sábado, 8 de septiembre de 2012

España: El Defensor del Pueblo andaluz apoya crear una Ley integral de transexualidad


Alrededor del 50% de los transexuales de este país ha ejercido en algún momento de sus vidas la prostitución, un porcentaje realmente alarmante. Tales cifras provienen del estudio ’Transexualidad en España: Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados’, realizado por un grupo de investigadores del Departamento de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga a petición de la FLGTB.

Los resultados de la investigación fueron presentados en Sevilla el jueves por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé. ”El 90 por ciento de transexuales que ejercen la prostitución si tuviera opción de conseguir trabajos sin cualificación la dejarían”, asegura Cambrollé. Un tercio de los encuestados afirma tener ingresos inferiores a 600 euros, y un 15% de tan solo 300 euros. Además, la tasa de desempleo en el colectivo alcanza el 35%.

Ante esta situación, y los altos porcentajes de discriminación registrados en la investigación, Mar Cambrollé, emplaza a las administraciones, al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los partidos políticos, a crear un marco jurídico que garantice la no discriminación y los derechos colectivos en una Ley integral de transexualidad, que ya fue pedida en 2009 y que terminó en una Proposición No de Ley presentada en el Parlamento por el PSOE.

“Es un ley necesaria porque va a trabajar en tres aspectos principales, en políticas de acción positivas en empleo; en educación con protocolos y campañas de sensibilización para docentes; y el ámbito sanitario, donde tenemos una gran demanda”, ha recalcado. Hay que recordar que Andalucía ha sido pionera en 1999 creando la primera unidad de atención a personas transexuales, pero se demanda una renovación de los protocolos de atención que son obsoletos y no incluyen a los menores de edad.




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