En el año 2012, después de casi 40 años de movilización feminista y cuando el discurso de género es retomado por un gobierno de corte conservador, como lo es el Partido Acción Nacional, nos preguntamos cómo la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en 2002 ha contribuido también a neutralizar la carga subversiva del movimiento feminista (Frases, 1991; Tarrow, 1994; Tarrés, 2007).
En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres se enfrenta ante un aparato gubernamental en donde carece de poder real, de recursos eficaces y a menudo, está aislado de la administración central (Mukhopadhyay, 2004). En ese sentido, los obstáculos están tanto al interior de este instituto como al exterior ya que ve cómo numerosas acciones de sus acciones se ven disminuidas, sobre todo en su relación con las instancias estatales de las mujeres ya que el INMUJERES se dio a la tarea de “coordinar y concertar acciones con las instancias estatales en el entendido que ellas comparten la perspectiva de género” (Tarrés, 2007:72). Si bien la existencia del INMUJERES propició que todas las entidades del país contaran con una dependencia encargada de velar por la igualdad de las mujeres, algunas de ellas ya existían antes de este organismo federal, como lo es el caso del estado de Guerrero, lo que nos habla de que algunas entidades avanzaron en el posicionamiento de las demandas feministas en el país.
Si bien la instauración de toda instancia gubernamental causa ciertos conflictos en sus inicios, los institutos de las mujeres en el país se enfrentaron con problemas mayores. Entre los más destacados podemos incluir:
Definición de perspectiva de género: Aunque existen tratados y acuerdos internacionales que hablan de la importancia de adoptar la perspectiva de género por parte de los gobiernos de los países, adoptar y trabajar en un tema no analizado anteriormente conlleva a la existencia de diferentes acepciones de los elementos que conforman la perspectiva de género, lo que puede causar confusiones, contradicciones y ausencias de valiosos componentes de este tema.
Impulsar la equidad de género: Su propio objetivo se constituyó en un problema, pues integrar la perspectiva de género en un país que donde las prácticas como el sexismo, el machismo y la violencia siguen siendo reproducidas y vistas como parte de la cultura mexicana, no fue tarea fácil. No sólo se trataba de inmiscuirse y modificar las políticas públicas, sino también de adentrarse y transformar el contexto sociocultural, es decir, incidir en los agentes de cambio, en la sociedad en general.
Legitimidad de sus funciones: Derivado del punto anterior, los institutos de las mujeres se enfrentan ante el mismo gobierno y la sociedad a la falta de credibilidad de sus objetivos y acciones, pues la desigualdad ha sido vista con poco importancia y considerada como “un problema de mujeres”, no como un asunto de interés para la sociedad en su conjunto y el cual requiere la participación de instancias gubernamentales y de mujeres y hombres por igual.
Carencia de recursos económicos y humanos: Como organismos recién constituidos y con esa poca credibilidad acerca de sus funciones, las instancias de las mujeres se enfrentan a un problema grave como es la falta de financiamiento para llevar a cabo sus acciones y de personal capacitado en temas de género que puedan realizarlas. Coincido con Tarrés (2001:75) cuando menciona que “la mayoría de los institutos hacen lo que pueden con los recursos humanos y materiales que consiguen movilizar en su contexto regional, donde las prioridades de la elite política no son necesariamente los derechos de las mujeres”, otro problema al se enfrentan los institutos.
Estatus legal, político y administrativo: La creación de cada instituto responde a diversos orígenes como lo son acuerdos, decretos o leyes, lo que pone en riesgo la existencia de aquello que no están constituidos a partir de leyes. Así mismo, no todas estas instancias tienen el estatus de instituto por lo que existen en algunos estados “programas” y “consejos”, lo que conlleva a una falta de regularización a nivel nacional. De igual forma, no existe una coordinación integral de los institutos con el INMUJERES, lo que provoca un desfase en las acciones y programas realizados en cada instituto pues no existe una real vinculación que propicie una agenda de trabajo estandarizada en materia de género en todo el país.
Contexto político y social de los estados: Otro de los inconvenientes en la creación de los institutos es el contexto de los estados, las condiciones políticas y sociales presentes en cada entidad federativa. La adscripción partidaria de la titular de cada instituto y el partido político al que pertenece el Poder Ejecutivo Estatal es un conflicto importante, pues en aquellas ocasiones en las que el partido político de estas dos instancias no sea el mismo, no existe una agenda en común que se traduzca en un trabajo integral por ambas partes, lo que en ocasiones se traduce en pocos avances en materia de perspectiva de género.
En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres se enfrenta ante un aparato gubernamental en donde carece de poder real, de recursos eficaces y a menudo, está aislado de la administración central (Mukhopadhyay, 2004). En ese sentido, los obstáculos están tanto al interior de este instituto como al exterior ya que ve cómo numerosas acciones de sus acciones se ven disminuidas, sobre todo en su relación con las instancias estatales de las mujeres ya que el INMUJERES se dio a la tarea de “coordinar y concertar acciones con las instancias estatales en el entendido que ellas comparten la perspectiva de género” (Tarrés, 2007:72). Si bien la existencia del INMUJERES propició que todas las entidades del país contaran con una dependencia encargada de velar por la igualdad de las mujeres, algunas de ellas ya existían antes de este organismo federal, como lo es el caso del estado de Guerrero, lo que nos habla de que algunas entidades avanzaron en el posicionamiento de las demandas feministas en el país.
Si bien la instauración de toda instancia gubernamental causa ciertos conflictos en sus inicios, los institutos de las mujeres en el país se enfrentaron con problemas mayores. Entre los más destacados podemos incluir:
Definición de perspectiva de género: Aunque existen tratados y acuerdos internacionales que hablan de la importancia de adoptar la perspectiva de género por parte de los gobiernos de los países, adoptar y trabajar en un tema no analizado anteriormente conlleva a la existencia de diferentes acepciones de los elementos que conforman la perspectiva de género, lo que puede causar confusiones, contradicciones y ausencias de valiosos componentes de este tema.
Impulsar la equidad de género: Su propio objetivo se constituyó en un problema, pues integrar la perspectiva de género en un país que donde las prácticas como el sexismo, el machismo y la violencia siguen siendo reproducidas y vistas como parte de la cultura mexicana, no fue tarea fácil. No sólo se trataba de inmiscuirse y modificar las políticas públicas, sino también de adentrarse y transformar el contexto sociocultural, es decir, incidir en los agentes de cambio, en la sociedad en general.
Legitimidad de sus funciones: Derivado del punto anterior, los institutos de las mujeres se enfrentan ante el mismo gobierno y la sociedad a la falta de credibilidad de sus objetivos y acciones, pues la desigualdad ha sido vista con poco importancia y considerada como “un problema de mujeres”, no como un asunto de interés para la sociedad en su conjunto y el cual requiere la participación de instancias gubernamentales y de mujeres y hombres por igual.
Carencia de recursos económicos y humanos: Como organismos recién constituidos y con esa poca credibilidad acerca de sus funciones, las instancias de las mujeres se enfrentan a un problema grave como es la falta de financiamiento para llevar a cabo sus acciones y de personal capacitado en temas de género que puedan realizarlas. Coincido con Tarrés (2001:75) cuando menciona que “la mayoría de los institutos hacen lo que pueden con los recursos humanos y materiales que consiguen movilizar en su contexto regional, donde las prioridades de la elite política no son necesariamente los derechos de las mujeres”, otro problema al se enfrentan los institutos.
Estatus legal, político y administrativo: La creación de cada instituto responde a diversos orígenes como lo son acuerdos, decretos o leyes, lo que pone en riesgo la existencia de aquello que no están constituidos a partir de leyes. Así mismo, no todas estas instancias tienen el estatus de instituto por lo que existen en algunos estados “programas” y “consejos”, lo que conlleva a una falta de regularización a nivel nacional. De igual forma, no existe una coordinación integral de los institutos con el INMUJERES, lo que provoca un desfase en las acciones y programas realizados en cada instituto pues no existe una real vinculación que propicie una agenda de trabajo estandarizada en materia de género en todo el país.
Contexto político y social de los estados: Otro de los inconvenientes en la creación de los institutos es el contexto de los estados, las condiciones políticas y sociales presentes en cada entidad federativa. La adscripción partidaria de la titular de cada instituto y el partido político al que pertenece el Poder Ejecutivo Estatal es un conflicto importante, pues en aquellas ocasiones en las que el partido político de estas dos instancias no sea el mismo, no existe una agenda en común que se traduzca en un trabajo integral por ambas partes, lo que en ocasiones se traduce en pocos avances en materia de perspectiva de género.
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