Quito y Cuenca fueron escenario de diferentes movilizaciones encabezadas por agrupaciones indígenas, que reclaman una consulta popular para impedir el inicio de la extracción petrolera en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní.
Varias personas resultaron heridas con balas de goma tras romper un cerco policial alrededor del palacio de Gobierno, a donde intentaban llegar centenares de manifestantes. También hubo cuatro detenciones por los enfrentamientos con la fuerza pública, según las autoridades.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), su filial Ecuarunari, con apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y grupos ecologistas, organizaron las marchas que en Quito registraron incidentes violentos.
El dirigente indígena Carlos Pérez indicó que la medida no buscaba "desestabilizar al gobierno sino al modelo extractivista" y que tampoco pretendían cerrar las calles.
Cuatro dirigentes indígenas, entre ellos el vicepresidente de la CONAIE, Marco Guatemal, fueron detenidos durante varias horas en un regimiento policial hasta ser liberados en la noche.
Mientras se registraban estos disturbios en Quito, el presidente Rafael Correa se mostraba confiado en obtener el respaldo en las urnas para iniciar la extracción de crudo en la reserva amazónica Yasuní, donde viven dos pueblos indígenas que no tienen ningún contacto con la civilización.
En declaraciones a periodistas en Guayaquil, Correa aseguró que: "Tendremos el enorme respaldo del pueblo ecuatoriano" y que los nuevos recursos económicos por el petróleo serán invertidos en la población pobre.
La consulta popular es impulsada por grupos juveniles, indígenas y ecologistas que plantearon ya a la Corte Constitucional una petición orientada a dejar sin efecto la extracción de crudo en el Yasuní.
El Ejecutivo solicitó ya a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la autorización para comenzar la actividad petrolera en el Parque Yasuní, una de las zonas más ricas en biodiversidad del hemisferio occidental.
Correa anunció el 15 de agosto pasado el fin de su iniciativa ecológica "Yasuní ITT", que buscaba dejar bajo tierra unos 960 millones de barriles de petróleo que se estima existen en esa zona del Parque Nacional, lo que iba a evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2.
El Gobierno esperaba recibir compensaciones económicas de la comunidad internacional por unos 3.600 millones de dólares en un plazo de seis años. Sin embargo, solamente se consiguió recaudar 13.3 millones de dólares, el 0,37 por ciento del monto al que aspiraba el Gobierno. Entonces el Presidente anunció la anulación del proyecto que inició en 2007.
Varias personas resultaron heridas con balas de goma tras romper un cerco policial alrededor del palacio de Gobierno, a donde intentaban llegar centenares de manifestantes. También hubo cuatro detenciones por los enfrentamientos con la fuerza pública, según las autoridades.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), su filial Ecuarunari, con apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT) y grupos ecologistas, organizaron las marchas que en Quito registraron incidentes violentos.
El dirigente indígena Carlos Pérez indicó que la medida no buscaba "desestabilizar al gobierno sino al modelo extractivista" y que tampoco pretendían cerrar las calles.
Cuatro dirigentes indígenas, entre ellos el vicepresidente de la CONAIE, Marco Guatemal, fueron detenidos durante varias horas en un regimiento policial hasta ser liberados en la noche.
Mientras se registraban estos disturbios en Quito, el presidente Rafael Correa se mostraba confiado en obtener el respaldo en las urnas para iniciar la extracción de crudo en la reserva amazónica Yasuní, donde viven dos pueblos indígenas que no tienen ningún contacto con la civilización.
En declaraciones a periodistas en Guayaquil, Correa aseguró que: "Tendremos el enorme respaldo del pueblo ecuatoriano" y que los nuevos recursos económicos por el petróleo serán invertidos en la población pobre.
La consulta popular es impulsada por grupos juveniles, indígenas y ecologistas que plantearon ya a la Corte Constitucional una petición orientada a dejar sin efecto la extracción de crudo en el Yasuní.
El Ejecutivo solicitó ya a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la autorización para comenzar la actividad petrolera en el Parque Yasuní, una de las zonas más ricas en biodiversidad del hemisferio occidental.
Correa anunció el 15 de agosto pasado el fin de su iniciativa ecológica "Yasuní ITT", que buscaba dejar bajo tierra unos 960 millones de barriles de petróleo que se estima existen en esa zona del Parque Nacional, lo que iba a evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2.
El Gobierno esperaba recibir compensaciones económicas de la comunidad internacional por unos 3.600 millones de dólares en un plazo de seis años. Sin embargo, solamente se consiguió recaudar 13.3 millones de dólares, el 0,37 por ciento del monto al que aspiraba el Gobierno. Entonces el Presidente anunció la anulación del proyecto que inició en 2007.
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