recurso a entidades superiores en caso de negociación de
asilo.
Los inmigrantes que estén poco tiempo tendrán que pagar sus
gastos de salud y los propietarios de viviendas deberán comprobar el
estatus de sus inquilinos. Asimismo, se verificará el estatus de
residencia de extranjeros antes de que puedan sacar el carné de conducir
y los bancos estarán obligados a chequear la situación legal de los
foráneos.
ITALIA
Tras el fatídico naufragio en Lampedusa, el primer ministro de
Italia, Enrico Letta, ordenó triplicar el número de unidades navales y
aéreas que vigilan las costas del país y el canal de Sicilia. Sin
embargo, Letta volvió a insistir en la conveniencia de reformar la ley
Bossi-Fini sobre inmigración, que considera “delincuentes” a los
inmigrantes ilegales.
La norma de 2002, nombrada así por sus promotores,
Umberto Bossi (Liga Norte) y Gianfranco Fini (Alianza Nacional), prevé
el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien lleve a
Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a
quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.
Además, en 2009
entró en vigor el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de
cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los
indocumentados. No obstante, fue en el año 2011, con la explosión de la
Primavera Arabe y la llegada de inmigrantes tunecinos a las costas del
sur de Italia, cuando el Ejecutivo de Silvio Berlusconi radicalizó aún
más su política migratoria. Instauró así la obligatoriedad del examen de
italiano para renovar los permisos de residencia y el visado por puntos
para todos los inmigrantes y amplió de seis a 18 meses el plazo máximo
de retención a ciudadanos extranjeros en los centros de expulsión.
ESPAÑA
Bajo el mismo argumento esgrimido por Cameron en Reino Unido, el
gobierno español de Mariano Rajoy excluyó a los inmigrantes en situación
irregular del Sistema Nacional de Salud alegando un supuesto abuso por
parte de los extranjeros de los servicios sanitarios estatales.
Miles de
inmigrantes indocumentados quedaron sin cobertura médica a partir del 1
de septiembre de 2012 tras la decisión del Ejecutivo de retirarles la
tarjeta de salud, como parte de sus severos recortes sociales. Según la
prensa local, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho
exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil
hasta los 18 años.
En tanto, polémica ha generado el proyecto de reforma
del Código Penal, el cual contemplaría un artículo que sanciona con
multas y penas de cárcel a quienes “intencionadamente” ayuden a
extranjeros indocumentados a “permanecer” en España.
Sin embargo, el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que no se contempla
sancionar a quienes presten ayuda humanitaria a los inmigrantes, sino
la actividad de las mafias, de los grupos organizados y de quienes hagan
trata de personas. “Jamás, jamás, cualquier ayuda realizada a los
inmigrantes cuando sea humanitaria será punible”, insistió Gallardón.
FRANCIA
Durante la última campaña presidencial, la líder ultraderechista
Marine Le Pen acusó a la inmigración, oficialmente evaluada en 200.000
entradas al año, de ser la responsable de todos los males del país. El
ahora ex presidente Nicolas Sarkozy no dudó en entrar de lleno en el
debate: “Si las fronteras de Europa no se protegen de una inmigración
descontrolada (...) ya no habrá un modelo francés y tampoco una
civilización europea”, advirtió.
Su búsqueda por el electorado
conservador lo llevó a aprobar en mayo de 2011 la quinta Ley de
Inmigración de Francia desde 2003, la que en un principio contemplaba el
retiro de la nacionalidad a las personas naturalizadas en el país que
atentaran contra policías y agentes de la autoridad. Finalmente, Sarkozy
tuvo que echar marcha atrás en este aspecto.
Asimismo, proporcionó una
cobertura legal para expulsar a los inmigrantes gitanos provenientes de
Rumania o Bulgaria. También el socialista François Hollande, a la postre
vencedor de las elecciones, cedió a la presión de Le Pen y aseguró días
antes de la segunda vuelta de las presidenciales que si él ganaba
limitaría el número de inmigrantes que entran en el país.
Y lo está
cumpliendo. El Ministerio de Interior -a cargo de Manuel Valls- indicó
que en los ocho primeros meses de 2013 Francia expulsó a 18.126
inmigrantes sin papeles, y que a finales de año su número será de unos
21.000, la misma cifra de 2012.
ALEMANIA
Si bien una ley de 2005 pone el acento en la integración y permite
quedarse más tiempo a los inmigrantes calificados, en 2010, después del
prolongado debate sobre la integración de los extranjeros en Alemania
-en especial de los musulmanes-, el gabinete de Angela Merkel aprobó un
proyecto para endurecer algunos puntos de la ley de extranjería y
migración, que contemplaban, entre otros, un mayor control de asistencia
a los cursos de integración.
Estos últimos se han vuelto obligatorios
incluso para residentes de larga duración, que pueden ser obligados a
realizar los cursos, que de ser rechazados podrían perder el derecho a
la seguridad social, así como a la renovación de su permiso de
residencia. Asimismo, Berlín, junto con Viena y Londres, ha bloqueado la
demanda de Rumania y Bulgaria de adherirse al tratado de Schengen, que
elimina las fronteras internas en la UE.
Pero, paralelamente el gobierno
de Angela Merkel aprobó en febrero una modificación de las leyes de
inmigración para facilitar la incorporación al mercado laboral germano
de trabajadores calificados de países que no pertenezcan a la UE, con el
objetivo de paliar la escasez de empleados en algunos sectores
productivos. En 2012, cerca de 966.000 extranjeros llegaron a Alemania
para probar suerte, lo que representa un alza del 15% con respecto de
2011 y un récord desde 1995.
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