Un centenar de militares y policías trataron de ingresar este sábado, junto a unos 20 técnicos de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) y de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), a la cordillera de Toisán, en la zona de Intag, cantón Cotacachi, al sureste de la provincia de Imbabura.
El objetivo de los técnicos es iniciar los trabajos de exploración de suelo para luego dar paso a la explotación minera en los yacimientos que tendrían más de 3 millones de toneladas de cobre y otros metales que hay en las 4.900 hectáreas concesionadas en la zona de Llurimagua, del proyecto Junín.
Los uniformados y técnicos llegaron casi a las 10:0 a la zona de acceso y encontraron a los comuneros de Intag, quienes decidieron bloquear las vías para impedir que cumplan con su objetivo. Por tal razón tuvieron que retroceder unos dos kilómetros hasta que llegaran los refuerzos militares y policías.
El general Fernando Proaño, jefe del Grupo Operacional 1 Norte, explicó que la misión de los militares es dar resguardo al equipo de científicos mineros. Además, informó que durante el operativo no se han registrado enfrentamientos y que en las próximas horas realizarán un sobrevuelo para determinar si será necesario enviar refuerzos.
Enami niega militarización
Por su parte la Enami, en boletín de prensa, negó una presunta militarización tal como se difundió en redes sociales como Twitter e indicó que en los siguientes días continuará realizando trabajos en la zona de influencia.
Según la Enami "en horas de la mañana, un grupo de habitantes de la comunidad de Junín" impidió el paso de técnicos de la entidad y de la Corporación del Cobre de Chile (Codelco) que pretendían realizar el levantamiento de información para estudios ambientales.
El comunicado de la empresa estatal agrega que con la finalidad de evitar conflictos los técnicos decidieron retirarse del sector, en donde se encontraban dos patrulleros de las Unidades de Policía Comunitaria de la zona de Apuela para resguardar la integridad de la comunidad y de los técnicos"´.
"Rechazamos la minería. El Gobierno nos quiere hacer comer el cuento diciendo que será una minería responsable. Anteriormente así nos engañaron y destruyeron nuestro hábitat", dijo Polibio Pérez, presidente del Consejo de Comunidades Libres de la Minería, que agrupa a 13 localidades.
"Aquí tenemos bastante biodiversidad y no queremos que la destruyan, queremos que respeten nuestros derechos constitucionales y respeten nuestro rechazo demostrado en la consulta que nos hicieron", indicó el dirigente.
Antes, la explotación estuvo en manos de la empresa japonesa Bishimetals, y luego de la Ascendant Copper, a las que se acusa de afectar el entorno ambiental, expuso.
Pérez recordó que ambas empresas fueron expulsadas de la zona de Intag debido a la oposición de las comunidades y gobiernos locales.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario