Alberto Acosta
Indígenas y campesinos amazónicos sentaron a la compañía Chevron-Texaco
en el banquillo de los acusados. Luego de un largo peregrinar por
juzgados estadounidenses y después de que un juez de Nueva York se negó a
aceptar la competencia en el caso, se presentó la demanda ante la Corte
Superior de Justicia de Nueva Loja, población amazónica más conocida
como Lago Agrio, en recuerdo del primer pozo petrolero perforado en
Sauer Lake, Pensilvania, en 1853.
“El argumento central del juicio -según el abogado acusador, Alberto
Wray, uno de los jurisconsultos de mayor prestigio en Ecuador- es que,
al diseñar los procedimientos y poner en práctica las técnicas para la
exploración y explotación petrolera, Texaco prefirió utilizar métodos
más baratos aunque sean contaminantes”. La tecnología empleada “era
prohibida por ley en EEUU”, según Cristóbal Bonifaz, abogado que
coordinó las tareas judiciales en dicho país. Con este juicio, más allá
de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de las
petroleras más poderosas del mundo, que trabajó 28 años en la Amazonía
ecuatoriana.
En
ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en una superficie de 430 mil
hectáreas. Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo,
vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos,
quemó billones de pies cúbicos de gas. Y si bien resulta imposible poner
precio a la naturaleza, pues la vida es inconmensurable, la extensión
del daño se podría cuantificar en miles de millones de dólares por
concepto de derrames, contaminación de pantanos, quema del gas,
deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y
domésticos muertos, por materiales utilizados sin pago, por salinización
de los ríos, por enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%,
cuando el promedio nacional es de 12,3%)... por trabajo mal remunerado, a
lo que se suma la explotación del
petróleo, que dejó al Estado un promedio de 13,- dólares por barril,
menos de lo que cuesta un barril de Coca Cola: 71,4 dólares. Sobre
Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los Tetetes
y Sansahuaris, así como los daños económicos, sociales y culturales
causados a los indígenas Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Huorani,
incluyendo a los colonos.
Este
reclamo supera el ámbito amazónico. Va más allá de la destrucción que
tendrá que pagar Texaco. Afecta a toda la sociedad. Es más, constituye
una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por
la actividad petrolera, que se sostiene por la combinación del poder
político con el transnacional sobre un discurso que alienta la
explotación del petróleo en supuesto beneficio de los 12 millones de
habitantes del país, discurso que sostiene una política de ocultamiento
de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de humillación y
olvido para las víctimas... mientras que los dólares obtenidos sólo en
escasos montos benefician al conjunto de la población, pues en su
mayoría fluyen en pocos bolsillos, sobre todo de las poderosas
transnacionales y de los acreedores de la deuda externa. Tanta
destrucción
-recordémoslo hoy, día internacional del medioambiente- constituye una
gran deuda ecológica cuyo pago debe reclamar el Ecuador.
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