Jorge Enrique Robledo, Bogotá,
enero 17 de 2014
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Quien haya recorrido en los
últimos meses a Boyacá y a los departamentos de los paros agropecuarios del año
pasado –Huila, Nariño, Antioquia, Cauca, Eje Cafetero, Valle, Santander,
Tolima, Meta– pudo notar dos fenómenos políticos. El primero, la gran amplitud
y magnitud de unas movilizaciones en las que se unieron campesinos, indígenas,
jornaleros y empresarios, al igual que productores de todos los sectores
–cafeteros, paperos, cacaoteros, paneleros, arroceros, ganaderos,
hortifruticultores. También fue de una amplitud sin antecedentes la solidaridad
con las protestas por parte de comerciantes, transportadores, educadores,
estudiantes, alcaldes, concejales y curas párrocos. Y cómo olvidar el muy
significativo y valeroso “importar alimentos es traición a la patria”, dicho
por monseñor Luis Augusto Castro, Arzobispo de Tunja, ciudad en la que los
cacerolazos hicieron historia.
El segundo fenómeno de 2013
consistió en que esas protestas fueron un grito de independencia política, como
el liberarse de las cadenas que ataban a las gentes a los congresistas que
ellas mismas habían elegido, porque consideran que estos tienen culpa en las malas
políticas y que, en vez de ponerse del lado del pueblo, se pusieron de parte de
Santos y del gobierno que irrespetó, calumnió y reprimió a los que luchaban.
“¿Dónde estaban cuando los necesitamos y por qué respaldan los TLC y las demás
malas orientaciones económicas y sociales?”, le reclaman con indignación a la
clase política.
En términos semejantes pueden
comentarse las también muy grandes jornadas de los calumniados y perseguidos
pequeños mineros que conmocionaron regiones como el Bajo Cauca antioqueño,
Chocó y Caldas.
Y la resistencia política se
mantiene en 2014. Es notorio el desgano y el rechazo de la ciudadanía para
votar por los congresistas por los que tradicionalmente ha votado –y por sus
candidatos a la Presidencia–, porque los acusan de no defenderla y de ser
causantes del desastre agrario y social de Colombia, desastre que solo el
cinismo oficial se atreve a negar y manipular.
En contraste, se volvieron
comunes las expresiones de cariño y respaldo –que incluye el propósito de votar
por ellos– hacia los dirigentes que han apoyado los reclamos democráticos y
rechazado las políticas de libre comercio que causan el desastre agrario que
Santos se empecina en no solucionar. Y como las ideas pueden ser contagiosas,
esta vez el repudio o el apoyo del electorado a los candidatos también está
dependiendo de su posición frente a los problemas del desempleo, la pobreza, la
salud y la educación.
Como la clase política es hábil
para arrear electores a las urnas con prácticas clientelistas y demagógicas
–vivezas que no tendrían ninguna opción sin los billones de pesos que para ese
fin ponen a su disposición el Presidente y los gobernadores y los alcaldes
santistas–, es seguro que intentarán encadenar y embozalar nuevamente a quienes
no quieren volver al redil y defienden su dignidad. El 9 de marzo se sabrá si
la politiquería retrocedió o se mantuvo.
Que aumente el voto libre, el
voto no amarrado, el voto no clientelista. Que se derroten las prácticas
electorales torcidas de quienes empobrecen a los colombianos con sus malos
gobiernos y además se aprovechan de esa pobreza para llevarlos a votar por los
mismos que gobiernan contra ellos. Que Colombia se libere de la idea absurda de
votar el domingo mal y querer que el lunes la gobiernen bien.
Si el 9 de marzo sufren una
derrota política Santos y los partidos santistas, ello les serviría mucho a los
agricultores y a todos los que luchan para que el gobierno les atienda sus
reclamos y cambie sus orientaciones económicas y sociales.
Coletilla: no deben descuidarse
las batas blancas ni todos los que el año pasado derrotaron al gobierno en su
objetivo de aprobar una pésima reforma a la salud, oculta tras el cambio del
nombre de las EPS. Porque ya el ministro Alejandro Gaviria advirtió que después
de las elecciones insistirá en aprobarla, cuando el santismo calcule que el
pupitrazo por el sí no les va a quitar votos en las elecciones. Ni un voto por
los defensores del negocio de las EPS.
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