A las organizaciones sociales del Ecuador,
Al pueblo ecuatoriano,
A las organizaciones sociales internacionales,
A la opinión pública internacional.
El
Estado ecuatoriano acaba de sentenciar a los compañeros Pepe Acacho y
Pedro Mashiant, a 12 años de prisión por sabotaje y terrorismo.
El
movimiento indígena ha denunciado constantemente la situación de una
sistemática violación de los Derechos Humanos y criminalización de la
protesta social. Pero no hemos sido sólo nosotros, esta denuncia también
es ratificada por organismos internacionales; de la misma manera el
veedor internacional a la reestructuración de la Administración de
Justicia del Ecuador, Baltazar Garzón, evidenció la incompatibilidad de
las leyes ecuatorianas con lo vigente en el Derecho Internacional
respecto a los delitos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”, y que la
función judicial está utilizando para enjuiciar a dirigentes sociales y
críticos del gobierno.
Los
compañeros Pepe Acacho y Pedro Mashiant no han cometido delito de
sabotaje y terrorismo. Los compañeros no actuaron por iniciativa
personal, ellos cumplían un mandato de las organizaciones de los pueblos
y nacionalidades indígenas. Tampoco se movilizaron, ni ellos ni el
movimiento indígena, para destruir bienes públicos o derrocar al
gobierno. Los objetivos públicos de la movilización fueron: defender los
territorios comunitarios de la destrucción ocasionada por las empresas
transnacionales petroleras y mineras, y exigir una Ley de Aguas que
desprivatice y redistribuya el recurso
hídrico.
Sólo
las dictaduras más violentas y los gobiernos más neoliberales han
considerado estas luchas como delitos. Ecuatorianos y ecuatorianas
¿ustedes creen que este proceso judicial y la sentencia a 12 años de
prisión contra dirigentes sociales se da por iniciativa de un poder
judicial independiente?, ¿acaso se trata de una causa de estricto
derecho?
El
gobierno ecuatoriano, para justificar la criminalización de la protesta
social, repite que “se persiguen delitos y no personas”. ¿Acaso hemos
visto algún banquero o ex funcionario público responsable del feriado
bancario juzgado o preso?, ¿acaso algún ex funcionario de los gobiernos
neoliberales, responsables de las privatizaciones, de la dolarización,
de la infame e ilegitima deuda externa está preso? La respuesta
obviamente es NO. En estos casi siete años de la llamada revolución
ciudadana no hemos visto a ninguno de esos personajes presos, pero si
tenemos a dirigentes sociales críticos al régimen enjuiciados,
sentenciados y presos; y no se ha reparado si son jóvenes, adolecentes,
mujeres; basta con que sean opositores al régimen.
El
caso de los jóvenes estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito
muestra de manera descarnada la falta de independencia de la Función
Judicial. Los estudiantes fueron sobreseídos porque la Justica no pudo
encontrar pruebas del delito de rebelión, pero el Presidente de la
Republica exigió que se les vuelva a juzgar y así lo hicieron; y los
jóvenes estudiantes fueron sentenciados.
¿Por
qué se acusa y condena a dirigentes sociales? Porque es evidente que el
principio del derecho no les importa en lo más mínimo. Lo que les
importa es defender “la razón de Estado”, y para eso necesitan un grupo
de víctimas en quienes hacer sentir y ejemplificar el peso del poder, de
su poder. Pero también necesitan aniquilar cualquier oposición popular
de izquierda, porque les es necesario tener las manos libres para
reacomodar las fuerzas de arriba, acordar alianzas con las viejas y
nuevas oligarquías. Para eso sólo necesitan ciudadanos votantes,
electores; los pueblos organizados les estorban, y lo más grave: les
causan miedo.
Como
CONAIE rechazamos y denunciamos la condena judicial de los compañeros
Pepe Acacho y Pedro Mashiant. Nuestra lucha es por la construcción del
Estado Plurinacional, por la revolución agraria, por la desprivatización
y la redistribución del agua; no solo para los indígenas, sino para
todos y todas. Y en este camino, la defensa de estos compañeros, y de
todos los procesados y sentenciados, es parte de nuestra lucha.
Estos
actos de violencia política contra nuestros dirigentes y dirigentas,
contra nuestras organizaciones no nos detendrán; nos retan a seguir el
camino de la unidad.
Por el
Consejo de Gobierno
Humberto Cholango
PRESIDENTE
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