Trece inmigrantes rescatados en el Estrecho.
"La culpa es de los inmigrantes". Aunque se acuñó
hace ya unos cuantos años, ese eslogan se está difundiendo cada vez más
fuerza en toda Europa y condiciona cada vez más las opciones de los
grandes partidos. El caso más reciente y contundente es el de Gran
Bretaña, en donde el líder conservador David Cameron acaba de anunciar
duras medidas para frenar la inmigración no sólo extracomunitaria sino
también la procedente de países pobres de la UE, y particularmente de
Rumania y Bulgaria. Pero en otros muchos países europeos están en curso
iniciativas en esa misma dirección, que corren paralelas al aumento de
la fuerza electoral de partidos ultraderechistas y xenófobos en todos
ellos.
El pasado 2 de mayo los conservadores
británicos recibieron una bofetada electoral por parte del UKIP, un
partido que se inscribe en esa corriente, aunque adoptando formas
políticas no convencionales y el humor como mecanismos de propaganda. El
UKIP (United Kingdom Independence Party) obtuvo el 23% de los votos en
las elecciones municipales celebradas en ese día. Un punto menos que los
conservadores. Y con sólo dos propuestas destacables: la salida de Gran
Bretaña de la UE y el recorte sustancial del número de inmigrantes.
Pero los analistas creen que ha sido la segunda de ellas la razón
principal de su éxito electoral.
Cameron tardó sólo 6
días en responder. Y lo hizo a través del documento que contenía el
programa legislativo de su partido para el año que viene, que la reina
Isabel II leyó ante el Parlamento, y cuya pieza central era un
endurecimiento sin precedentes de la normativa en materia de
inmigración. En la línea demandada por el UKIP y por el ala más
derechista del partido conservador, que presiona duramente al primer
ministro.
Entre las muchas medidas restrictivas
destacan las siguientes: la percepción del seguro de desempleo por parte
de inmigrantes procedentes de países de la UE quedará reducida a un
periodo del 6 meses; las autoridades locales darán prioridad a los
ciudadanos británicos en la concesión de alquileres sociales; los países
de la UE tendrán que contribuir significativamente al pago de los
costes que implique la asistencia sanitaria a sus ciudadanos en suelo
británico; se elevarán las sanciones a los empresarios que contraten a
inmigrantes ilegales; los arrendadores de viviendas deberán comprobar
que sus inquilinos tienen la documentación en regla; Londres facilitará
la expulsión de inmigrantes clandestinos y de extranjeros condenados por
la justicia: en la actualidad podían permanecer en Gran Bretaña si
tenían familiares en el país.
Desde hace ya dos años
en el Reino Unido están en vigor disposiciones muy estrictas para
impedir la llegada al país de inmigrantes procedentes de la Europa
"pobre" y particularmente de rumanos y búlgaros. Y en marzo Cameron
había declarado: "El acceso a los servicios públicos debe ser algo que
los inmigrantes se ganen y no un derecho automático". Además de insistir
en la obligatoriedad de aprender el inglés para acceder a permisos de
trabajo y beneficios sociales.
Por ahí también va el
Gobierno danés, que ha presentado un proyecto de ley según el cual se
recortará el subsidio de desempleo a los inmigrantes de más de 30 años
que no usen correctamente el idioma local. El ministro francés de
Interior, el socialista Manuel Valls, acaba de anunciar que se no se
renovará el permiso de residencia a los inmigrantes que no hayan
cumplido con sus obligaciones, y en particular la de aprender la lengua.
El Gobierno de Sarkozy tomó hace dos años medidas tajantes para
expulsar de Francia a los gitanos rumanos. Que, sin embargo, siguen
llegando para indignación del ultraderechista Frente Nacional de Marine
Le Pen, que, como se ha comprobado, no sólo condiciona la política de la
derecha en esta materia, sino también la del Partido Socialista
francés.
En Alemania, donde el peligro de un
resurgimiento del neonazismo aparece frecuentemente en las primeras
páginas de la prensa, corren vientos no muy distintos. Berlín, junto con
Viena, La Haya y Londres, han bloqueado la demanda de Rumania y
Bulgaria de adherirse al tratado de Schengen, que elimina las fronteras
internas en la UE. Y la prensa de izquierda y de centroizquierda ha
visto en ello una clara intención electoral por parte de la derecha, de
cara a las generales de septiembre. "El ministro del Interior está
usando el miedo que la población tiene a la inmigración pobre como
instrumento de la campaña electoral", ha escrito el Berliner Zeitung.
Por su parte, la Asociación de Ciudades Alemanas hizo público en abril
un comunicado que decía que los municipios carecían ya de recursos para
afrontar los costes que supone la inmigración.
En
Holanda, la derecha y el centro han hecho suyos muchos de los
planteamientos antiinmigrantes de las formaciones xenófobas. La
ultraderecha griega, cuyas posibilidades electorales están creciendo
según los sondeos, multiplica los ataques violentos contra los
inmigrantes. El millón de gitanos húngaros es el objetivo prioritario
del partido ultraderechista magiar Jobbik. Suiza, cuyas últimas
elecciones fueron ganadas por el ultraderechista Partido Popular, acaba
de prolongar la cláusula que impide la entrada en el país de inmigrantes
procedentes de la llamada "Europa pobre". La nueva ley sobre la
nacionalidad aprobada en Bélgica ha hecho caer en un 44% el número de
nacionalizaciones.
Dos países se salen de esas
tendencias. Uno es Suecia, que en 2008 decidió abrir totalmente el
mercado de trabajo a los inmigrantes extracomunitarios, sin limitaciones
salariales en función de la nacionalidad. El otro es Italia, en donde
la nueva ministra de Cooperación Internacional e Integración, Cecile
Kyenge Kateshu, nacida ella misma en el Congo, ha anunciado su intención
de cambiar la ley Bossi-Fini aprobada en 2002, en tiempos de
Berlusconi, que establece durísimos requisitos para la entrada de
inmigrantes en el país, agiliza las expulsiones e institucionaliza el
uso de centros de detención de inmigrantes clandestinos.
Y en donde otra ministra nombrada recientemente, la radical Emma
Bonino, ha declarado: "En toda Europa crece la intolerancia, el apoyo a
los partidos populistas y xenófobos, la discriminación y la pérdida de
derechos por parte de los inmigrantes". La pregunta que a los españoles
nos queda en el aire es si la nueva titular italiana de Exteriores
también se refería a nuestro país. Porque a ojo de buen cubero, aquí
también parece que las actitudes antiinmigrantes, si no xenófobas,
tienen una audiencia creciente. Y no sólo en la derecha. Pero, por lo
visto, ese es un tema tabú. Porque de ello sólo se habla en la calle. Y
mucho.
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