Se quedan “los mejores”, según Evo
El presidente Evo Morales no acepta críticas a su gestión ni a sus
principales colaboradores. Los que son criticados o denunciados más bien
reciben su respaldo. No importa cuántas denuncias se formulen contra
quienes gozan de su confianza, aunque estén respaldadas con testimonios;
tal parece que quienes son blanco de denuncias, se empoderan más.
Entonces, ¿dónde quedan esas sindicaciones? ¿Por qué algunos pedidos son
tomados en cuenta? ¿Y por qué los pedidos de otros sectores no tienen
eco?
El ex ministro de Gobierno Wilfredo Chávez acusó, en sus declaraciones a
la Fiscalía, a la ministra Nardi Suxo de haberle pedido que mantenga en
sus cargos a los ex asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno
Fernando Rivera y Dennis Rodas, al parecer líderes de la tristemente
célebre red de extorsión.
La Fejuve y la COR alteña pidieron el cambio de los ministros de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Carlos Romero, porque
justamente en sus despachos trabajaban los abogados que ahora están en
la cárcel de Palmasola, acusados de articular la mencionada red; José
Manuel Antezana era uno de los asesores del despacho de la Presidencia y
Rivera y Rodas, del de Gobierno.
En diciembre, los tres ministros señalados ya tenían el aval para
continuar en 2013. En los primeros días de este año, Morales dijo al
menos que “Suxo tiene mucha moral y ética; si estuviera comprometida con
la red de extorsión ya estaría fuera del gabinete”. Con esta
afirmación, incluso dejó entrever que conoce hasta dónde penetró la red.
En defensa de los tres ministros, dijo que “los movimientos sociales, si
quieren que cambie ministros, quiero pruebas fehacientes de actos de
corrupción”. ¿Qué otras pruebas necesitaba? Quintana, Romero y Suxo
“para Evo Morales son los mejores ministros”, afirmó el Mandatario.
Después dijo que los restantes 17 ministros no serán cambiados, a menos
que tengan problemas de salud o de corrupción comprobados. Esta decisión
la hizo conocer después de asistir a un encuentro con los cocaleros del
Chapare y de los Yungas, quienes son, al parecer, los que ejercen más
influencia en las decisiones del Primer Mandatario. Este sector aprobó
la gestión 2012 de los 20 ministros y exigió cambiar a funcionarios de
“alto rango”; el viernes 18, cuando los 20 ministros fueron ratificados,
la ministra Amanda Dávila dijo que Morales pidió a sus colaboradores
que efectúen “ajustes”.
El Presidente está convencido de que al término del séptimo año de su
mandato lo hizo bien y que su forma de gobernar no precisa cambios. El
sábado 19 comentó con ironía las críticas de la oposición y de los
analistas, que para él son un requisito para ratificar a los ministros y
agregó: “Yo les decía a los ministros que si no se hacen censurar con
la derecha, serán cambiados en el ministerio”.
Urupesa urbana Maggy Talavera
¿Cómo es eso, cómo Presidente?
- 20/01/2013
Cuando Evo Morales pronunció su primer discurso como Presidente de
Bolivia, hace ya siete años, una pregunta en especial llamó la atención y
fue motivo de comentarios en la prensa nacional e internacional. Iba a
dirigida al ex presidente Jaime Paz Zamora, que estaba presente en el
acto. “¿Cómo es eso, cómo don Jaime?”, exclamó Morales dirigiéndose a
Paz. La pregunta sonó a interpelación, porque había sido precedida de
una afirmación del flamante Presidente: “No es posible que nuestros
gobiernos nos hayan llevado al subcampeonato de la corrupción”.
Morales aludía entonces a la corrupción en Aduana y Servicio Nacional de
Caminos, a las que citó como ejemplo de una lacra que, según sostenía
entonces, su Gobierno iba a combatir “junto con la oposición” y con los
organismos extranjeros. Llegó incluso a sugerir a quienes aún estaban al
mando de esas instituciones a renunciar, “por moral”, y “para que entre
nueva gente para enseñar cómo se maneja, se administra con honestidad”.
Muchos creyeron que así sería. En efecto, es lo que parece haber
logrado en la Aduana, bajo la presidencia de Marlene Ardaya. Pero parar
de contar, parece.
La realidad se ha encargado de demostrar, en estos siete años, que la
prometida lucha contra la corrupción no pasó de ser un enunciado más,
sin fecha en el calendario. No sólo porque no hubo, ni hay, un trabajo
conjunto con organismos internacionales y con la oposición para avanzar
en ese cometido, sino también –y fundamentalmente- por la notoria falta
de voluntad política para iniciar un auténtico proceso de cambio en la
práctica del poder y en la forma de administrar el Estado. Lo visto, más
bien, es todo lo contrario: han reforzado y “mejorado” las viejas
prácticas políticas.
Hay ejemplos de sobra para recoger en estos siete años de Gobierno del
MAS, y no sólo en lo que respecta a la administración de las
instituciones del Estado, como puede ser el caso de la hoy llamada
Administradora Boliviana de Caminos, entre otras, o los de las nuevas
empresas estatales. Hay otros casos aún más graves porque afectan no
sólo a los bienes materiales y a las inversiones públicas, sino también
al capital humano y a la institucionalidad estatal. En el caso del
capital humano, con dramas que han llegado a tener incluso desenlaces
fatales, es decir, han cobrado víctimas, muchas inocentes.
La gravedad es todavía mayor por la impunidad alimentada desde el poder
central en casi todos los casos de corrupción en los que se han visto
involucrados autoridades, dirigentes o militantes del MAS. Ah, cierto:
Santos Ramírez, el ex segundo hombre de importancia en el MAS, está
preso en la cárcel de San Pedro. Habrá que recordar que es sólo uno
contra mil que están libres, pese las denuncias en su contra y, en
varios casos, hasta con sentencias judiciales. El caso del asambleísta
paceño Pinto, acusado de ser corresponsable del asesinato del alcalde de
Ayo-Ayo, es sólo uno de muchos de otros casos similares en los que la
impunidad llega con aval oficial.
La red de extorsión descubierta en el Poder Judicial con nexos directos
en el Ejecutivo, la posesión de un alcalde masista denunciado por
violación en La Guardia, el negocio de las barcazas chinas, las
irregularidades en los planes de vivienda, las denuncias de corrupción
en YPFB, el caso de contrabando de 33 camiones en Pando, otras que van
dirigidas a la actual titular de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, y un largo etcétera, configuran una dolorosa realidad que ya
resquebrajó la imagen construida del Presidente-reserva-moral y que
obliga a devolverle la pregunta hecha a Paz: ¿Cómo es eso, cómo
Presidente, que pese a siete años de “proceso de cambio” no hay tal,
sobre todo si de lucha contra la corrupción se trata?
Por supuesto que la pregunta debe ser dirigida a más de una autoridad, y
no sólo al Presidente del país, porque está comprobado también que la
corrupción no es un mal que se genere o afecte sólo al poder central.
Está presente en otras instancias públicas y privadas que lo alimentan
de las más diversas maneras, en complicidad con mayorías y minorías de
una sociedad cada vez más permisiva que parece haber encontrado en las
prácticas corruptas una forma de vida. Pero esta constatación no puede
desviar la atención del foco principal de infección. Y ese foco está,
sin duda, en quienes detentan mayor poder para transformar o degenerar a
la sociedad.
Mientras aguardo las palabras del Presidente en un nuevo 22 de enero, en
las que espero encontrar respuesta a ¿cómo es eso, cómo Presidente?,
voy repasando lo escrito hace poco por Rosa Montero en El País de
España: “No sé bien qué está ocurriendo en esta sociedad, pero da miedo.
La avidez económica se ha disparado de tal modo, que la gente parece
haber perdido la chaveta o, por lo menos, cualquier tipo de escrúpulo.
Nos hemos convertido en un país de delincuentes.”
La realidad se ha encargado de demostrar, en estos siete años, que la
prometida lucha contra la corrupción no pasó de ser un enunciado más.
Bolivia y OAS acuerdan indemnización por cancelación de contrato de obra caminera por el TIPNIS
El estatal banco BNDES informó del acuerdo,
aunque no fue revelado el monto de la indemnización. La brasileña OAS
debía construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
La Razón Digital / La Paz
19:28 / 21 de enero de 2013
Bolivia y la constructora brasileña OAS llegaron a
un acuerdo de indemnización por la cancelación de un contrato
millonario para la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San
Ignacio de Moxos, que es resistida por un grupo de indígenas porque su
trazo apunta a pasar por medio del TIPNIS, informó la página digital
infolatam.com.
“El Gobierno boliviano y OAS llegaron a
un acuerdo sobre el monto de las indemnizaciones recíprocas que debían
ser pagadas", informó la superintendente de comercio exterior del
estatal Banco Nacional de Desarrollo Social brasileño (BNDES), Luciene
Machado.
No fue revelado el monto de la
indemnización, aunque se señaló que es el resultado de un diálogo de año
y medio, según la nota publicada por la página digital infolatam, que
tiene origen en Reuters.
OAS firmó en 2008 el
contrato con el Gobierno para construir la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos en tres tramos. El I y III estaban en construcción,
mientras que las obras en el II —que pasa por el Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)— estaban suspendidas a raíz de
la promulgación de la ley de protección del parque.
En abril de 2012, el propio presidente Evo Morales anunció la anulación
del contrato con la empresa brasileña con el argumento de incumplimiento
en los plazos de avance de obras. La obra estaba financiada con
recursos del BNDES de Brasil.
El contrato fue
disuelto en medio de un conflicto con los indígenas liderados por Adolfo
Chávez y Fernando Vargas, que rechazaban la construcción de la
carretera interdepartamental por medio de la reserva del TIPNIS. El
Gobierno impulsó una consulta que, según la administración de Evo
Morales, dio curso a la vía por medio del parque.
De
hecho, en octubre de 2012, el Ejecutivo firmó el contrato de
construcción del tramo I de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos, que comprende 47 kilómetros desde Villa Tunari hasta lsinuta.
Serán dos empresas nacionales (AMBI y PBC) las que se encargarán de
construir ese tramo y el costo de la misma será de 32,5 millones de
dólares.
"Desde el punto de vista de financiamiento
no hubo ninguna repercusión, porque no hubo desembolsos", dijo la
ejecutiva, según la nota publicada en
infolatam.com.
En abril del 2012, el Gobierno aseguró que no existe razón técnica o
legal que obligue al país a pagar al Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (Bndes) por la decisión de dejar sin efecto el
contrato con la empresa brasileña OAS.
"Hasta el día
de hoy Bolivia no ha recibido un solo dólar del Bndes, hay un contrato
de crédito de más de $us 350 millones, pues bien, no hemos recibido un
dólar todavía; entonces, lo que habría que devolver al Bndes es cero. La
contraparte que ha dado el Estado a través de ABC a OAS suma $us 16
millones, de los $us 83 millones. De esos $us 16 millones, $us 7,5
millones la ha entregado la ABC, lo ha hecho amparado en la ley de
protocolo de financiamiento", explicó en ese entonces el vicepresidente
Álvaro García.
Vicepresidente revela que algunos cambios de ministros no respondieron a motivos técnicos
El vicepresidente Álvaro García explicó que la
decisión del presidente Evo Morales de ratificar al gabinete ministerial
tiene el objetivo de garantizar la continuidad en la gestión.
Encuentro. La Ministra de Comunicación anunció un gabinete ampliado después del 22 de enero.
Ángel Illanes-Archivo.
La Razón Digital / Carlos Corz
16:01 / 21 de enero de 2013
El vicepresidente Álvaro García explicó que la ratificación
presidencial del Gabinete Ministerial garantizará la continuidad en la
gestión de Gobierno ya que los cambios de ministros, “muchas veces por
motivos no estrictamente técnicos” implica paralizar entre tres a seis
meses las labores en determinada cartera de Estado.
Como no ocurría en el pasado, el presidente Evo Morales ratificó el
martes a su gabinete ministerial en pleno y pidió a sus ministros que no
presenten renuncia colectiva a sus cargos, como es habitual días antes
del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional y sesión de la Asamblea
Legislativa Plurinacional en la que el Presidente rindo un informe de
gestión.
“Cada vez que se cambia a un ministro, la gestión de ese Ministerio por
lo menos queda paralizado de tres meses a seis meses (…) ¿Quién pierde
ahí?, es la sociedad. Muchas veces, el cambio de ministros que se da por
motivos no estrictamente técnicos genera una parálisis en el trabajo de
gestión”, explicó García en una conferencia de prensa.
Diferentes sectores sociales, en distintos momentos del pasado
exigieron cambios de ministros de Estado por diferentes causas, entre
ellas supuestas deficiencias y poca coordinación con sus bases.
Morales habitualmente hacía ajustes en su equipo de estrechos
colaboradores poco después de su informe ante la Asamblea. García
aseguró que el caso de la red de corrupción y extorsión no tocó a
ninguna autoridad del Gobierno.
“No existen indicios que afecten, en este tema de corrupción, hacia los
ministros, sino jamás hubieran sido ratificados en su gestión”,
aseguró.
La red de extorsión que operaba desde los ministerios de Gobierno y de
la Presidencia fue descubierta en noviembre de 2012 debido a una
investigación sobre irregularidades en el proceso contra el
estadounidense Jacob Ostreicher.
García también explicó que la decisión del Presidente sobre la
continuidad de los ministros responde a criterios de cumplimiento de
agenda y del programa de Gobierno.
La sesión de la Asamblea Legislativa fue convocada para las 10.00 de
mañana. Morales ofrecerá un informe que tendrá como eje central los
avances en materia económica y el desarrollo social.
Diferentes actos son preparados para también celebrar el Día del Estado
Plurinacional, instituido después de la promulgación de la nueva
Constitución Política del Estado, en 2009. En la plaza Murillo empezaron
a armar hoy unas tarimas. Allí se brindará “un recital” para deleitar a
los componentes de las distintas organizaciones sociales que arribarán
hasta la sede de Gobierno.
Morales, dijo García, ultima los detalles del informe que brindará mañana ante la Asamblea.
Desde
el corazón de nuestra Madre Tierra y los seres espirituales que nos
acompañan, el 20 de enero de 2013, nos hemos reunido las Autoridades
Indígenas del Territorio ancestral de Jambaló, para manifestar nuestra
voz de total rechazo a las continuas violaciones al derecho a la vida
que se vienen dando por parte de los actores de la guerra, poniendo en
inminente riesgo nuestra pervivencia física y cultural como pueblos
indígenas. 
