Apoyo a la marcha constitucional y democrática del 8 al 22 de marzo
Como medio de expresión del disenso de amplios sectores de la población, la protesta constituye una de las formas colectivas más legítimas de participación democrática y no puede ser descalificada por las urgencias políticas de ningún régimen.
La arremetida política, mediática e inclusive represiva del gobierno nacional en contra de la marcha que empieza el 8 de marzo, y de las organizaciones y movimientos que la conducen, no es sino la reacción torpe de un gobierno políticamente erosionado; un gobierno que no aprende a vivir en democracia, ni entiende ni acepta a los sectores populares como actores imprescindibles de una democracia verdadera, si no que los ve como simples y sumisos destinatarios de sus políticas sociales clientelares.
Pretender endilgar a este legítimo proceso de lucha social una supuesta complicidad con sectores de la derecha es una burda maniobra desde el poder político. Más aún considerando la trayectoria y el peso histórico de las organizaciones que se han puesto a la cabeza de la marcha, y que, en gran medida, resumen las luchas centenarias de nuestro pueblo por justicia y libertad.
No son las mujeres, los movimientos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, de servidores públicos, de maestros y de ecologistas los que han cambiado sus propuestas. Es el gobierno de Rafael Correa el que ha dado un viraje hacia posiciones antipopulares, y el que incumple con los compromisos que le permitieron acceder al poder.
La defensa de la equidad de género, del agua, del derecho a la tierra, de los derechos de la naturaleza, de la dignidad nacional, de la democracia y de las libertades fundamentales, no solo que conforma una agenda con una clara orientación ideológica de izquierda, sino que establece una diferencia insalvable con los proyectos de la derecha política y económica del Ecuador. Querer desconocer y estigmatizar estas demandas, tal como lo está haciendo el gobierno nacional, constituye, eso sí, un abierto alineamiento con posturas incluso reaccionarias propias de la derecha y la antigua partidocracia.
En lugar de suscribir contratos que impondrán la explotación minera a gran escala por sobre el desacuerdo de la población como el proyecto Mirador; en lugar de propagar falsos rumores sobre las supuestas motivaciones de la marcha del 8 de marzo; en lugar de divulgar insinuaciones sobre la supuesta infiltración de sectores oligárquicos en los movimientos que la organizan; en lugar de desacreditar una movilización que expresa la insatisfacción de los sectores populares y que pone de manifiesto sus legítimas aspiraciones de cambio real; en lugar de responder con acciones abiertamente manipuladoras, facinerosas e irresponsables, que no se diferencian en nada de las prácticas de la partidocracia; el presidente Correa debería corregir su creciente miopía y dirigir su mirada a su entorno más cercano para identificar a los verdaderos representantes de la derecha, quienes buscan a toda costa reprimir este ejercicio democrático promovido desde las bases sociales.
A más de constituir reivindicaciones de carácter histórico, frente a las cuales el Estado mantiene hasta ahora una vergonzosa deuda, las demandas de los movimientos y organizaciones sociales están reconocidas y refrendadas por la Constitución de Montecristi, la misma que hoy se ha convertido en el principal obstáculo para el creciente autoritarismo del régimen. En la defensa irrestricta de la Constitución encontramos la mejor referencia para defender nuestros derechos y libertades, y para profundizar con alegría y esperanza un ejercicio democrático del poder, que se asiente en las capacidades y decisiones colectivas de la sociedad antes que en los caprichos de un caudillo y los intereses de su círculo cercano.
Montecristi Vive rechaza cualquier intento de los sectores oligárquicos del país por encaramarse en una movilización que tiene una clara identidad popular, así como cualquier estrategia para utilizarla con fines desestabilizadores. Al mismo tiempo, advierte a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el riego de que el gobierno pretenda responder con acciones represivas, manipuladoras o malintencionadas a una marcha pacífica y diáfana, cuyos propósitos están perfectamente definidos y cuyas motivaciones están completamente apegadas a la ley y a la Constitución.
¡NO HAY REVOLUCIÓN SIN DEMOCRACIA, NI DEMOCRACIA SIN REVOLUCIÓN!
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