Las organizaciones indígenas del sur del país se reunirán en asamblea mañana en la plaza San Roque de Cuenca para definir acciones frente a la explotación minera a gran escala que promueve el Gobierno a través de la reforma a la ley que rige al sector y que esta tarde entrará a su segundo debate en la Asamblea Nacional.
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que para este encuentro están convocados los integrantes del movimiento de las provincias de Cañar, Azuay, Loja y Zamora.
Pese a que aún esperan revisar el informe para segundo debate de la Ley Minera, anotó Cholango, en el movimiento indígena no se descarta seguir acciones legales para cuando rijan las reformas.
Los recursos, estima Cholango, se presentarán en los tribunales locales e internacionales. El objetivo, aseguró, es obligar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a cumplir con lo que establece la Constitución: convocar a consulta prelegislativa antes de tomar una medida que afecte derechos colectivos.
“Agotaremos todas las vías legales en el país y si siguen ratificando (que no existe afectación colectiva y por tanto no hay consulta) iremos a vías internacionales”, agregó.
El dirigente indígena lamentó que la nueva Asamblea empezara sus labores “con una imposición, violentando, incluso, normas constitucionales”.
La Constitución reconoce y garantiza ese derecho comunal en el numeral 7 del artículo 57, cuando establece que la consulta previa, libre e informada debe realizarse dentro de un plazo razonable y sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables.
Cholango recordó que en la Carta Magna se dispone además que la consulta se deberá realizar cuando la extracción de los recursos “puedan afectar ambiental o culturalmente” a las comunidades.
El dirigente lamentó que a pesar de que varios grupos sociales presentaron argumentos en la Asamblea Nacional sobre la afectación de derechos, hasta ahora “no ha habido respuesta oficial por escrito”.
En la asamblea de mañana, las comunidades indígenas del sur del país analizarán otros proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento y que involucran a su sector. Entre ellos: los de Aguas, Tierras y Ley de Comunicación.
Juan Auz, de la Fundación Pachamama, consideró que “no hubo un proceso de buena fe, pues no buscó integrar los criterios de los afectados en temas mineros”.
Explicó que se puede presentar una acción constitucional frente a la aprobación de las reformas a la Ley Minera, pero el problema que él observa, “es que ya hubo una sentencia por parte de la Corte Constitucional en torno a la ley; ahí se enumeran los pasos a seguir para ejercer una correcta aplicación de la consulta prelegislativa y eso ni siquiera se hizo”.
En tanto, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de la Minería, se mostró satisfecho con el trámite que se ha dado a las reformas, cuyo informe para segundo y definitivo debate fue aprobado la noche del jueves pasado en la Comisión de Régimen Económico.
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