El gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) alcanzaron consensos en torno al proyecto de la ley de Aguas que tramita el legislativo, informó hoy la secretaria de Pueblos y Movimientos Sociales, Doris Soliz.
En un encuentro con la prensa extranjera, Soliz aseguró que la iniciativa, que a inicios de este mes enfrentó a los movimientos indígenas con el gobierno con resultado de un muerto y 40 policías heridos, prohíbe cualquier forma de privatización del líquido vital.
Los indígenas de Ecuador, que en los últimos doce años participaron en la caída de dos presidentes, protestan contra las políticas sobre petróleo, minería y agua.
La Conaie, principal organización indígena y ex aliada de Correa, se opone al proyecto de ley sobre agua por considerar que el recurso será privatizado al quedar bajo control de los sectores eléctrico y minero, lo que el gobierno niega.
También rechazó los planes oficiales para la explotación de la minería a gran escala y el petróleo en los territorios de los habitantes autóctonos.
Soliz expresó que el diálogo entre representantes del gobierno y la Conaie "va dando resultados positivos", pero la dirigencia indígena reclama que el control de los recusos hídricos quede en manos de las comunidades y no bajo una autoridad estatal, planteamiento que --según ella-- "no será negociable" bajo ninguna circunstancia.
La titular aclaró que el agua, como patrimonio nacional estratégico, es y será propiedad del Estado y sólo su "gestión" es exclusivamente pública o comunitaria y en ninguna circunstancia habrá gestión privada e individual de los recursos hídricos.
Según Soliz, el movimiento indígena "entendió" que la rectoría del agua la hará el Estado, a través de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), en consecuencia los recursos hídricos solo pueden ser usados o modificados previa autorización de la Autoridad Unica del Agua.
Tras presentar al movimiento indígena como un actor político importante, Soliz indicó que por razones de inequidad se ha dado un "acaparamiento" por parte de los grupos de poder en el manejo del agua.
Explicó que la nueva normativa no permite la privatización por lo que, a partir de su vigencia, todas las concesiones deberán canjearse por autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, conforme a cuatro prioridades que requiere el Estado, tales como: agua para consumo humano, soberanía alimentaria, ecología y al "final temas productivos".
Soliz reiteró que las recientes protestas indígenas no fueron por la ley de Aguas sino "una demostración de fuerza para que la Conaie pueda reconstituir su liderazgo", más aún cuando el gobierno no ha sido insensible a las demandas de los movimientos sociales.
Desde el comienzo de su mandato, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha tenido dificultades con el movimiento indígena, pese a que fue uno de sus respaldos electorales. Pero la aprobación de la ley de Aguas profundizó las diferencias y motivó movilizaciones en su contra.
Asimisimo, la funcionaria cuestionó que la Conaie se oponga a la Ley Minera, por considerar que implanta un modelo de explotación a gran escala que atenta contra el ambiente, contamina el agua y expolia las riquezas naturales del país sin dejar casi beneficio alguno a los ecuatorianos.
El gobierno considera que la industria extractiva de minerales es fundamental para el desarrollo del país y afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar sobre este tema con los indígenas.
Precisó que el gobierno ecuatoriano alista un reglamento para regular la minería a pequeña escala, aunque reveló que la preocupación principal del sector indígena es la distribución de las regalías por la extracción minera.
Para la Conaie, la ley Minera pone en peligro el agua, o la ley de Soberanía Alimentaria, que favorece monopolios agroalimentarios.
Los nativos, que representan un 35% de la población de Ecuador (de 14,1 millones) de acuerdo con organizaciones que los representan, se oponen a los planes oficiales para la explotación de la minería a gran escala y el petróleo en sus territorios.
La ministra Soliz reiteró que los diálogos con el sector indígena continuarán de manera permanente y con varias mesas de trabajo.
Durante este ciclo de conversaciones se espera que el gobierno y los nativos discutan sobre los puntos que hicieron estallar la crisis, entre ellos, un proyecto de ley sobre aguas, detonante de la protesta social más fuerte que ha enfrentado Correa desde que asumió el poder en enero de 2007.
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