Hace unos días, el ministerio de Justicia solicitó la disolución de Aidesep. Alberto Pizango, presidente de esa institución, en diálogo telefónico con LA PRIMERA desde Nicaragua, advirtió que esta medida precipitaría el fin del diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas y una reanudación de las protestas. También habló de su candidatura presidencial y otros temas.
-¿Qué consecuencias puede traer la solicitud del Ministerio de Justicia para disolver Aidesep en el diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno?
-El gobierno está demostrando que es contrario los pueblos indígenas, que solamente reclaman su derecho a vivir dignamente. No es posible que el gobierno trate de callar a los pueblos indígenas disolviendo Aidesep. Los pueblos están muy indignados con esta situación. Si el gobierno tuviera voluntad real de solucionar los problemas, no estaría persiguiendo a los dirigentes, ni intentando disolver una organización fundada en 1980 que es la expresión legítima del movimiento indígena amazónico y merece un respeto grande.
-¿El diálogo quedará suspendido por esta razón?
-La decisión de cortar el diálogo está en este momento en evaluación (N. de R.: La entrevista fue hecha antes de que Aidesep diera un plazo para que el Ministerio de Justicia retire el pedido de disolución, y advirtiera que, de lo contrario, dejará el diálogo).
-¿En su opinión, las comunidades indígenas deben retirarse del diálogo como respuesta al intento del gobierno de disolver Aidesep?
-Yo creo que el diálogo debe cortarse, pero es el pueblo el que debe decidir. Nos sentimos engañados y defraudados por este gobierno. No ha habido respeto, ni la mínima intención de escuchar las demandas de los pueblos indígenas. Yo no creo que podemos seguir siendo engañados, con muy mala fe, por el gobierno. Por un lado, el gobierno invita al diálogo, pero, por otro nos ataca. Esto es un abuso más del gobierno. De esta forma no se puede dialogar.
-¿Esto llevará a la reanudación del paro amazónico?
-Yo no diría el paro amazónico; ahora la protesta es de nivel nacional, porque se trata de los derechos de todos los peruanos. Este intento de disolver Aidesep es una provocación del gobierno, frente a la cual los pueblos de todo el país, no sólo los amazónicos, vamos a salir en los próximos días a las calles a protestar, a defender nuestra vida, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Será una protesta pacífica, porque queremos paz, no violencia. El Frente por la Vida y la Soberanía Nacional, que aglutina a las fuerzas populares y gremiales del país, movilizará esta protesta nacional.
-¿Cómo marcha su candidatura presidencial?
-Quiero ser muy claro en decir que yo simplemente soy la herramienta, el portavoz de los pueblos indígenas, y lo voy a seguir siendo. Si ellos me proponen para la candidatura presidencial, yo no puedo decir que no, porque ese sería un mandato que hay que respetar. Esta decisión dependerá no sólo de los pueblos amazónicos, sino de los pueblos originarios de todo el país. Sería una candidatura conjunta de los pueblos indígenas amazónicos y andinos.
-¿Qué posibilidades electorales le ve a una candidatura del movimiento indígena?
-Veo que hoy en día los pueblos están mucho más conscientes, y no solamente los pueblos indígenas, sino también los de la sociedad no indígena. Ya están cansados de gobiernos que los atropellan y que matan la vida. Analizando la propuesta de los pueblos indígenas, puedo decir que no se trata de una candidatura indigenista, sino de una candidatura de todos los peruanos. Los temas del buen vivir, de la armonía, de salvar el planeta, se están dando a nivel del mundo. En ese camino, los pueblos tienen la mejor opción.
-¿Cuáles serían las principales propuestas de una eventual candidatura suya?
-La lucha contra el calentamiento global y la defensa del planeta. Tenemos que ver cómo asegurar la vida de las futuras generaciones, a través de proyectos alternativos de desarrollo, manejando equilibradamente la Amazonía y todos los suelos.
-¿La suya sería una candidatura ecológica?
-Exactamente. El tema es ecológico. Eso es lo que están planteando los pueblos.
-¿Una reivindicación histórica de la población indígena sería un tema central de su candidatura?
-Más que una reivindicación histórica, sería una alternativa de vida, un plan para recuperar la dignidad de los peruanos.
-¿Cómo ven la posible candidatura de Marco Arana, que también tiene una plataforma en la que destaca la defensa de la ecología?
-Si esa propuesta encaja en lo que quieren los pueblos, me parece muy interesante…
-¿Arana es alguien con quien ustedes se podrían entender en una alianza?
-Hay que conversar y unir criterios para ver cuál es la mejor forma de seguir construyendo este espacio democrático para una vida digna, en el que los pueblos tengan la posibilidad de decidir. El objetivo es que los pueblos ganen.
-¿Y cómo ve la posibilidad de una alianza con Humala?
-Sobre ese posible acercamiento, en este momento no tengo una opinión que dar, ni a favor ni en contra.
-Un problema para su eventual candidatura es que usted está con orden de captura y asilado en Nicaragua…
-La justicia tarda pero llega, y en mi caso va a llegar. Estoy convencido que se va a llegar a la verdad de que todas las acusaciones que me hacen son falsas y que esto es una persecución política. Esto se va a tener que aclarar y van a tener que levantarme la orden de captura porque no hay ningún delito. Por eso, creo que muy pronto voy a regresar.
-¿Y si no le levantan la orden de captura, qué hará?
-No creo que no me levanten la orden de captura, porque no hay ningún argumento real para su existencia, pero si la justicia sigue siendo politizada y si no me levantan la orden de captura, voy a apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y veré la forma de regresar al Perú.
-¿Está planeando regresar clandestinamente al país?
-Tengo la intención de volver y voy a volver al Perú. Voy a regresar al país, pero no clandestinamente. Si no me levantan la orden de captura, igual voy a regresar, bajo el riesgo de ser apresado.
-¿En cuánto tiempo se daría ese regreso?
-Eso es algo que tendré que coordinar con los pueblos indígenas, que son los que van a decidir.
-¿Qué opina de las declaraciones de Santiago Manuin, que lo ha criticado por haber pedido asilo en Nicaragua y exigió una renovación de la dirigencia de Aidesep debido a su ausencia del país?
-Santiago Manuin es un hermano indígena al que respeto mucho. Aidesep tiene sus organizaciones regionales y solamente estas organizaciones pueden pedir, a través de sus dirigentes, una asamblea extraordinaria. Quienes están contra los pueblos indígenas y su organización aprovechan la situación para hacer preguntas de mala fe, para que hablen mal de Aidesep, y muchas veces algunos hermanos son confundidos y llevados a decir que estamos en contradicciones o a increparnos quién es valiente y quién no. Estas cosas no deberían darse. Respeto la opinión del hermano Santiago Manuin, que creo más adelante va ir entendiendo la situación y la estructura de Aidesep, que tiene una gran fortaleza.
-¿Cómo ha afectado al movimiento indígena el descabezamiento de su dirigencia?
En un primer momento sintieron el vacío, pero inmediatamente se organizaron y comenzaron a trabajar con mucha fortaleza. Felizmente, los hermanos estaban preparados para afrontar este tema. Por eso es que no han podido dividir a la organización. Por el contrario, la organización está más fortalecida ahora.
La investigación por Bagua alcanza al presidente García
Mientras el gobierno lanzaba una nueva ofensiva contra Aidesep, la principal organización de las comunidades indígenas amazónicas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaba en Lima su informe sobre los violentos sucesos de Bagua. Soraya Gutiérrez, abogada colombiana y vicepresidenta de la FIDH, comenta los principales puntos de este informe.
-¿Qué responsabilidades ha determinado el informe de la FIDH sobre los violentos sucesos de Bagua?
-El informe recoge la percepción de los funcionarios, las víctimas y dirigentes de las comunidades indígenas. Analiza las causas estructurales que llevaron a los hechos de Bagua, señala la necesidad que se determine quién ordenó el operativo policial en la Curva del Diablo y que se establezcan las responsabilidades por lo ocurrido. Hemos concluido que este operativo policial, que llevó a la pérdida de 33 vidas, estuvo mal planeado. El hecho que haya habido 84 heridos con armas de fuego, indica que la forma de represión de la movilización fue de extrema gravedad y que hubo disparos directos contra la población civil.
-¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen el presidente García y los ex ministros Simon y Cabanillas en las muertes ocurridas en Bagua?
-Hay responsabilidad en el alto gobierno por esos hechos. Las responsabilidades no pueden quedar solamente en el comandante de la policía que estaba en el lugar. El Ministerio del Interior es el responsable del manejo del orden público y el presidente de la República es el comandante de las fuerzas militares y policiales y, por lo tanto, ahí también hay una responsabilidad. La investigación debe llegar a esos altos niveles.
-El operativo policial en la Curva del Diablo se produjo a pesar de que la población indígena ya había anunciado a las autoridades su retiro pacífico. ¿Qué han respondido sobre esto las autoridades peruanas con las que se han entrevistado en estos días?
-Las autoridades del gobierno con las que nos entrevistamos no han dado una respuesta a esa pregunta; han mantenido silencio.
-Ustedes denuncian torturas contra los detenidos. ¿Qué torturas han podido comprobar?
-Se ha comprobado que muchos detenidos fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Existen testimonios que señalan que varios detenidos fueron golpeados, amenazados con inyectarles sangre de los policías muertos. Hay abogados que señalan que recibieron testimonios de detenidos de que fueron inyectados. También se violó el debido proceso.
-El informe recoge testimonios que hablan de decenas de muertos y desaparecidos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ningún desaparecido y la Defensoría del Pueblo asegura que no hay desaparecidos. ¿La FIDH no descarta la posibilidad de que existan desaparecidos?
-El informe dice que hay versiones contradictorias sobre la magnitud de los hechos. El informe de la Defensoría que señala que no existen desaparecidos, da cuenta de unas 180 comunidades de las más de 300 comunidades que participaron en la movilización. Eso preocupa. Todavía se requiere avanzar más en la investigación para determinar si hay o no desaparecidos. La posibilidad de la existencia de desaparecidos sigue siendo un tema abierto. Hay hipótesis que dicen que las comunidades regresaron a sus lugares y no presentaron denuncias por temor a la estigmatización y judicialización que se dio. Investigar esto es parte de la responsabilidad tanto de la Comisión del Congreso como de la Comisión formada por las mesas de diálogo para investigar estos hechos.
-¿Cómo observan la actuación del Poder Judicial en este caso?
-Nos preocupa que la investigación del Poder Judicial se haya enfocado en la actuación de las comunidades indígenas y exigimos que se investigue todo lo ocurrido para llegar a un esclarecimiento integral, que significa establecer también responsabilidades de parte del gobierno en los hechos. Si hubo actuaciones irregulares de la fuerza pública, eso también debe ser investigado por las autoridades.
-En el título del informe de la FIDH se señala: “Urge abrir un diálogo de buena fe”. ¿Cree que el gobierno está actuando de buena fe en su diálogo con las comunidades indígenas?
-Situaciones como la judicialización de los dirigentes de Aidesep o el pedido de disolver esta organización, ponen en riesgo el proceso de diálogo y muestran que en el fondo no habría buena fe ni voluntad real del gobierno para esclarecer los hechos ocurridos en Bagua y dar respuestas de fondo a las peticiones de las comunidades indígenas. Hay mensajes del gobierno que no contribuyen a crear un clima de buena fe. Hacemos un llamado para que el presidente García rectifique la estigmatización y las acusaciones que ha hecho contra las comunidades indígenas, que alimentan la discriminación.
-¿Qué les han respondido las autoridades del gobierno ante este pedido para que el presidente García se rectifique?
-Algunos funcionarios nos han dicho que el gobierno ya se ha rectificado y que las mesas de diálogo son una forma de avanzar en ese proceso. Otros han dicho que las comunidades indígenas también deberían pedir perdón por lo ocurrido en Bagua. Hemos notado un ambiente de polarización y de tratar de resolver el tema de Bagua, que es muy grave, como si fuera el principio del problema, cuando no es el principio sino la consecuencia de una política de exclusión y discriminación contra las comunidades indígenas, de la falta de una política pública para proteger los derechos de las comunidades indígenas y de la ausencia de voluntad del gobierno de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano de respeto a los derechos de los indígenas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario