Por GUSTAVO ESPINOZA M.
A treinta días de huelga indefinida decretada por las organizaciones sociales en Cajamarca y a poco de haberse confirmado la voluntad del gobierno de persistir en el Proyecto Conga en acuerdo con el consorcio Newmont-Yanacocha, existe base suficiente para creer que el tema ha
ingresado a un callejón sin salida. La experiencia ha demostrado, en efecto, que la voluntad de lucha del pueblo de Cajamarca no es el resultado de la imposición arbitraria y burocrática de una autoridad administrativa o de una vanguardia política por fuerte que parezca.
Nadie podría, sin contar con el apoyo resuelto y la participación activa de centenas de miles de personas, sostener una batalla tan amplia, dura, prolongada e incluso heroica, como la que han librado -y siguen librando- todas las provincias de Cajamarca para hacer sentir su rechazo al proyecto minero que se busca poner en marcha.
No han sido estudiantes universitarios o escolares, maestros o pobladores rurales, trabajadores urbanos o técnicos, profesionales o mujeres. Han sido todos los segmentos de la sociedad cajamarquina los que se han alzado día a día para expresar su rechazo a un contrato que se firmó realmente, por parte del gobierno anterior, a espaldas del país y contra la voluntad ciudadana.
Ha habido quienes han tenido la perspicacia de recordar que el acuerdo con el consorcio minero fue suscrito en las últimas horas de su gestión por Alan García quien, con esta medida dio veces al blanco.
Por un lado, “quedó bien” con el consorcio foráneo representado por Roque Benavides, su amigo personal y “compañero”; y, por otro, legó una papa bien ardiente a Humala, dejándole en herencia un acuerdo que sería multitudinariamente rechazado. Un presente griego, dicen algunos. Un pastel envenenado, dicen otros. Pero unos y otros convendrían en admitir que se trató por cierto de apreciada joya. Lajoya -es decir, el oro- se iría irremediablemente del Perú como consecuencia de lo pactado el 27 de julio del año 2011, horas antes del cambio de gobierno; y el nuevo Presidente del Perú tendría que vérselas o con su pueblo o con tribunales internacionales por “no
cumplir su palabra”, la del Estado Peruano.
La resistencia cajamarquina a la implementación del proyecto, no ha de desminuir porque tiene un sustento legítimo, una base justa, una raíz histórica. Se asienta en el derecho de todas las poblaciones a defender el aire que respiran, los productos naturales de su ecosistema, los alimentos que se llevan a la boca, el agua que beben, la naturaleza en la que habitan. No es por cierto la concreción de un capricho de orden cuantitativo -y por tanto negociable- sino una exigencia vital que compromete el presente y el futuro de la región.
Para implementar el proyecto, tendría que aplicarse una política inimaginable de muerte y destrucción, de poblaciones devastadas, de resistencias sociales quebradas por la fuerza, de centenares de abatidos, miles de encarcelados, dirigentes reprimidos y atacados con crueldad. Y eso -que es precisamente lo que los perros de presa de la Mafia demandan día a día- sólo sería posible no con un cambio de política -un viraje a la derecha aún mayor y más acentuado que el actual- sino con un cambio de esencia, un régimen distinto al actual, de corte fascista o neo nazi, como lo fuera la administración de Fujimori en su peor etapa. Similar en el contenido -y más que en la forma- a las administraciones que ahora impone el Imperio en Honduras o en Paraguay. Como la derecha lo sabe, alienta esas “salidas” y deplora que ellas reciban condena continental.
Es cierto que el consorcio minero está dispuesto a tentar eso, y mucho más. Y tiene incluso en ese escenario ejemplos que lo alientan, pero la sociedad peruana no podría tolerar un desenlace de ese tipo.
Pero Roque Benavides -socio minoritario del consorcio minero a través de Buenaventura, pero calificado “vocero político de la empresa por su antigua relación con García- acaba de acuñar precisiones que vale la pena subrayar.
Ha dicho, por un lado, que van a cumplir al pie de la letra el contrato suscrito, sin anotar que se refieren al firmado por García el año pasado, lo que no constituye ni novedad ni noticia alentadora . Y han añadido sibilinamente: “Ratificamos nuestra decisión de implementar las recomendaciones del peritaje internacional efectuado sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga, y los planteamientos formulados por el señor Presidente de la República”.
Han omitido decir que ni las recomendaciones técnicas ni los planteamientos del Presidente tienen valor legal porque no están integrados al contrato. Para que así fuera, debió haberse suscrito una “adenda” al acuerdo base, como atinadamente fue sugerido por el congresista Javier Diez Canseco “Como en cualquier otro proyecto, la continuidad de la inversión dependerá de la viabilidad social, ambiental y económica”, ha puntualizó el vocero de la mina, por lo que “los trabajos de construcción propios del proyecto continuarán si se pueden hacer de una manera social y ambientalmente responsable y que la rentabilidad ajustada al riesgo justifique la inversión futura”.
Poner el parche, se suele decir a lo que constituye una expresión preventiva mediante la cual se condiciona una decisión posterior.
Objetivamente, la empresa pone su decisión a buen recaudo en tanto la condicione a la “viabilidad social”, vale decir al grado de aceptación que encuentre en la población cajamarquina. Ella es, por cierto, inexistente. Precisamente porque lo siente así Benavides aseguró que él “detesta” la expresión aquella de “licencia social”. Es consciente que alude a una realidad inalcanzable para la empresa a la que representa.
Por lo demás, Yanacocha ha asegurado que “protegerá el agua” demandada, pero al mismo tiempo ha subrayado que no garantizará “necesariamente la sobrevivencia de las lagunitas (sic) ubicadas en la región” y que son, en buena medida, la fuente del conflicto. Como se sabe, Yanacocha busca usar las aguas de esas lagunas para sus relaves y desmontes mineros que, como es previsible, contendrán desechos tóxicos.
Virtualmente arrinconado el Presidente Humala no ha tenido más alternativa que demandar a la empresa “menos soberbia” y le ha reclamado por vía directa e indirecta que “reconquiste la simpatía de la población”, algo así como pedirle a Pinochet que gane la voluntad de la democracia para hacerse admisible.
En este marco, es bueno recordar el comportamiento de las empresas y la situación de las regiones mineras, a fin de tener una idea más completa de su incidencia en el país. Recientemente se ha sabido, por ejemplo, que la empresa de Benavides sólo pagó por impuesto a la renta el 2.9% del valor total del mineral extraído y producido entre el 2004 y el 2011. Entre los años 2007 y 2008 ese pago fue del 0%, en tanto que en los años anteriores -2005 y 2006- sus aportes fueron del 0- 35 y el 2.31%. Recién el año 2009 pagó el 25.4%, no obstante que su obligación tributaria se situaba entre el 30 y el 32% ¿Alguien responderá por esto, que documenta bien Diez Canseco?
Si miramos la distribución de la riqueza -y la pobreza- en nuestro territorio, tenemos una idea todavía más precisa- En Cajamarca, donde opera Yanacocha, la pobreza llega al 77.6%. En La Libertad, dondeestán Barrick y Michiquillay, la pobreza se sitúa en el 53.1%. En Pasco, donde opera Milpo, en 63.6%. En Cusco, donde está Xstrata-Tintaya, en 72.7%. En Ancash, donde están Barrick y Antamina, en un 43.4% y en Puno, con Minsur en un 77.3%. ¿Podrá decirse entonces
que “a más minería, menos pobreza”?
Hay que considerar que esta es parte de la realidad latinoamericana recientemente analizada en Mercosur y Unasur a partir de la crisis paraguaya: la ofensiva del Imperio no tiene límite ni reconoce fronteras. Y hay que hacerle frente con la fuerza de los pueblos.
De acuerdo con los hechos conocidos y formalmente anunciados, el proyecto minero Conga, finalmente, no marchará hasta que no se construyan los reservorios de agua planteados por exigencia del Estado Peruano. Pero tales reservorios no podrán ser implementados por la vigorosa resistencia ciudadana, que no podrá ser doblegada.
¿Puede lamentarse que finalmente tenga que lucharse tanto para neutralizar una ofensiva imperial como esta? Ciertamente que no. No solamente porque la vieja consigna nos dijo siempre que “sin luchas, no hay victorias”; sino también porque debemos comprender -y la vida lo confirma cada día- que nada caerá del cielo ni será el resultado de la benevolencia de alguien. Será tan sólo consecuencia legitiman de nuestra capacidad de lucha y de nuestro empeño.
En otras palabras Conga no irá, no tanto porque quieran -o no- sus impulsores; sino porque resulta imposible -siempre lo fue- avasallar al pueblo y doblegar su voluntad de lucha. ¡Una buena lección, sin duda!
*
A treinta días de huelga indefinida decretada por las organizaciones sociales en Cajamarca y a poco de haberse confirmado la voluntad del gobierno de persistir en el Proyecto Conga en acuerdo con el consorcio Newmont-Yanacocha, existe base suficiente para creer que el tema ha
ingresado a un callejón sin salida. La experiencia ha demostrado, en efecto, que la voluntad de lucha del pueblo de Cajamarca no es el resultado de la imposición arbitraria y burocrática de una autoridad administrativa o de una vanguardia política por fuerte que parezca.
Nadie podría, sin contar con el apoyo resuelto y la participación activa de centenas de miles de personas, sostener una batalla tan amplia, dura, prolongada e incluso heroica, como la que han librado -y siguen librando- todas las provincias de Cajamarca para hacer sentir su rechazo al proyecto minero que se busca poner en marcha.
No han sido estudiantes universitarios o escolares, maestros o pobladores rurales, trabajadores urbanos o técnicos, profesionales o mujeres. Han sido todos los segmentos de la sociedad cajamarquina los que se han alzado día a día para expresar su rechazo a un contrato que se firmó realmente, por parte del gobierno anterior, a espaldas del país y contra la voluntad ciudadana.
Ha habido quienes han tenido la perspicacia de recordar que el acuerdo con el consorcio minero fue suscrito en las últimas horas de su gestión por Alan García quien, con esta medida dio veces al blanco.
Por un lado, “quedó bien” con el consorcio foráneo representado por Roque Benavides, su amigo personal y “compañero”; y, por otro, legó una papa bien ardiente a Humala, dejándole en herencia un acuerdo que sería multitudinariamente rechazado. Un presente griego, dicen algunos. Un pastel envenenado, dicen otros. Pero unos y otros convendrían en admitir que se trató por cierto de apreciada joya. Lajoya -es decir, el oro- se iría irremediablemente del Perú como consecuencia de lo pactado el 27 de julio del año 2011, horas antes del cambio de gobierno; y el nuevo Presidente del Perú tendría que vérselas o con su pueblo o con tribunales internacionales por “no
cumplir su palabra”, la del Estado Peruano.
La resistencia cajamarquina a la implementación del proyecto, no ha de desminuir porque tiene un sustento legítimo, una base justa, una raíz histórica. Se asienta en el derecho de todas las poblaciones a defender el aire que respiran, los productos naturales de su ecosistema, los alimentos que se llevan a la boca, el agua que beben, la naturaleza en la que habitan. No es por cierto la concreción de un capricho de orden cuantitativo -y por tanto negociable- sino una exigencia vital que compromete el presente y el futuro de la región.
Para implementar el proyecto, tendría que aplicarse una política inimaginable de muerte y destrucción, de poblaciones devastadas, de resistencias sociales quebradas por la fuerza, de centenares de abatidos, miles de encarcelados, dirigentes reprimidos y atacados con crueldad. Y eso -que es precisamente lo que los perros de presa de la Mafia demandan día a día- sólo sería posible no con un cambio de política -un viraje a la derecha aún mayor y más acentuado que el actual- sino con un cambio de esencia, un régimen distinto al actual, de corte fascista o neo nazi, como lo fuera la administración de Fujimori en su peor etapa. Similar en el contenido -y más que en la forma- a las administraciones que ahora impone el Imperio en Honduras o en Paraguay. Como la derecha lo sabe, alienta esas “salidas” y deplora que ellas reciban condena continental.
Es cierto que el consorcio minero está dispuesto a tentar eso, y mucho más. Y tiene incluso en ese escenario ejemplos que lo alientan, pero la sociedad peruana no podría tolerar un desenlace de ese tipo.
Pero Roque Benavides -socio minoritario del consorcio minero a través de Buenaventura, pero calificado “vocero político de la empresa por su antigua relación con García- acaba de acuñar precisiones que vale la pena subrayar.
Ha dicho, por un lado, que van a cumplir al pie de la letra el contrato suscrito, sin anotar que se refieren al firmado por García el año pasado, lo que no constituye ni novedad ni noticia alentadora . Y han añadido sibilinamente: “Ratificamos nuestra decisión de implementar las recomendaciones del peritaje internacional efectuado sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga, y los planteamientos formulados por el señor Presidente de la República”.
Han omitido decir que ni las recomendaciones técnicas ni los planteamientos del Presidente tienen valor legal porque no están integrados al contrato. Para que así fuera, debió haberse suscrito una “adenda” al acuerdo base, como atinadamente fue sugerido por el congresista Javier Diez Canseco “Como en cualquier otro proyecto, la continuidad de la inversión dependerá de la viabilidad social, ambiental y económica”, ha puntualizó el vocero de la mina, por lo que “los trabajos de construcción propios del proyecto continuarán si se pueden hacer de una manera social y ambientalmente responsable y que la rentabilidad ajustada al riesgo justifique la inversión futura”.
Poner el parche, se suele decir a lo que constituye una expresión preventiva mediante la cual se condiciona una decisión posterior.
Objetivamente, la empresa pone su decisión a buen recaudo en tanto la condicione a la “viabilidad social”, vale decir al grado de aceptación que encuentre en la población cajamarquina. Ella es, por cierto, inexistente. Precisamente porque lo siente así Benavides aseguró que él “detesta” la expresión aquella de “licencia social”. Es consciente que alude a una realidad inalcanzable para la empresa a la que representa.
Por lo demás, Yanacocha ha asegurado que “protegerá el agua” demandada, pero al mismo tiempo ha subrayado que no garantizará “necesariamente la sobrevivencia de las lagunitas (sic) ubicadas en la región” y que son, en buena medida, la fuente del conflicto. Como se sabe, Yanacocha busca usar las aguas de esas lagunas para sus relaves y desmontes mineros que, como es previsible, contendrán desechos tóxicos.
Virtualmente arrinconado el Presidente Humala no ha tenido más alternativa que demandar a la empresa “menos soberbia” y le ha reclamado por vía directa e indirecta que “reconquiste la simpatía de la población”, algo así como pedirle a Pinochet que gane la voluntad de la democracia para hacerse admisible.
En este marco, es bueno recordar el comportamiento de las empresas y la situación de las regiones mineras, a fin de tener una idea más completa de su incidencia en el país. Recientemente se ha sabido, por ejemplo, que la empresa de Benavides sólo pagó por impuesto a la renta el 2.9% del valor total del mineral extraído y producido entre el 2004 y el 2011. Entre los años 2007 y 2008 ese pago fue del 0%, en tanto que en los años anteriores -2005 y 2006- sus aportes fueron del 0- 35 y el 2.31%. Recién el año 2009 pagó el 25.4%, no obstante que su obligación tributaria se situaba entre el 30 y el 32% ¿Alguien responderá por esto, que documenta bien Diez Canseco?
Si miramos la distribución de la riqueza -y la pobreza- en nuestro territorio, tenemos una idea todavía más precisa- En Cajamarca, donde opera Yanacocha, la pobreza llega al 77.6%. En La Libertad, dondeestán Barrick y Michiquillay, la pobreza se sitúa en el 53.1%. En Pasco, donde opera Milpo, en 63.6%. En Cusco, donde está Xstrata-Tintaya, en 72.7%. En Ancash, donde están Barrick y Antamina, en un 43.4% y en Puno, con Minsur en un 77.3%. ¿Podrá decirse entonces
que “a más minería, menos pobreza”?
Hay que considerar que esta es parte de la realidad latinoamericana recientemente analizada en Mercosur y Unasur a partir de la crisis paraguaya: la ofensiva del Imperio no tiene límite ni reconoce fronteras. Y hay que hacerle frente con la fuerza de los pueblos.
De acuerdo con los hechos conocidos y formalmente anunciados, el proyecto minero Conga, finalmente, no marchará hasta que no se construyan los reservorios de agua planteados por exigencia del Estado Peruano. Pero tales reservorios no podrán ser implementados por la vigorosa resistencia ciudadana, que no podrá ser doblegada.
¿Puede lamentarse que finalmente tenga que lucharse tanto para neutralizar una ofensiva imperial como esta? Ciertamente que no. No solamente porque la vieja consigna nos dijo siempre que “sin luchas, no hay victorias”; sino también porque debemos comprender -y la vida lo confirma cada día- que nada caerá del cielo ni será el resultado de la benevolencia de alguien. Será tan sólo consecuencia legitiman de nuestra capacidad de lucha y de nuestro empeño.
En otras palabras Conga no irá, no tanto porque quieran -o no- sus impulsores; sino porque resulta imposible -siempre lo fue- avasallar al pueblo y doblegar su voluntad de lucha. ¡Una buena lección, sin duda!
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