Guido Proaño
La Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad culminó el día 22 con una imponente movilización en Quito, y como respuesta al presidente de la República no se le ocurrió otra cosa que decir que fue un fracaso. Aseveraciones de ese tipo, que no faltan en el discurso oficial y expresan prepotencia y desprecio, provocan pérdida de credibilidad en Rafael Correa.
No podía esperarse una reacción diferente si desde un inicio su estrategia comunicacional estuvo orientada a minimizar el número de marchistas, a más de tipificar su acción como antidemocrática, golpista y financiada por grupos de derecha. Pero al contrario de lo que el gobierno pretende hacer creer, la jornada iniciada el pasado 8 de marzo marca un punto muy importante en la reactivación y desarrollo del movimiento social ecuatoriano que combate la política anti popular y antidemocrática del régimen.
Durante los dos períodos presidenciales del correísmo, éste ha tenido la capacidad de poner y cambiar la agenda política del país de acuerdo a sus necesidades e intereses; ahora el movimiento social organizado llevó a la sociedad ecuatoriana a discutir un tema candente (como la política minera del gobierno), centró la expectativa nacional en torno a qué ocurriría en Quito el día 22 y llevó al presidente de la República y su aparato político a una actitud defensiva.
Si algo fracasó en estos día fue la estrategia anti marcha elaborada por el gobierno que puso en juego la actividad de varios ministerios, secretarías y del mismo presidente Correa, y tuvo como propósito: impedir que la Marcha por la Vida gane simpatía y adhesión, que sea vista como un movimiento antidemocrático y, en una suerte de competencia numérica, inferior en capacidad de movilización a las fuerzas gobiernistas.
Esto último falló desde un inicio. Las contra marchas organizadas los primeros días de la jornada iniciada en Zamora Chinchipe, a las que movilizaron empleados públicos con banderas de Alianza PAIS, se mostraron inferiores a la realizada por los movimientos sociales, por lo que debieron ser suspendidas. La última de ese tipo se efectuó en el Parque Calderón, en Cuenca, en donde no más de 80 personas hicieron una “vigilia por la democracia” bajo las oficinas de la Gobernación y con una custodia policial impresionante. Era evidente que con ese tipo de mítines el gobierno daba muestras de debilidad y no de fortaleza por lo que fueron abandonados y principalizadas las ferias ministeriales.
En otras palabras, el gobierno se vio forzado a dar un paso atrás en una parte de su línea de acción, lo que pudo ser reivindicado por el movimiento social como una inicial victoria. A ella se sumaron otras: la decisión del gobierno de dejar sin efecto su intención de elevar en un 25% las tarifas de transporte interprovincial e intercantonal, el anuncio de que el denominado “areteo” del ganado ya no sea obligatorio sino opcional y la reducción de la jornada laboral para los maestros que trabajan en locales escolares en malas condiciones materiales, aspectos contenidos en la plataforma de lucha de la marcha.
Ésta también puede reivindicar para sí que el gobierno haya entregado algunos miles de dólares a gobiernos secciones de provincias por donde atravesó y la entrega de títulos de propiedad a campesinos en Tungurahua. Medidas tomadas por el gobierno para distanciar a sus beneficiarios de la protesta, que no se las hubiera adoptado de no haberse efectuado esta jornada de protesta.
La adhesión, la solidaridad popular mostrada a lo largo de los cerca de 800 kilómetros recorridos y la masiva concurrencia en Quito el día 22 también dan cuenta que la estrategia comunicacional del gobierno no tuvo los resultados esperados. A pesar de la asfixiante propaganda en radio y televisión el régimen no pudo convencer que se trataba de un movimiento anti democrático, desestabilizador y golpista; por ello, y en demostración de desesperación y bajeza, acudió al racismo. En la sabatina del 10 de marzo, Rafael Correa, despectivamente, señaló que no permitirá “que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice ese proceso de cambio”; los denominados medios públicos empezaron a hablar de que los caminantes estaban motivados por el alcohol y en las paredes de varias ciudades aparecieron frases como “Tibán india corrupta” y monigotes alusivos a dirigentes del movimiento indígena con expresiones similares.
Otro punto en el que la estrategia gubernamental fracasó es el intento de mostrar como una protesta “solo” del movimiento indígena y, luego, pretender dividir a los actores de la misma entre quienes son susceptibles de participar en un posible diálogo y otros con los que no es factible (como los influenciados por el Movimiento Popular Democrático), en una vieja estrategia de satanización política utilizada por los anteriores gobiernos neoliberales.
La respuesta a esos intentos vino desde sus propios actores: primero, porque desde un inicio quedó en evidencia que los pilares fundamentales de esa marcha fueron las fuerzas del movimiento indígena agrupadas en la Conaie con sus filiales y las organizaciones integrantes del Frente Popular; luego, en Cañar, el 14 de marzo, se hizo público el Mandato de la Marcha Plurinacional que contiene 19 puntos que recogen reivindicaciones de trabajadores, indígenas, campesinos, jóvenes, comerciantes minoristas, mujeres, etc.; y, tercero, los dirigentes de la misma no cayeron en la trampa del discurso gubernamental y rechazaron ese intento de crear fisuras y dividir las fuerzas.
Lo que Correa catalogó como una acción desestabilizadora de “cuatro pelagatos” y de un “grupo de garroteros” en realidad fue una gran movilización social de protesta de la que el gobierno sale afectado, pues, tuvo que dar pasos atrás e inclusive en un momento ensayó un discurso aparentemente conciliador (cuando dijo estar dispuesto al diálogo con algunos sectores), contrario al confrontador, amenazante e insultante.
El movimiento social organizado y las fuerzas de la auténtica izquierda que actúan en su interior han ganado espacios y mayor simpatía en la sociedad ecuatoriana. La Marcha por la Vida, la Dignidad y la Soberanía abre una puerta para que la protesta social tome más vuelo rompiendo ese miedo que efectivamente existe en algunos sectores, debido a la política de criminalización de la protesta impuesta por el gobierno.
Los caminantes por la vida ahora están en sus puntos de origen, saben que fueron actores de una importante batalla política que, sin duda, es ejemplo para nuevas acciones. Bien vale recoger una conocida frase: luego del 22 de marzo, la lucha continúa.
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