Por: Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G.
Los departamentos con más presencia minera siguen viviendo entre homicidios y pobreza. En el nordeste antioqueño la situación de orden público es preocupante. Según el secretario de Gobierno del departamento, por cada 100.000 habitantes, 100 mueren violentamente. / Colprensa
Las aguas del río San Juan, un importante afluente que serpentea por el Chocó desde los Andes colombianos, lo vieron todo. El 19 de octubre sus playas tuvieron que soportar el peso de la minería. Ahí, en la arena, aparentemente por oponerse a las explotadoras de carbón que se enamoraron de la riqueza de la selva, amaneció sin vida José Nelson Ledesma, líder comunitario de Profundó, un corregimiento al oriente de la región.
Y aunque él, de 67 años, jamás denunció amenazas o intimidaciones, todos los rumores apuntan hacia los mismos culpables: bandas criminales que se están adueñando de las tierras para extraer sus tesoros. Muchos, ahora, tienen miedo y quieren irse; quieren dejarlo todo y echarse a andar.
Ellos, como muchos colombianos, tal vez tendrán que padecer desde ahora —aunque el oro de sus vecinos ya se los había anunciado hace un par de lustros— el paso de una locomotora que, pese a haber obtenido millonarias ganancias, no refleja su fortuna en las condiciones
socioeconómicas de las regiones en que se encuentran los recursos explotados.
Eso es lo que se logra concluir de un estudio realizado por el economista e investigador Guillermo Rudas y financiado por el Fondo Nacional Ambiental. Su proyecto no pretende otra cosa que evidenciar el panorama que se desprende de la explotación minera, un asunto que, como dice Santiago Londoño, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “ha hecho que la riqueza del subsuelo nunca se convierta en la riqueza de quienes habitan el suelo”.
La investigación de Rudas resalta los enormes recursos que la actividad minera le aporta al país: su participación en el impuesto a la renta, por ejemplo, lo pone en el primer lugar de todos los sectores económicos.
Sin embargo, ese dinero, en ocasiones debió ser mucho mayor al estimado, dice Rudas. Calcula que en 2010 este sector debió declarar $16 billones por impuesto a la renta, pero por ventajas fiscales esa cifra se redujo a tan solo $5,5 billones.
De igual manera, las regalías dejaron cuantiosos montos: para 2011 el país recaudó $8,8 billones, a diferencia de los $2,7 billones que logró en 2004.
Pero aún así, esas inimaginables cifras no parecen verse reflejadas en el bienestar de quienes habitan los principales lugares de explotación del país. En el caso de Cesar y La Guajira, departamentos que durante décadas han tenido explotación carbonífera de grandes multinacionales, existen índices que contrastan de manera sorprendente con el promedio
del resto de regiones del país. La mortalidad infantil supera en casi 10 puntos el índice nacional; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 56%; y el porcentaje de miseria alcanza el 43% en el caso de La Guajira, mientras que en el país es de 12%. El desalentador paisaje se replica en muchos territorios. El oro, otra de las principales fuentes de la minería y del que se exportan más de 60 toneladas anuales, también ha dejado secuelas pese a su preciado valor comercial. Chocó, Bolívar, Córdoba y Antioquia son los más claros ejemplos de esta situación.
Según la investigación de Rudas, en Chocó está el más alto índice de mortalidad infantil: 69 puntos frente a los 26 del promedio colombiano. Antioquia, por su parte, es la que más muertes violentas presenta, con 57 por cada cien mil habitantes. Pero el dato más alarmante es el índice de miseria que agobia a todo este territorio:en Chocó el 34% de sus habitantes padecen esta condición, en Córdoba el 35% y en Bolívar el 38%.
En el sur de este último departamento la minería está acabando con los ecosistemas y la salud de la población. Mercurio y cianuro transitan por los ríos que surten de agua y peces a los habitantes, desembocando en graves enfermedades. “Por eso, aunque tengamos 27 ciénagas, la tierra, la fauna y la flora están totalmente destruidas. Y con eso viene la violencia: los Urabeños y las Águilas Negras se están apoderando de los municipios de San Pablo y Simití”, cuenta José Férez Marconi, personero del último.
Allí en Simití se vive el trabajo infantil, la prestación precaria de servicios básicos, el aumento de extorsiones y un sin número de casos de violencia sexual contra las mujeres. “La minería lo único que nos ha traído es pobreza”, dice Férez. Con él concuerda Jhoaris Perea, personero de Condoto (Chocó). Ahí, por culpa de los grupos armados que llegaron a apropiarse de terrenos que en sus entrañas guardan reservas minerales, en 2004, una buena parte de la población tuvo que abandonar sus hogares. “Éramos conocidos como la capital del oro y del platino, pero ese nombre ya no concuerda con el desarrollo del municipio. Esa riqueza no se ve”, asegura Perea.
En Condoto, la minería, como si no le bastase con distribuir la fortuna que acumula de forma inequitativa, también ha destruido casas, denuncia el personero. Dice que las 30 que conformaban el barrio Platinero empezaron a agrietarse porque por culpa de las ineludibles
máquinas que se adentraban en la tierra, el suelo no pudo evitar removerse. Las grietas entonces comenzaron a aparecer en las paredes, anunciando un inminente derrumbe. Hace un año luchan con la empresa responsable, pero todavía esperan, por lo menos, llegar a un acuerdo conciliatorio.
Esos escenarios, repletos de violencia y miseria, no cesan de repetirse a lo largo y ancho de esos departamentos. “En Antioquia la situación está muy complicada. En municipios como Remedios y Segovia (Bajo Cauca) esa debilidad está acompañada de una feroz confrontación
de bandas criminales. Con las Farc y el Eln, que controlan la minería ilegal, se han multiplicado los homicidios terriblemente. En el nordeste la tasa de homicidios se encuentra en 100 muertes por cada 100.000 habitantes; eso supera por tres las muertes violentas de Medellín (35/100.000) y está muy por encima del promedio del departamento (41/100.000)”, afirma el secretario de Gobiernodepartamental.
Antioquia, además, tiene el infortunio de respirar mercurio. Es justo al nordeste donde se producen las mayores cantidades del tóxico mineral, para luego viajar por un río Cauca que atraviesa gran parte del país y un aire que alcanza distancias inimaginables. Hoy en día las minas auríferas ilegales están reemplazando los cultivos ilícitos. “Es que es un negocio que mueve mucho dinero: una bolsa de oro se cotiza en US$1.600 y se calcula que Antioquia extrae anualmente 24 toneladas. Se requiere el fortalecimiento de las instituciones”, dice Londoño.
“¿Puede la locomotora avanzar hacia la superación de la pobreza y el manejo del déficit fiscal que plantea el actual plan de desarrollo?”, pregunta Rudas en su informe. Tal vez, mientras predomine este panorama, la respuesta a esa pregunta será repetitiva e ineluctable. Tal vez, como él mismo lo dice, hasta que se reforme el actual régimen tributario y se mejore la capacidad del Estado para ejercer control, la explotación minera y de hidrocarburos no podrá superar los retos económicos, sociales y ambientales.
Y para Rudas aún queda una enorme duda: “lo que ahora tendremos que revisar es si realmente la modificación de la Ley de Regalías va a resolver estos problemas, que no fueron abordados de fondo en el planteamiento de este nuevo sistema. No existen evidencias de que al regar la mermelada por toda la tostada las violaciones a los derechos humanos vayan a cesar”.
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