Por Vanesa Verástegui Ollé
A lo largo de la costa peruana existen alrededor de 85 comunidades afro cuya formación data de la época de la esclavitud colonial. Sin embargo, suelen quedarse al margen de los programas de cooperación y desarrollo rural. Tampoco se las incluye en los planes regionales y locales. Racismo, discriminación y pobreza: tres ejes que atraviesan las comunidades afro en varios puntos de América y del mundo.
Desde la abolición de la esclavitud en 1854, la población negra en el Perú no pudo integrarse socialmente tras su liberación y expulsión de los latifundios por sus dueños, para quienes ya les eran improductivos. Muchos ex esclavos se fueron a la ciudad y trabajaron en oficios mal remunerados, de poco rango social o terminaron residiendo en zonas tugurizadas y pobres.
Las comunidades afroperuanas se originaron en los antiguos palenques ubicados en las zonas de El Ingenio, Morropón, la Banda, el Guayabo; también se encontraban asentadas dentro o fuera de las haciendas coloniales. Allí, los esclavos de origen africano eran obligados a trabajar como peones en plantaciones de azúcar y algodón. Actualmente, esas comunidades se encuentran localizadas en Chincha, Ica, Nazca, Piura y Lambayeque, y no son consideradas como patrimonio cultural de saberes, ni sus tradiciones orales son estudiadas por la Academia.
A diferencia de Colombia, donde la Constitución de 1993 reconoce el status legal de “comunidades negras” mediante la Ley 70 o Ley de Negritudes para la zona rural de Choco, Cauca, en el Perú se suscitan muchas dudas en torno a la territorialidad, autonomía y tenencia de las tierras agrícolas por parte de los afroperuanos, por no ser originarios ni ocupar estas tierras antes de los españoles, como es el caso de los indígenas.
En Colombia, en la zona de Choco, caracterizada por su biodiversidad, la población negra se organiza en torno a economías campesinas, mientras que en el Perú el grueso de la población de origen africano que vive en distritos rurales periféricos se mantiene gracias a trabajos agrícolas eventuales. Por su parte, las comunidades negras de Ecuador de la zona de Esmeraldas se organizan sobre la base de discursos de ordenamiento y conservación territorial. Aunque no podemos forzar que las comunidades afroperuanas se inscriban dentro del modelo campesino indígena, se trata de comunidades culturales con especificidades locales y regionales.
En las zonas rurales, el agricultor negro no ha cambiado su estatus campesino desde que dejó de ser esclavo, en tanto que en Colombia, por ejemplo, existe un sector significativo de clase media conformado por afrodescendientes que se convirtieron en hacendados, ya que los ex esclavos se apoderaron de las tierras agrícolas -las haciendas de El Pílamo- cuando sus propietarios las abandonaron tras la crisis en el agro colonial.
Una de las pruebas del racismo existente hacia los afrodescendientes en el Perú es el empobrecimiento de estas comunidades y la precariedad en los servicios médicos de salud -a los que muchas veces no tienen acceso-, la poco sólida infraestructura de las viviendas y las escuelas, la deficiente educación que se les brinda, problemas de sanidad, falta de electricidad, agua potable y control ambiental.
A ello se suman los desastres naturales, que no hacen sino confirmar la invisibilidad de estas comunidades ante el Estado peruano. Así, el terremoto del 15 de agosto de 2007 fue otra prueba más del racismo y el desinterés por parte del Estado hacia la población afrodescendiente, una de las más afectadas durante el sismo, ya que la ayuda del gobierno brilló por su ausencia en las comunidades de El Carmen, Chincha Alta, San José, San Regis y Pueblo Negro. El terremoto destruyó las antiguas y frágiles viviendas de adobe, dejando al descubierto el empobrecimiento de estas familias.
De hecho, el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales es parte del discurso étnico de los afrodescendientes en Latinoamérica, surgido como nuevos movimientos sociales desde el año 2000 a partir de la III Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile- (PRECOM) de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y otras Formas conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban (África 2001). En ambas conferencias se planteó el uso de la categoría “afrodescendiente” para combatir los estereotipos y deconstruir así las categorías raciales de “negro” o “negra”. Desde entonces, las reivindicaciones de las organizaciones afroperuanas, como las de Latinoamérica, devienen en políticas de identidad como una estrategia para revertir las condiciones de discriminación y racismo en la que se encuentran sumidas.
A partir de Santiago y Durban, la población afrodescendiente demanda a los estados solucionar jurídicamente los problemas de propiedad de las tierras ancestrales habitadas por afrodescendientes y adoptar medidas que promuevan su desarrollo dentro de los territorios que ocupan. Para el caso peruano, las nociones de territorialidad y de pueblo son puntos pendientes dentro de la agenda del movimiento afroperuano y será uno de los mecanismos para lograr igualdad de oportunidades a favor del desarrollo y reducción de la pobreza en las comunidades rurales afroperuanas.
Las comunidades rurales no tienen la amplitud del espacio geográfico de las poblaciones originarias y representan sólo el 10 % de la población peruana, aproximadamente, 2 millones 500 mil personas; no obstante, son comunidades culturales con historia, identidad y tradiciones con derechos a una ciudadanía étnica porque son parte de la nación peruana.
Vanesa Verástegui Ollé es estudiante de maestría de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es activista del Grupo Impulsor Contra el Racismo y Otras Formas de Discriminación- GIM PERU e integrante del programa de Desarrollo Rural del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Tomado del Blog Belen-Rubén)
A lo largo de la costa peruana existen alrededor de 85 comunidades afro cuya formación data de la época de la esclavitud colonial. Sin embargo, suelen quedarse al margen de los programas de cooperación y desarrollo rural. Tampoco se las incluye en los planes regionales y locales. Racismo, discriminación y pobreza: tres ejes que atraviesan las comunidades afro en varios puntos de América y del mundo.
Desde la abolición de la esclavitud en 1854, la población negra en el Perú no pudo integrarse socialmente tras su liberación y expulsión de los latifundios por sus dueños, para quienes ya les eran improductivos. Muchos ex esclavos se fueron a la ciudad y trabajaron en oficios mal remunerados, de poco rango social o terminaron residiendo en zonas tugurizadas y pobres.
Las comunidades afroperuanas se originaron en los antiguos palenques ubicados en las zonas de El Ingenio, Morropón, la Banda, el Guayabo; también se encontraban asentadas dentro o fuera de las haciendas coloniales. Allí, los esclavos de origen africano eran obligados a trabajar como peones en plantaciones de azúcar y algodón. Actualmente, esas comunidades se encuentran localizadas en Chincha, Ica, Nazca, Piura y Lambayeque, y no son consideradas como patrimonio cultural de saberes, ni sus tradiciones orales son estudiadas por la Academia.
A diferencia de Colombia, donde la Constitución de 1993 reconoce el status legal de “comunidades negras” mediante la Ley 70 o Ley de Negritudes para la zona rural de Choco, Cauca, en el Perú se suscitan muchas dudas en torno a la territorialidad, autonomía y tenencia de las tierras agrícolas por parte de los afroperuanos, por no ser originarios ni ocupar estas tierras antes de los españoles, como es el caso de los indígenas.
En Colombia, en la zona de Choco, caracterizada por su biodiversidad, la población negra se organiza en torno a economías campesinas, mientras que en el Perú el grueso de la población de origen africano que vive en distritos rurales periféricos se mantiene gracias a trabajos agrícolas eventuales. Por su parte, las comunidades negras de Ecuador de la zona de Esmeraldas se organizan sobre la base de discursos de ordenamiento y conservación territorial. Aunque no podemos forzar que las comunidades afroperuanas se inscriban dentro del modelo campesino indígena, se trata de comunidades culturales con especificidades locales y regionales.
En las zonas rurales, el agricultor negro no ha cambiado su estatus campesino desde que dejó de ser esclavo, en tanto que en Colombia, por ejemplo, existe un sector significativo de clase media conformado por afrodescendientes que se convirtieron en hacendados, ya que los ex esclavos se apoderaron de las tierras agrícolas -las haciendas de El Pílamo- cuando sus propietarios las abandonaron tras la crisis en el agro colonial.
Una de las pruebas del racismo existente hacia los afrodescendientes en el Perú es el empobrecimiento de estas comunidades y la precariedad en los servicios médicos de salud -a los que muchas veces no tienen acceso-, la poco sólida infraestructura de las viviendas y las escuelas, la deficiente educación que se les brinda, problemas de sanidad, falta de electricidad, agua potable y control ambiental.
A ello se suman los desastres naturales, que no hacen sino confirmar la invisibilidad de estas comunidades ante el Estado peruano. Así, el terremoto del 15 de agosto de 2007 fue otra prueba más del racismo y el desinterés por parte del Estado hacia la población afrodescendiente, una de las más afectadas durante el sismo, ya que la ayuda del gobierno brilló por su ausencia en las comunidades de El Carmen, Chincha Alta, San José, San Regis y Pueblo Negro. El terremoto destruyó las antiguas y frágiles viviendas de adobe, dejando al descubierto el empobrecimiento de estas familias.
De hecho, el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales es parte del discurso étnico de los afrodescendientes en Latinoamérica, surgido como nuevos movimientos sociales desde el año 2000 a partir de la III Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile- (PRECOM) de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y otras Formas conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban (África 2001). En ambas conferencias se planteó el uso de la categoría “afrodescendiente” para combatir los estereotipos y deconstruir así las categorías raciales de “negro” o “negra”. Desde entonces, las reivindicaciones de las organizaciones afroperuanas, como las de Latinoamérica, devienen en políticas de identidad como una estrategia para revertir las condiciones de discriminación y racismo en la que se encuentran sumidas.
A partir de Santiago y Durban, la población afrodescendiente demanda a los estados solucionar jurídicamente los problemas de propiedad de las tierras ancestrales habitadas por afrodescendientes y adoptar medidas que promuevan su desarrollo dentro de los territorios que ocupan. Para el caso peruano, las nociones de territorialidad y de pueblo son puntos pendientes dentro de la agenda del movimiento afroperuano y será uno de los mecanismos para lograr igualdad de oportunidades a favor del desarrollo y reducción de la pobreza en las comunidades rurales afroperuanas.
Las comunidades rurales no tienen la amplitud del espacio geográfico de las poblaciones originarias y representan sólo el 10 % de la población peruana, aproximadamente, 2 millones 500 mil personas; no obstante, son comunidades culturales con historia, identidad y tradiciones con derechos a una ciudadanía étnica porque son parte de la nación peruana.
Vanesa Verástegui Ollé es estudiante de maestría de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es activista del Grupo Impulsor Contra el Racismo y Otras Formas de Discriminación- GIM PERU e integrante del programa de Desarrollo Rural del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Tomado del Blog Belen-Rubén)
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