A 21 años de que el movimiento feminista estableciera el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe como fecha emblemática para exigir a los gobiernos de la región el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad, organizaciones civiles en México han abierto camino para lograr que la población femenina acceda a la interrupción legal y segura de un embarazo.
Sin embargo, aún “queda mucho por recorrer”, señala Raffaela Schiavon, directora de Ipas-México.
El camino emprendido por las activistas para evitar la mortalidad de las mujeres por abortos inseguros, considerado como un grave problema de salud pública, ha “rendido frutos”, destaca.
Schiavon y otras activistas consideran que el avance “más grande” es que desde abril de 2007 las ciudadanas en el DF pueden abortar con tan sólo solicitarlo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La denomina “Ley Robles”, iniciativa presentada por la ex jefa de Gobierno del DF, amplió las causales no punibles de aborto cuando peligre la salud de las mujeres y por malformaciones genéticas graves del producto.
Fue aprobada por la ALDF en 2000. Este fue un primer paso para despenalizar el aborto en el DF.
La interrupción legal del embarazo y la “Ley Robles” fueron impugnadas en su momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dependencias federales y legisladores de la ALDF, respectivamente, con el argumento de que atentaban contra “el derecho a la vida”.
En ambos casos la SCJN determinó que la protección al derecho a la vida desde la fecundación violenta los derechos reproductivos de las mujeres.
Práctica legal
De 2007 a la fecha se han realizado más de 65 mil abortos en servicios públicos y privados de la capital del país y ninguna mujer ha muerto.
Con la interrupción legal, el DF se sumó al 40 por ciento de los países del mundo con tasas “casi nulas” de muertes por interrumpir un embarazo. En esas naciones las mujeres abortan de manera legal y en condiciones adecuadas.
“Desafortunadamente” al logro obtenido en el DF le siguieron “graves retrocesos” para los derechos reproductivos de las mexicanas, ya que entre 2008 y 2010 se modificaron 17 constituciones estatales para proteger la vida desde la fecundación y, de este modo, penalizar el aborto, lamentó Adriana Jiménez, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
La andanada continúa, advierten las activistas, ya que apenas el pasado martes PAN, PRI y PRD presentaron una iniciativa semejante en el Congreso de Zacatecas.
Estas reformas que vulneran el derecho a la salud y la vida de las mujeres serán discutidas este lunes en la SCJN, ya que las modificaciones en 2009 en Baja California y San Luis Potosí enfrentan acciones de inconstitucionalidad que serán resueltas por la Corte.
El ministro Fernando Franco realizó los proyectos de sentencia para ambos casos. Sostiene la inconstitucionalidad de las reformas porque restringen los derechos reproductivos de las mujeres “especialmente a la libertad reproductiva (decidir si tener hijos o no y cuándo)”, establecida en el artículo 4 de la Constitución.
Deudas
Este 28 de septiembre las acciones y llamados están encaminados a la disminución del embarazo adolescente, y al acceso al aborto legal y seguro de esta población en la región.
Según Ipas México, con base en información oficial, en 20 años el aborto inseguro provocó 7 por ciento de todas las muertes maternas en el país; de 1990 a 2009 murieron mil 860 mujeres, adolescentes y niñas por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
Las causas maternas (incluido el aborto inseguro) ocasiona 5.6 por ciento de todas las muertes en mujeres de 15 a 19 años de edad. Esta es la cuarta causa de decesos en esa población, después de accidentes, homicidios y suicidios.
México está por debajo del promedio mundial (13 por ciento) y regional (entre 8 y 10 por ciento) de muertes por aborto inseguro, reporta Ipas. El país está adelante de Chile, El Salvador y Nicaragua, naciones que prohíben el aborto totalmente. En México hay siete causales para la interrupción del embarazo; sin embargo, en los hechos no se cumplen, coinciden especialistas.
Las causales varían en cada estado; la única coincidente en todo el país es por violación sexual. Sólo en Yucatán el aborto es legal por razones económicas cuando la mujer tiene al menos tres hijos. Y sólo en el DF se practica a solicitud de las ciudadanas.
Para que las causales no punibles se hagan efectivas, las entidades deben contar con un reglamento que especifique los pasos a seguir por las procuradurías de justicia (en caso de violación sexual) y de las secretarías de salud locales, señala Elsa Ancona, abogada especializada en el tema. Sólo Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, DF, Chihuahua, Colima y Baja California Sur tienen reglamento.
Además, las mexicanas no tienen acceso efectivo al aborto porque el personal involucrado no está capacitado y carece de sensibilización para brindar atención de calidad y de respeto a los derechos de las mujeres, abunda Ancona.
Ximena Andión, directora del área de Desarrollo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advierte que “con o sin reglamento” los funcionarios están obligados a garantizar ese servicio. Y en caso de que les sea negado ellas pueden demandar penalmente.
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