El éxito de la primera Iniciativa Ciudadana Europea, que ya ha recogido más de millón y medio de firmas, y los procesos de remunicipalización en importantes ciudades de la UE consiguen sacar el agua de la directiva comunitaria que regula las concesiones
La Inciativa Ciudadana Europea ha recogido ya 1,5 millones de firmas para que el agua sea considerada un derecho humano en Europa. AFP
Es un paso. Uno importante, al menos, en un camino donde los intereses comerciales
y las contradicciones internas ejercen como principales obstáculos
hacia la consideración del agua como un derecho humano alejado de las
manos empresariales.
Pero a veces la presión social gana el pulso. El propio comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, tuvo que reconocerlo hace pocos días cuando decidió que el agua no formará parte de la directiva comunitaria que pretende regular los contratos entre las administraciones y compañías privadas para la concesión de servicios públicos como la energía, los transportes o los servicios postales.
Gran parte del éxito se debe al más de millón y medio de firmas recogidas en la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), el equivalente a una iniciativa legislativa popular a nivel comunitario, que pretende que Bruselas reconozca el agua como un derecho humano, tal y como fue declarada por la ONU en 2010 y que se comprometa así a garantizar el agua y el saneamiento a todos los ciudadanos europeos. Sus promotor, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, junto a otros muchos colectivos, ha conseguido ya superar con creces el millón de firmas que se necesitan para presentar la propuesta, pero pretenden llegar a los dos millones antes del 9 de septiembre.
"Entiendo perfectamente por qué los ciudadanos están tan enfadados y molestos cuando se les dice que sus servicios de agua podrían ser privatizados en contra de su voluntad. Yo me sentiría de la misma manera si ese riesgo existiese", afirma Barnier en su declaración sobre la exclusión. No obstante, el comisario defiende que la directiva no era un intento de la UE para privatizar el agua "por la puerta trasera", sino un mecanismo para "mejorar la seguridad legal" de los contratos y "asegurar la transparencia" y la "igualdad de trato" en el seno del mercado interno. Los grupos por la defensa del agua pública en Europa veían en la medida, en cambio, una vía sin retorno a convertir el recurso en un lucrativo negocio.
"En principio es una buena noticia", señala Pedro Arrojo, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del comité ciudadano de la ICE. "Se estaba forzando a la liberalización. Lo que se persigue es que haya una regulación, pero que quede fuera del mercado, que sea un servicio sin ánimo de lucro", añade en conversación con este diario.
"Nos vemos avocados a acudir a la Unión Europea que, sin embargo, nos está estrangulando en todos los sentidos. ¿Nos va a defender la UE? Lo dudo mucho, pero utilizamos los cauces democráticos a nuestro alcance", afirmó Francisco Caño, portavoz de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, durante la presentación de las más de 13.700 firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea recogidas en Madrid.
"El acto es una señal de stop. Está diciendo a los estados que se equivocan" En la práctica, cada estado es soberano para decidir sobre la venta o no de sus servicios públicos, así que la medida no prohíbe que la gestión del agua se siga derivando a empresas privadas, pero de un modo significativo reconoce que el agua no es un recurso que debería ser sometido a los interese particulares.
"El acto es una señal de stop. Está diciendo a los estados que se están equivocando con la privatización del agua y ahora tenemos en la Comisión a un aliado en caso de que la ICE sea aprobada", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
España, sin embargo, nada a contracorriente. Aquí los procesos de privatización han sufrido un acelerón a consecuencia de la crisis.
Según los cálculos de AEOPAS, el porcentaje de población abastecida por
sociedades privadas supera el 50% y se calcula que pueda alcanzar el
57% en lo que queda de año. Desde la asociación temen que la reforma local que prepara el Gobierno multiplique esta tendencia. Según un primer análisis realizado, la aplicación de la reforma podría suponer la disolución de 585 empresas públicas
de diferentes servicios, que según sus cálculos destruiría más de
30.000 empleos y una cifra de negocio de más de 3.075 millones de euros.
Además, al contrario de lo que sucede en la mayoría de países europeos, donde los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control, en España no existe un órgano regulador para los precios ni las inversiones. El canon concesional (el dinero que las empresas pagan a los ayuntamientos a cambio de hacerse con la gestión del servicio del agua) está viciando el sistema y desatando las irregularidades, dado que el proceso no garantiza que esa cantidad vaya a ser reinvertida en el propio ciclo hidráulico.
En España, más del 50% de la población se abastece de empresas privadas En un informe de la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, la ONU advertía de que "los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros fines oficiales".
Pero a veces la presión social gana el pulso. El propio comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, tuvo que reconocerlo hace pocos días cuando decidió que el agua no formará parte de la directiva comunitaria que pretende regular los contratos entre las administraciones y compañías privadas para la concesión de servicios públicos como la energía, los transportes o los servicios postales.
Gran parte del éxito se debe al más de millón y medio de firmas recogidas en la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), el equivalente a una iniciativa legislativa popular a nivel comunitario, que pretende que Bruselas reconozca el agua como un derecho humano, tal y como fue declarada por la ONU en 2010 y que se comprometa así a garantizar el agua y el saneamiento a todos los ciudadanos europeos. Sus promotor, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, junto a otros muchos colectivos, ha conseguido ya superar con creces el millón de firmas que se necesitan para presentar la propuesta, pero pretenden llegar a los dos millones antes del 9 de septiembre.
"Entiendo perfectamente por qué los ciudadanos están tan enfadados y molestos cuando se les dice que sus servicios de agua podrían ser privatizados en contra de su voluntad. Yo me sentiría de la misma manera si ese riesgo existiese", afirma Barnier en su declaración sobre la exclusión. No obstante, el comisario defiende que la directiva no era un intento de la UE para privatizar el agua "por la puerta trasera", sino un mecanismo para "mejorar la seguridad legal" de los contratos y "asegurar la transparencia" y la "igualdad de trato" en el seno del mercado interno. Los grupos por la defensa del agua pública en Europa veían en la medida, en cambio, una vía sin retorno a convertir el recurso en un lucrativo negocio.
"En principio es una buena noticia", señala Pedro Arrojo, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del comité ciudadano de la ICE. "Se estaba forzando a la liberalización. Lo que se persigue es que haya una regulación, pero que quede fuera del mercado, que sea un servicio sin ánimo de lucro", añade en conversación con este diario.
"Entiendo por qué los ciudadanos están tan enfadados", dice el comisario Barnier
Tienen
motivos para la desconfianza. La política seguida hasta el momento por
la Unión Europea no sólo ha consistido en dar alas a las intenciones
privatizadoras de los Estados miembros, sino que ha promovido la
externalización del servicio del agua como una de las imposiciones de la
Troika para la reducción del déficit público y la concesión de rescates
financieros a terceros países."Nos vemos avocados a acudir a la Unión Europea que, sin embargo, nos está estrangulando en todos los sentidos. ¿Nos va a defender la UE? Lo dudo mucho, pero utilizamos los cauces democráticos a nuestro alcance", afirmó Francisco Caño, portavoz de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, durante la presentación de las más de 13.700 firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea recogidas en Madrid.
"El acto es una señal de stop. Está diciendo a los estados que se equivocan" En la práctica, cada estado es soberano para decidir sobre la venta o no de sus servicios públicos, así que la medida no prohíbe que la gestión del agua se siga derivando a empresas privadas, pero de un modo significativo reconoce que el agua no es un recurso que debería ser sometido a los interese particulares.
"El acto es una señal de stop. Está diciendo a los estados que se están equivocando con la privatización del agua y ahora tenemos en la Comisión a un aliado en caso de que la ICE sea aprobada", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
La presión de Francia y Alemania
En la decisión de Barnier también han tenido que ver, y mucho, los procesos de remunicipalización que se están viviendo en importantes ciudades de Francia y Alemania, los dos bastiones de la política comunitaria. Al contrario de lo que está sucediendo en los países de la periferia europea, estos dos países, cuyos servicios de agua han estado en manos privadas durante muchos años, han decidido dar marcha atrás en el proceso y devolver a los ayuntamientos el servicio ante los malos resultados, el encarecimiento de los precios y el descuido en las instalaciones. París y otras 40 ciudades francesas comenzaron el proceso hace tres años. El alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, anunciaba a finales de junio que estaba en negociaciones para que el servicio del agua en la capital vuelva a ser de carácter público.
París, Berlín y otras ciudades están volviendo a la gestión pública
Además, al contrario de lo que sucede en la mayoría de países europeos, donde los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control, en España no existe un órgano regulador para los precios ni las inversiones. El canon concesional (el dinero que las empresas pagan a los ayuntamientos a cambio de hacerse con la gestión del servicio del agua) está viciando el sistema y desatando las irregularidades, dado que el proceso no garantiza que esa cantidad vaya a ser reinvertida en el propio ciclo hidráulico.
En España, más del 50% de la población se abastece de empresas privadas En un informe de la relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, la ONU advertía de que "los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros fines oficiales".
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