Albert Berry, Profesor Emeritus, Economía
Universidad de Toronto
Universidad de York en Toronto
El Presidente Correa presenta una propuesta hipotética de dividir 2.000 hectáreas entre 1.000 familias como el colmo de la locura, argumentando que va resultar en más pobreza en el campo. Sin embargo, eso es precisamente lo que hicieron los taiwaneses, los japoneses, y los coreanos después de la Segunda Guerra Mundial cuando expropiaron a las unidades de mas de tres has. y ejecutaron reformas agrarias radicales que formaron la base de la seguridad alimentaria de familias y para el crecimiento y la diversificación económica posterior a nivel nacional.
En el caso de Taiwán, el tamaño promedio de las granjas reformadas llegó a 1.29 has. en 1952. Junto con otras políticas de apoyo a la pequeña agricultura minifundista – como la educación rural y la inversión pública en la investigación y diseminación de nuevas tecnologías, proyectos de irrigación e infraestructura, y cooperativas de comercialización con monopolios en ciertas líneas de exportación, administrados por los mismos pequeños productores – en los tres países, la productividad agrícola creció, el empleo se incrementó, y las condiciones de vida en el campo se mejoraron rápidamente. Como consecuencia, las migraciones hacia las ciudades y el crecimiento de la pobreza urbana se mantuvieron a niveles relativamente bajos y manejables en comparación con los países latinoamericanos.
No estamos proponiendo una copia de las diferentes facetas de las reformas agrarias de estos tres países en el Ecuador, con sus condiciones físicas, sociales, e institucionales muy diferentes. Pero si estamos argumentado que hay que dividir los latifundios y promover las granjas familiares con apoyos públicos de varios tipos para eliminar la pobreza y crear las condiciones para el desarrollo económico rural y nacional. Los tres países asiáticos mencionados no son los únicos cuyas experiencias han demostrado la relación positiva entre desarrollo rural equitativo – basada en la pequeña y mediana agricultura – y el desarrollo económico nacional. En términos históricos podemos mencionar los países escandinavos – Dinamarca, Finlandia, Noruega, y Suecia – además de Holanda.
Con referencia a comparaciones contemporáneas entre los países exportadores de petróleo, Indonesia sobresale como país que ha experimentado un proceso de desarrollo económico mucho más rápido y mucho más equitativo en comparación con, por ejemplo, Ecuador, Nigeria, y Venezuela. Indonesia se distingue entre estos países por haber invertido una buena parte de su excedente petrolero en el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura y en el desarrollo rural en general.
Las comparaciones latinoamericanas también nos prestan lecciones. Llama la atención el abismo que existe entre, por un lado, las buenas condiciones de vida y la historia de paz social y política en la Meseta Central de Costa Rica, caracterizada por sus pequeñas y medianas propiedades cafeteras, y por otro lado, la miseria, represión política y violencia que predominan en las zonas de plantaciones grandes de café en los países vecinos como El Salvador y Guatemala.
Tampoco es de sorprenderse que en el Ecuador sean las áreas de pequeñas y medianas propiedades donde se encuentran procesos notables de desarrollo rural que, con frecuencia, forman la base de la diversificación económica manufacturera. Estas zonas, de mejores condiciones de vida y seguridad alimentaria en el campo incluyen, por ejemplo, partes importantes de la provincia de Tungurahua en la sierra donde predominan las pequeñas propiedades campesinas; es la provincia de menos desempleo en el Ecuador hoy día (Pablo Ospina Peralta et al., 2011). También incluyen la provincia de El Oro en la costa donde se encuentran medianas propiedades dedicadas a la producción del banano. Desafortunadamente, parece que han empezado a ocurrir procesos nefastos de reconcentración de la tierra en esta provincia.
Efectivamente, existe una correlación fuerte entre la falta de desarrollo rural, expresada en la pobreza y la desigualdad, y la concentración de tierras. Un estudio de 108 países, utilizando datos de los años sesenta demuestra, según la historiadora de economía Rosemary Thorp, que “la concentración de tierra y la distribución de oportunidades educativas son los factores [interrelacionados] más importantes que explican la desigualdad” (1998: 27).
Como señala el distinguido economista brasilero Celso Furtado, autor de la obra clásica sobre la historia económica del continente latinoamericano, la agricultura capitalista moderna no es capaz de generar empleos estables y razonablemente bien renumerados para las grandes masas de obreros y obreras rurales. Más bien, son las actividades agrícolas y rurales de pequeña escala las que pueden generar empleo con menor inversión de capital. Furtado abogaba por la reforma agraria en Brasil y América Latina hasta el día de su reciente muerte.
Mientras tanto, Amartya Sen, Premio Nobel en economía e inspirador de los informes sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, a su turno, señala la mayor productividad de las explotaciones agrícolas pequeñas en la India (1964).
Son este tipo de datos, históricos y contemporáneos, que le convencen al ex-vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, a escribir que: “El éxito en la pugna por la equidad y contra la pobreza requiere una potenciación tanto económica como política. En el sector rural, eso conlleva una reforma agraria significativa que acompañe la redistribución de la tierra con otorgamiento de créditos y acceso a la tecnología” (2003: 34). En el campo de la educación, afirma que no hay que “capacitarse únicamente para empleos urbanos, sino adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para aumentar la productividad dentro del sector rural” (2003: 32).
La reducción de la desigualdad rural no sólo incentiva la reducción de la pobreza en el campo, sino incrementa las tasas de crecimiento económico nacional. Hasta un estudio del Banco Mundial sostiene que los altos niveles de desigualdad de ingresos y de bienes que caracterizan a América Latina en general “reducen el crecimiento económico y el desarrollo mismo” (Frarranti, Perry, Ferreira, Walton, et al. 2003: 18). Los técnicos que prepararon el informe sostienen que estos altos niveles de desigualdad, por otra parte, pueden reducir la capacidad de los países de la región para enfrentar la volatilidad económica y los choques económicos en general.
En otras palabras, existe un consenso sobre el rol positivo de las pequeñas propiedades o granjas familiares entre economistas que han analizado el tema.
Para resumir en pocas palabras, la desigualdad es la fuente principal de la pobreza en el Ecuador y otras partes de América Latina. Si existieran políticas destinadas a la reducción de las desigualdades sociales en el campo, a través de la reforma agraria y la generación del empleo en combinación con inversiones sustanciales en la educación primaria, Ecuador y otros países similares podrían eliminar las peores manifestaciones de la pobreza y dinamizar su desarrollo económico nacional.
Para concluir, presentamos un ejemplo hipotético para explicar los efectos positivos de las granjas familiares en la generación del empleo, el factor más importante en la reducción de la pobreza. Podríamos pensar en una situación en que en lugar de 200,000 mil unidades de 5 has., existen 1,000 unidades de 1000 has. cada uno. Por el hecho establecido de que las unidades grandes emplean muchísimo menos gente por hectárea que las unidades pequeñas, sería típico si cada unidad de 1000 has. empleara, digamos, 20 personas mientras cada unidad de 5 empleará dos personas. El resultado: en lugar de los 400,000 puestos de trabajo generados por el sistema de pequeña agricultura familiar, las grandes propiedades generarían 20,000 puestos. La pregunta es: de que van a vivir las otras 380,000 personas desplazadas desde el campo?
Nos parece que es muchísimo más racional invertir fondos públicos en el desarrollo de la pequeña agricultura que puede generar empleo y así formar la base para un proceso de desarrollo nacional sostenible y equitativo, con seguridad alimentaria, que invertirlos en medidas de seguridad para controlar la violencia social resultado de la desigualdad o en “bonos de desarrollo humano” para personas sin empleo ni recursos para el auto-empleo, expulsadas desde el campo a causa de la concentración de la tierra.
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