Foto: Cuartoscuro.
El día que Rosa escuchó que su hija de siete años decía entre lágrimas que no valía la pena vivir porque sus padres amaban a un niño y ella era una niña decidió buscar apoyo.
Pronto entendió que tenía una hija transgénero cuya identidad sexual es la de una mujer pese a haber nacido en el cuerpo de un hombre, por lo que decidió iniciar la transición de sexo.
En junio pasado, la hija de Rosa —con diez años cumplidos— logró el cambio de identidad en California, Estados Unidos, donde reside actualmente. Sin embargo, se ha topado con diferentes obstáculos para hacerlo en México, su país de origen y en donde su familia suele pasar cada año el verano.
“Venimos cada año (a México) a recibir educación, porque son niños biculturales. (Este año) decidimos no inscribirla en un curso de verano porque no existe ninguna ley que la proteja, pero además, nos piden el CURP y a la hora de presentar el CURP no corresponde (…) Tengo algunas preguntas, ¿qué pasaría en esta ciudad si llega a requerir atención médica y no tenemos ninguna documentación mexicana que demuestra que es ella?, ¿qué pasa si llega a requerir educación social o vivienda?”, cuenta Rosa al dar su testimonio en el foro Derechos de personas transgénero desde la Infancia que organizó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
En el país, el trámite legal para la reasignación sexo-genérica sólo se puede realizar en el Distrito Federal tras la aprobación en 2008 de la Ley de Identidad Sexo Genérica que modificó el código civil.Sin embargo, según datos del Registro Civil del Distrito Federal de octubre de 2008 a la fecha sólo se han realizado 144 reasignaciones, de las que el 61% son de hombres que cambiaron su identidad a mujeres y el 22% de personas de otras entidades de la República como Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Durango, Michoacán, Estado de México, Aguascalientes y Tabasco.
Organizaciones civiles denuncian que la ley obliga a las personas transgénero a vivir un proceso judicial “tenebroso” en el que tienen que someterse a exámenes médicos y psicológicos para que el Estado reconozca su identidad.“No tienen que tenernos con psicólogos, no tienen que tenernos si no queremos llenas de hormonas para probar que no estamos enfermas mentales y podamos obtener nuestra identidad. Esto además se ha vuelto un negocio, porque resultamos ser una mercancía para quienes realizan los trámites”, dijo en entrevista Laura Sánchez, activista de la organización Prodiana.Actualmente, la ley exige peritajes sobre el estado de salud y tratamiento de la persona transgénero, con los que se confirma que se está realizando un proceso completo de cambio de identidad en beneficio del interesado para que un juez decida si concede o no las modificaciones de género en el acta de nacimiento, documento fundamental para cualquier trámite e identificación oficial en el país.
El Código Civil del DF indica que el juez determinará la reasignación sexo-genérica tras obtener “concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, y que puede incluir total o parcialmente: entrenamiento de expresión de género, administración de hormonas, intervenciones quirúrgicas y psicoterapia de apoyo”.
Los exámenes y peritajes que demuestran ante el juez los aspectos enlistados corren a cuenta de quien busca el cambio de identidad. las activistas denuncian que el proceso tiene un costo de al menos 30 mil pesos, inaccesible para la mayoría.La exigencia de las organizaciones a favor de los derechos de las personas transgénero es que el cambio de identidad sea un proceso administrativo que no requiera de peritajes, pero que además se incluya el acceso a servicios de salud pública con los que puedan iniciar el proceso de transición física.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) actualmente sólo tiene un programa de supervisión hormonal en la Clínica Condesa, especializada en el tratamiento de VIH-Sida, lo que para representantes de la comunidad transgénero implica un estigma y discriminación.
“La salud es un tema de bienestar físico pero también mental. Si nosotras tenemos una discordancia entre nuestra mente y nuestro cuerpo eso quiere decir que tenemos una condición que merece una atención en los servicios de salud pública sin estigmas, sin que se nos tache a todas y a todos de sexoservidores”, dijo en entrevista Daniela Esmeralda Vázquez Matías, vicepresidenta de la organización Almas Cautivas, dedicada a la atención de la comunidad transgénero en centros de reclusión.
Una iniciativa en la ALDF
Aunque no hay fecha para su presentación, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Vidal Llerenas, elabora una iniciativa cuya base es el cambio del proceso judicial por uno administrativo para lograr la reasignación sexo genérica, es decir, sin la presentación de pruebas ante un juez y sólo tras solicitud del interesado.
Según el legislador, es probable que la iniciativa “se quede corta” con las necesidades de la población transgénero, pero propondrá “un proceso más amigable” que además “sea viable aprobar” en ALDF.
Llerenas dice que es necesario “explorar” el tema de salud pública que implica más allá de las facultades del legislativo, pero indica que su propuesta es una iniciativa que contempla “lo que más pueda garantizar un mayor cumplimiento de derechos”.
Padres de familia y activistas transgénero también acusan que la legislación actual no toma en cuenta el derecho superior de la infancia.
Mariana, la mamá de Paola de 11 años, denunció que no ha podido completar el proceso de cambio de identidad porque su papá está en desacuerdo y se requiere la autorización de ambos para lograrlo.
“Que se respeten y que se ejerzan los derechos de los niños, mi hija a su once años ya puede elegir que ella desde hace más de dos años quiere llamarse Paola y no se puede llamar Paola porque el papá no lo permite”.
La encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013 indica que el 75% de la población de la capital del país cree que existe discriminación contra la población transgénero.Sin embargo, el Copred alerta que la discriminación podría ser todavía mayor, pues el 89% cree que es lo mismo ser transgénero que ser gay, lo que implica un “total desconocimiento” sobre la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual.
“La orientación sexual se refiere a la perdurable atracción física, romántica o emocional de un individuo hacia otra persona mientras que la identidad de género se refiere a su sentir de género de ser hombre o mujer o algo más”, explicó Iván Pérez, director de Cultura por la No Discriminación de Copred.
Para la comunidad transgénero lo ideal es no tener que someterse ni a un juicio ni a peritajes para poder obtener su identidad.
Gloria Hazel Davenport, directora de los programas de Derechos Humanos, Género y Sexualidad de la organización civil Prodiana, dijo en este foro organizado por Copred que los legisladores están obligados a armar una iniciativa tomando en cuenta las recomendaciones hechas por la comunidad transgénero y acusó a Llerenas de armar una propuesta sin contemplarlas.
La activista dijo que es momento de que las personas transgénero dejen de morir sin una identidad o tras haber sido desfalcadas para pagar peritajes y pruebas que les permitan acceder a un derecho.
“Hemos visto morir a compañeras que no pueden tener un nombre en el certificado de defunción. Basta de lápidas en blanco, de lápidas sin nombre”.
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