GUATEMALA.- La noche del 7 de septiembre de 2013, actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15,
entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad,
los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los
pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde
2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial
desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su
territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".
La resistencia de La Puya
Los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se vienen
organizando desde el año 2010 en un movimiento social de resistencia
frente a los impactos que identifican y en base a derechos reconocidos
en Guatemala. En el 2011 se inició la construcción de la Mina "El
Tambor" -proyecto minero Progreso Siete Derivada- operada por la empresa
norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la guatemalteca
Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso se vio paralizado por la resistencia pacífica de los pobladores de ambos municipios.
Desde
marzo de 2012, el plantón pacifico en La Puya -el nombre con el que se
conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el
principal instrumento que el movimiento de resistencia ha desarrollado
frente al proyecto de minería. Dicho plantón se inició a raíz de que un
vecino impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras
personas del lugar. Desde entonces, vecinos y vecinas mantienen una
presencia continua en La Puya. Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala,
logrando hasta la fecha poner en cuestión la proyección minera en el
área y evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están
de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a
pueblos cercanos potencialmente afectados por la minería, forma parte de
la resistencia.
La comunidad de San José Nacahuil ha participado desde un inicio en este movimiento,
habiendo participado en distintas acciones de resistencia pacífica
(recientemente, impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa
distribuidora de electricidad).
El proceso de intimidación previo y las alertas comunitarias
El movimiento de resistencia pacífica de La Puya alertó en un
comunicado que desde el 31 de agosto que los activistas contra la
minera estaban siendo intimidados por la PNC, comprobándose la presencia de patrullas que no son de la jurisdicción a esos municipios. Ante estos hechos, representantes
del movimiento acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH), y presentaron una queja al Secretario del Director de la PNC,
para pedir explicaciones, sin que estas instancias pudieran justificar
la presencia irregular.
Los activistas señalan que, a partir de sus experiencia de resistencia pacífica, se han podido percatar de "que acciones como éstas sirven de preámbulo para ejecución de acciones represivas en contra de la resistencia:
intentos de desalojos o bien acciones intimidatorias en contra de
mujeres y hombres que hacemos parte de La Puya." En dicho comunicado
denuncian que "con estas acciones, queda
claro que las autoridades encargadas de la seguridad pública no tienen
conciencia social y en lugar de optimizar los recursos puestos a su
disposición para prevenir hechos delictivos, los están utilizando para
intimidar a las comunidades que estamos en pleno uso de nuestros
derechos."
La masacre del 7 de septiembre de 2013
Como relata el comunicado emitido por la comunidad y por distintas
organizaciones sociales, el 7 de septiembre a las 22:45 horas ingresó
una patrulla policial a las comunidad, "revisando tiendas de productos
diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los
propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y
registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas", en
una actitud que no es usual en Nacahuil -cabe recordar que la seguridad
interna está en manos de las autoridades comunitarias, una vez
decidieron expulsar a la PNC en el año 2005-. Poco tiempo después,
ingresó al pueblo un grupo armado a bordo de un coche no
identificado, que disparó indiscriminadamente sus armas en las
principales calles de la comunidad, "con mayor atención a los
negocios que estaban abierto a esa hora". El saldo que dejaron fue de al
menos 11 personas muertas, y 15 gravemente heridas, entre ellas, dos
niñas.
Si bien diferentes medios de comunicación adjudicaron en las primeras
horas, la masacre a un enfrenamiento de pandillas, esta versión fue
tajantemente negada por las autoridades comunitarias de Nacahuil, que
denuncian la manipulación de los medios, rechazaron las declaraciones
del Ministerio de Gobernación y exigen que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar el territorio. Recuerdan también que los índices de criminalidad en la comunidad se redujeron desde que la PNC fue expulsada, en 2005.
Estos hechos se dan a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre de 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y en el marco de un proceso de criminalización de los movimientos sociales y de militarización de los territorios indígenas que ha dado lugar a la declaratoria de dos estados de sitio para defender los intereses de las transnacionales.
Más información:
- Boletín "La Puya en Resistencia. Haciendo frente a la explotación de la tierra", de Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
- Artículo "Consternación y dolor por masacre contra pobladores de San José Nacahuil", en ComunitariaPress.
- Comunicado Urgente de las autoridades comunitarias y las organizaciones sociales de San José Nacahuil.
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