En una nueva demostración de que ante la carencia de argumentos el gobierno de Alan García Pérez solo sabe recurrir a la represión, una procuradora del Ministerio de Justicia, María del Carmen Rivera, ha pedido la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). No es una coincidencia que use el mismo término que Alberto Fujimori para su autogolpe de 1992, cuando anunció su dictatorial decisión de “disolver” el Congreso de la República.
Se trata de una actitud no solo intrínsecamente fascista del régimen de García. Es, además torpe, porque es imposible disolver por decreto o por mandato judicial una organización que tiene más de 25 años de vida, auténticamente representativa de los pueblos indígenas amazónicos y que goza de amplio reconocimiento y participación en múltiples espacios internacionales, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Alianza por el Clima, Alianza Amazónica, entre otras.
No es la primera maniobra destinada a desaparecer las organizaciones indígenas. Tanto AIDESEP como la Confederación Nacional de Comunidades del Perú (CONACAMI) han sufrido la persecución de la llamada Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este año, además, el gobierno financió un seudo congreso en el que se pretendió designar una nueva directiva de AIDESEP.
El hecho más grave, sin embargo, es la Masacre de Bagua del 5 de junio, que costó la vida de 33 personas, y la posterior persecución policial y judicial a comuneros y dirigentes regionales y nacionales de AIDESEP, que obligaron a su presidente Alberto Pizango a exiliarse en Nicaragua. Y hoy mantienen tercamente la orden de captura en su contra, para así impedir su retorno al Perú.
Son hechos que concitaron y siguen concitando el rechazo nacional e internacional, como lo demuestran los múltiples pronunciamientos de organismos de derechos humanos de todo el mundo, incluidos los que forman parte de la Organización de Naciones Unidas.
Nada de esto ha logrado destruir a AIDESEP y tampoco lo hará la absurda demanda de la procuradora Rivera. Porque, insistimos, las organizaciones no se crean ni se destruyen por decreto o mandato judicial: los pueblos que las forman y la solidaridad del conjunto del movimiento social las mantienen vivas.
En su frenesí represivo, el gobierno de García va de fracaso en fracaso en el intento de profundizar su política entreguista y racista, claramente expresada en su serie de artículos sobre el “síndrome del perro del hortelano”, desoyendo las llamadas de atención del relator especial para Pueblos Indígenas James Anaya y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, así como del reciente informe emitido por la Misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos integrada por Rodolfo Stavenhagen y Elsie Monge sobre su visita al Perú en junio pasado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, advierte que si se toca a AIDESEP se estará tocando a todos los pueblos indígenas, no solo amazónicos y peruanos, sino de todo el mundo. Y llama al movimiento social nacional e internacional a estar atentos ante este nuevo intento de liquidación, para que, de concretarse (solo en el plano formal porque en el real es imposible), convocar de inmediato a una movilización mundial para defender los derechos de los pueblos indígenas.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
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