Natasha Pitts
La coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi) señala que el 60% de las tierras cultivables están en manos del 7% de los propietarios y el 1% de los propietarios controlan el 63% del agua de irrigación. La coordinadora también señala que el presupuesto público está dirigido en buena parte a los sectores extractivos. Unido a esto, la falta de acceso al crédito y la dependencia de un paquete tecnológico de insumos que está cada día más caro, generaron una crisis en la agricultura campesina.
Las políticas que prometían una "revolución agraria” no consiguieron hacer frente a esta realidad. De manera semejante, el Plan de Tierra y Territorios no consiguió alcanzar sus objetivos. Las pocas tierras entregadas a los/las campesinos/as por expropiación provocaron un endeudamiento impagable en ellos y generó decenas de conflictos sociales.
Los pueblos indígenas también enfrentan la ganancia del Gobierno y de las empresas transnacionales interesadas en "abrirle inmensas perforaciones mineras y petroleras en nacientes de agua y territorios de alta biodiversidad”, afirma Caoi. Cordillera del Cóndor, Parque Nacional Yasuní, Intag, Molleturo, Limón, Santa Isabel, Esmeraldas y Kimsacocha son algunos de los territorios victimados.
Las acusaciones de terrorismo también son frecuentes. Los que reclaman el respeto de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos fundamentales como agua, tierra y participación en las decisiones que los afectan son constantemente perseguidos y se ven despojados de su derecho a manifestarse.
Éstas son algunas de las razones que motivaron a los manifestantes a marchar, "para cambiar la historia, para cambiar los rumbos del país”.
Con miras en ello, una de las exigencias de los indígenas ecuatorianos y de sus organizaciones es la aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir, que contemple el respeto a las funciones del agua, garantice el derecho a este bien de manera gratuita, cree el Fondo del Agua, fortalezca la gestión comunitaria del agua y prohíba su contaminación.
Demandan también la aprobación de la Ley de Tierras y Territorios, que se paute la construcción de un modelo agrario para la soberanía alimentaria basada en la producción campesina, promueva la propiedad comunitaria y asociativa, condene el latifundio y la concentración de tierras y redistribuya la tierra a los campesinos sin tierras.
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Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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