Tatiana Félix
Periodista de Adital
Adital
"Tenemos conciencia
de que nuestras protestas no fueron suficientes para que se haga justicia; de
que los acuerdos continuarán siendo incumplidos por los promotores de Belo
Monte, y de que los desafíos para 2013 serán aún mayores”. Ésta es una síntesis
del análisis que el Movimiento Xingú Vivo para Siempre hace de las luchas y acciones
realizadas durante 2012, contra la construcción de la usina hidroeléctrica Belo
Monte, en el río Xingú, en Altamira, Pará (norte de Brasil), y los innumerables
impactos ambientales y violaciones de derechos humanos que la obra produce en
los pueblos de la región.
"Pero, comunicamos a Brasil y al mundo que Belo Monte no es un hecho consumado, que sólo el 15% de las obras se realizaron y que tenemos el deber de parar este desastre”, continua diciendo el Movimiento Xingú Vivo, demostrando la determinación de seguir la lucha contra Belo Monte e indicando que las movilizaciones continuarán con fuerza en 2013.
Haciendo un balance de las acciones de 2012, Xingú Vivo recuerda que el año comenzó con la campañaBelo Monte: ¡con mi dinero no!, que fue contra la participación de los bancos públicos y privados en el financiamiento de la obra. También en enero fue protagonizada la primera manifestación en la represa provisoria de Pimental, lugar donde la empresa responsable de la construcción de Belo Monte, la Norte Energía S.A, hizo la primera barrera del Xingú.
Comprobando una de las irregularidades del proyecto, en marzo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una nota técnica reforzando la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Ministerio Público Federal (MPF) "sobre la violación de la Constitución Federal brasilera y de la Convención 169 de la OIT al no realizar las consultas indígenas”.
La muerte de un obrero, a fines de marzo, motivó la primera huelga de los trabajadores de la construcción de la usina, acto que recibió fuerte represión policial. En abril, el gobierno brasilero fue nuevamente notificado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para "prestar declaraciones” sobre la situación de las comunidades tradicionales y las escuchas a los indígenas.
En junio, en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20, activistas, ambientalistas y damnificados por la Belo Monte, realizaron el evento Xingú+23, evento que ocurrió 23 años después del encuentro que paró el proyecto de construcción de la barrera del río en 1989 y que tuvo el objetivo de llamar la atención sobre los impactos y violaciones que están ocurriendo en el Xingú y su entorno.
De acuerdo con informaciones del Movimiento Xingú Vivo, en la ocasión del evento, ribereños, pescadores e indígenas "ocuparon una de las represas provisorias de Belo Monte y cavaron un canal que liberó el flujo del río, para que volviese a correr libremente”. "La ocupación indígena de la barrera provisoria continúa en julio, apoyada por decisión de la Justicia, y el MPF pide la anulación de la licencia de Belo Monte”, relató el movimiento.
Pero fue en el mes de agosto que ocurrió la que es considerada la "primera gran victoria jurídica”, cuando "el Tribunal Regional Federal de la 1ª región (TRF-1) invalida la licencia de la hidroeléctrica, paraliza las obras y habla de la dictadura del gobierno”. Sin embargo, días después, conforme relata el movimiento, "la Abogacía General de la Unión apela en el Supremo Tribunal Federal, que derriba, provisoriamente, la decisión del TRF1, pero la acción judicial continua en el STF para juzgamiento de mérito”.
Los meses de septiembre y octubre estuvieron caracterizados por protestas y ocupación en la represa provisoria de Pimental, actos que consiguieron paralizar la obra por casi un mes.
En noviembre, con el apoyo de otras organizaciones, el Movimiento Xingú Vivo lanza la campañaBelo Monte: ¡Justicia Ya!, que tiene el objetivo de presionar al Judicial "en la votación de las más de 50 acciones contra la hidroeléctrica que todavía están pendientes en las tres esferas del Judicial”.
En diciembre, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los resultados de una medición independiente de la llamada cota 100 (límite de altura de 100 metros arriba del nivel del mar), ya que por debajo de esa altura, puede haber llenado permanente sólo después de la construcción de la usina, y entonces todos los inmuebles tienen que ser retirados; se constató que el número de 16 mil personas desplazadas, relevadas por el consorcio Norte Energía S.A. no concuerda con la realidad. El informe independiente prevé que más de 25 mil personas pueden ser desplazadas, que son 9 mil más que lo previsto en el Estudio de Impactos.
A causa de este error, el MPF entró en la Justicia contra la Norte Energía y pide que la empresa sea obligada a registrar a todos los habitantes del perímetro urbano de Altamira ubicados en la cota 100 y por debajo. Además, la empresa puede ser obligada a evaluar los inmuebles, presentar los valores indemnizatorios y ofrecer la opción de reasentamiento a aquellos que no acepten la indemnización en dinero.
El 10 de diciembre, cerca de 150 personas protestaron frente a la sede de la Justicia Federal en Altamira, exponiendo los 56 procesos contra Belo Monte y en defensa de los derechos de las poblaciones del Xingú, que esperan el juzgamiento. Día tras día, las movilizaciones demuestran la fuerza de los pueblos, con solidaridad de activistas de varios países, para parar la obra de Belo Monte.
Para Antonia Melo, integrante de la coordinación del Movimiento Xingú Vivo para Siempre "una de las mayores expectativas [para 2013] es ver a Belo Monte cancelada por el STF (Supremo Tribunal Federal) debido a la gran cantidad de irregularidades y delitos contra los derechos humanos socioambientales. Ver el pueblo ocupando las calles de este país contra la muerte y destrucción de las obras del PAC”.
Siga la lucha del Movimiento Xingú Vivo para Siempre contra Belo Monte por el sitio webwww.xinguvivo.org.br y también en facebook
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
"Pero, comunicamos a Brasil y al mundo que Belo Monte no es un hecho consumado, que sólo el 15% de las obras se realizaron y que tenemos el deber de parar este desastre”, continua diciendo el Movimiento Xingú Vivo, demostrando la determinación de seguir la lucha contra Belo Monte e indicando que las movilizaciones continuarán con fuerza en 2013.
Haciendo un balance de las acciones de 2012, Xingú Vivo recuerda que el año comenzó con la campañaBelo Monte: ¡con mi dinero no!, que fue contra la participación de los bancos públicos y privados en el financiamiento de la obra. También en enero fue protagonizada la primera manifestación en la represa provisoria de Pimental, lugar donde la empresa responsable de la construcción de Belo Monte, la Norte Energía S.A, hizo la primera barrera del Xingú.
Comprobando una de las irregularidades del proyecto, en marzo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una nota técnica reforzando la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Ministerio Público Federal (MPF) "sobre la violación de la Constitución Federal brasilera y de la Convención 169 de la OIT al no realizar las consultas indígenas”.
La muerte de un obrero, a fines de marzo, motivó la primera huelga de los trabajadores de la construcción de la usina, acto que recibió fuerte represión policial. En abril, el gobierno brasilero fue nuevamente notificado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para "prestar declaraciones” sobre la situación de las comunidades tradicionales y las escuchas a los indígenas.
En junio, en preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20, activistas, ambientalistas y damnificados por la Belo Monte, realizaron el evento Xingú+23, evento que ocurrió 23 años después del encuentro que paró el proyecto de construcción de la barrera del río en 1989 y que tuvo el objetivo de llamar la atención sobre los impactos y violaciones que están ocurriendo en el Xingú y su entorno.
De acuerdo con informaciones del Movimiento Xingú Vivo, en la ocasión del evento, ribereños, pescadores e indígenas "ocuparon una de las represas provisorias de Belo Monte y cavaron un canal que liberó el flujo del río, para que volviese a correr libremente”. "La ocupación indígena de la barrera provisoria continúa en julio, apoyada por decisión de la Justicia, y el MPF pide la anulación de la licencia de Belo Monte”, relató el movimiento.
Pero fue en el mes de agosto que ocurrió la que es considerada la "primera gran victoria jurídica”, cuando "el Tribunal Regional Federal de la 1ª región (TRF-1) invalida la licencia de la hidroeléctrica, paraliza las obras y habla de la dictadura del gobierno”. Sin embargo, días después, conforme relata el movimiento, "la Abogacía General de la Unión apela en el Supremo Tribunal Federal, que derriba, provisoriamente, la decisión del TRF1, pero la acción judicial continua en el STF para juzgamiento de mérito”.
Los meses de septiembre y octubre estuvieron caracterizados por protestas y ocupación en la represa provisoria de Pimental, actos que consiguieron paralizar la obra por casi un mes.
En noviembre, con el apoyo de otras organizaciones, el Movimiento Xingú Vivo lanza la campañaBelo Monte: ¡Justicia Ya!, que tiene el objetivo de presionar al Judicial "en la votación de las más de 50 acciones contra la hidroeléctrica que todavía están pendientes en las tres esferas del Judicial”.
En diciembre, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los resultados de una medición independiente de la llamada cota 100 (límite de altura de 100 metros arriba del nivel del mar), ya que por debajo de esa altura, puede haber llenado permanente sólo después de la construcción de la usina, y entonces todos los inmuebles tienen que ser retirados; se constató que el número de 16 mil personas desplazadas, relevadas por el consorcio Norte Energía S.A. no concuerda con la realidad. El informe independiente prevé que más de 25 mil personas pueden ser desplazadas, que son 9 mil más que lo previsto en el Estudio de Impactos.
A causa de este error, el MPF entró en la Justicia contra la Norte Energía y pide que la empresa sea obligada a registrar a todos los habitantes del perímetro urbano de Altamira ubicados en la cota 100 y por debajo. Además, la empresa puede ser obligada a evaluar los inmuebles, presentar los valores indemnizatorios y ofrecer la opción de reasentamiento a aquellos que no acepten la indemnización en dinero.
El 10 de diciembre, cerca de 150 personas protestaron frente a la sede de la Justicia Federal en Altamira, exponiendo los 56 procesos contra Belo Monte y en defensa de los derechos de las poblaciones del Xingú, que esperan el juzgamiento. Día tras día, las movilizaciones demuestran la fuerza de los pueblos, con solidaridad de activistas de varios países, para parar la obra de Belo Monte.
Para Antonia Melo, integrante de la coordinación del Movimiento Xingú Vivo para Siempre "una de las mayores expectativas [para 2013] es ver a Belo Monte cancelada por el STF (Supremo Tribunal Federal) debido a la gran cantidad de irregularidades y delitos contra los derechos humanos socioambientales. Ver el pueblo ocupando las calles de este país contra la muerte y destrucción de las obras del PAC”.
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Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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