Ecuador: Indígenas critican injerencia del Ejecutivo en sentencia

QUITO. Rolando Panchana, presidente encargado de la Asamblea, se mostró complacido con la sentencia judicial de Pujilí.

Raúl Ilaquiche, abogado del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC) y esposo de la asambleísta Lourdes Tibán (PK), advirtió de una “plena” injerencia del Poder Ejecutivo en la sentencia dictada por el juez quinto de lo Civil de Pujilí, Edwin Palma Herrera, en la resolución emitida la tarde del miércoles que niega la acción de protección para detener el trámite del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea por falta de consulta prelegislativa.

Según Ilaquiche, la sentencia no fue elaborada por el juez ni por ningún integrante del Juzgado Quinto, sino por representantes del Ministerio de Justicia, y lo confuso y contradictorio de la sentencia demuestra una injerencia del Ejecutivo.

Hoy, el MIC apelará la sentencia del juez Palma ante la Corte Provincial de Cotopaxi, pero como tampoco confían en la imparcialidad de los jueces porque –según Ilaquiche– “están asustados y viviendo una persecución por el caso de La Cocha”, también preparan una acción extraordinaria de protección para presentarla ante la Corte Constitucional.

Ilaquiche se refiere a La Concha, en donde su comunidad aplicó la justicia indígena a cinco acusados de matar a uno de sus miembros.

Tibán afirma que la injerencia del oficialismo se expresa también en que Rolando Panchana (PAIS), como presidente encargado de la Asamblea, habría convocado a una rueda de prensa prácticamente a la misma hora en que el juez empezaba a elaborar la sentencia sobre este tema.

“Existió una fuerte incidencia política del Gobierno en la decisión del juez, si no cómo se entiende que recién a las 17:00 se pone a realizar la sentencia y a las 17:25 ya sienta razón de notificación. Eficiencia récord en Pujilí, cuando solo para imprimir el texto el día sábado se demoró más de dos horas”, indicó Tibán.

Andrés Páez (ID) manifestó que el resultado de la sentencia del juez de Pujilí era de esperarse porque “a la larga son jueces que están cuidando el cargo y no quieren tener ningún enfrentamiento con el oficialismo”.

En tanto, para Panchana el fallo del juez “complace” a la Asamblea Nacional y las pretensiones del movimiento indígena, al querer suspender el trámite de la Ley de Comunicación, son “ilegítimas”.

Hace días, desde Cuenca, el titular Fernando Cordero, tras anunciar que no asistiría a la audiencia pública en Pujilí, también se mostró en contra de la sentencia y señaló que la entidad que debe decidir sobre qué leyes se hace la consulta prelegislativa es la Asamblea, no un juez.

Más allá de los pronunciamientos, en la Asamblea todavía no se define cuál será el procedimiento a aplicar para la consulta prelegislativa y esta es una de las causas para el estancamiento de leyes como la de Aguas y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial.

Más datos: Resolución de la CC
Consulta
La sentencia de la Corte Constitucional para que todas las leyes que afecten los derechos colectivos de los indígenas, afroecuatorianos y montubios sean sometidas a consulta prelegislativa fue emitida en marzo y establece un procedimiento que lo debe desarrollar la Asamblea.