Como movimientos y organizaciones sociales consideramos que los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII) –como son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros tipos de acuerdos similares llamados de “asociación”– son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía y constituciones de las naciones, la democracia y el interés público.
Estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una "ley dura" y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional.
Por eso, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional como las luchas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación, los TBI y los TLC de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá con países llamados en vías de desarrollo; el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por su siglas en inglés); la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés). Asimismo, formamos parte de la Campaña continental contra los TBI y por una nueva arquitectura financiera y comercial, y de la Campaña global contra el poder corporativo, entre otras.
En este sentido, proponemos el avance de un marco legal de relaciones económicas internacionales alternativo, basado en principios democráticos, de solidaridad y justicia, y que priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses y las ganancias privadas. Este marco debe incluir obligaciones vinculantes para las empresas privadas y públicas respecto a los derechos humanos, económicos, laborales, sociales, y de respeto a la naturaleza. Se debe garantizar a los Estados sus derechos a la soberanía y la autodeterminación, incluyendo la posibilidad de implementar políticas públicas para la realización de esos derechos. En este contexto, cualquier acuerdo de inversiones también debe incluir a nivel interno de los Estados un mecanismo de participación pública y discusión democrática con representación de los sectores sociales involucrados.
Por tanto, las organizaciones firmantes:
• Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren a diario los impactos y consecuencias de la acción de las empresas transnacionales privadas y públicas. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de pueblos y gobiernos que han emprendido acciones concretas para impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su autodeterminación y los derechos de los pueblos.
• Manifestamos nuestro rechazo a las demandas de inversionistas y empresas transnacionales en tribunales internacionales, y particularmente a los fallos arbitrales multimillonarios en contra de los Estados; tribunales que en su inmensa mayoría sólo velan por los intereses del capital transnacional por sobre los intereses de los pueblos de los países demandados. Reiteramos nuestra solidaridad con los pueblos y países afectados, junto a nuestro reclamo de que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar o renovar los diversos acuerdos y tratados que los someten ilegítimamente a jurisdicciones extranjeras o a imposiciones que conculcan derechos.
• En ese mismo espíritu, saludamos la realización de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por los intereses transnacionales, realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, y mantenemos la esperanza de que sea una iniciativa que prospere en función de la necesidad urgente de poner fin a las inversiones transnacionales de capitales privados o públicos que no contribuyan al buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.
• Tomamos nota de las diversas propuestas incluidas en la Declaración final de esa Conferencia, y respaldamos entre ellas la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales, y la búsqueda de acuerdos globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales; y nos comprometemos a contribuir a este proceso con nuestra experiencia, observaciones y recomendaciones.
Nos mantendremos vigilantes para que esto se concrete, aspirando a que esta iniciativa no se limite a corporaciones transnacionales privadas, sino que abarque también a las empresas transnacionales estatales, así como un mecanismo de reparación integral para con los pueblos y la naturaleza.
• Tomamos nota en particular que la Declaración hace referencia a la necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las organizaciones y movimientos sociales. Consideramos que tales mecanismos puedan ser un paso propicio hacia la creación y consolidación de un proceso de participación directa de los pueblos y movimientos, y ofrecemos el conocimiento y capacidad de nuestros movimientos y organizaciones acumulado durante décadas de trabajo para contribuir en la tarea planteada. Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo avanzar en la concreción de estos mecanismos.
• En ese mismo contexto de interlocución, solicitamos puntualmente se nos facilite la información relacionada con las propuestas que se están avanzando, como el mecanismo regional de solución de disputas inversor-Estado actualmente en negociación en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.
Véase las firmas de más de 120 redes, plataformas y organizaciones de cinco continentes en: http://www.enlazandoalternativ
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