En un comunicado expedido al término de una reunión entre dirigentes de la etnia Nasa-Paez, el representante de la ONU en Colombia Bruno Moro y el defensor del Pueblo (Ombusdman) Vólmar Pérez, los indígenas solicitaron a la Fiscalía que antes del diálogo se comprometa a no procesar a miembros de la comunidad que se opusieron al Ejército.
Los nativos pidieron igualmente que la policía suspenda la vigilancia que ejerce sobre 32 heridos que participaron en refriegas con la fuerza pública y que son atendidos en centros médicos, y que el comisionado de la ONU para los derechos humanos Todd Howland y el defensor del Pueblo Pérez sean garantes del diálogo.
Finalmente, insisten en que el ejército abandone el cerro El Berlín, cercano a Toribío, donde los militares vigilan varias torres de telecomunicaciones y una amplia zona del norte de Cauca, de importancia estratégica para la guerrilla de las FARC.
Si el gobierno accede a sus peticiones, los indígenas aceptarían instalar el lunes una mesa de concertación.
Previamente el vocero indígena, Feliciano Valencia, dijo a periodistas que el objetivo "de estas conversaciones es que ellos (los delegados de la ONU) lleven la voz del movimiento indígena al gobierno, lo que aquí vamos planteando, pero ellos no tienen capacidad para tomar decisiones".
Las autoridades indígenas del Cauca exigen la salida de sus territorios tanto de la fuerza pública como de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y reclaman que la seguridad quede a cargo de su propia guardia.
Los indígenas sostienen que los militares y policías no han sido capaces de brindarles seguridad y aseveran que el municipio de Toribío, con unos 26.000 habitantes, ha sufrido en los últimos años más de una docena de ataques de las FARC que han dejado 41 muertos y unos 600 heridos.
El Cauca es una de las regiones de Colombia donde es más intenso el conflicto armado, y es señalada también como una zona importante de cultivos de marihuana y coca, así como un estratégico corredor para la salida de las drogas hacia el océano Pacífico.
La protesta llegó a su clímax el martes, cuando cerca de 3.000 indígenas se enfrentaron a 100 soldados que se encontraban en el cerro Berlín -localizado a dos horas de Toribío- custodiando varias torres de telecomunicaciones y realizando actividades de vigilancia de la zona.
Los índigenas, que desde una semana antes habían comenzado a llegar al cerro destruyendo las trincheras de los militares, procedieron entonces a quemar las tiendas de campaña y los víveres de los efectivos.
Un día después, sin embargo, con el apoyo de un escuadrón antidisturbios de la Policía, que utilizó gases y granadas de aturdimiento, la fuerza pública retomó la base militar y el control de las instalaciones de telecomunicaciones.
Acciones similares para desalojar a la fuerza pública fueron llevadas a cabo por los indígenas en otras zonas del Cauca.
Mientras, un indígena de 22 años de edad murió el miércoles en un retén militar en el municipio de Caldono, cercano a Toribío, aparentemente por un error de un soldado, según dijo a la AFP el consejero Albeiro Calambas. Esa muerte fue confirmada también por el Ejército.
De igual forma, los indígenas informaron sobre la captura de cuatro presuntos guerrilleros de las FARC, y del decomiso de varios fusiles y morteros artesanales.
Este jueves las autoridades civiles de la población de Caloto informaron sobre la muerte de un campesino en choques con la Policía, que intentaba evitar el bloqueo de la vía que une a esa población con Toribío.
El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, ha reiterado que no despejará un solo centímetro del territorio colombiano y acusó a las FARC de estar detrás de la movilización indígena para sacar al ejército del Cauca.
Se calcula que en Colombia hay un millón de indígenas, que habitan sobre todo en las áreas rurales y selváticas, donde el conflicto armado es más intenso. Los Nasa-Paez son la segunda comunidad aborigen más numerosa, con unos 130.000 integrantes.
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