Cada vez más los países centroamericanos siguen siendo ocupados y asediados por transnacionales que, en la búsqueda incansable de lucro, contaminan, desalojan y saquean con la implantación de proyectos mineros e hidroeléctricos. En el intento por impedir estas iniciativas y librar a los territorios ricos en biodiversidad de la ganancia de las grandes corporaciones, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc) – Vía Campesina y otras organizaciones sociales decidieron, una vez más, denunciar.
En El Salvador, la población está luchando contra la minera Pacific Rim, responsable de graves daños al territorio. Actualmente, la principal batalla es para que las actividades de la transnacional no contaminen la cuenca del río Lempa, que abastece casi a la mitad de la población. El Estado ha negado el permiso para la explotación, pero Pacific Rim interpuso una demanda de 120 millones de dólares contra el país en el Centro de Resolución de Conflictos de Inversiones (Ciadi), argumentando ‘expropiación de ganancias’.
A pesar de los conflictos y muertes de personas que luchaban contra la actuación de la empresa, la población organizada asegura que va a continuar luchando hasta que se consiga probar que la minería es una actividad incompatible con la situación de El Salvador. El país, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, está entre los diez más vulnerables de la tierra; tuvo una pérdida del 30% de la biodiversidad y es el país más deforestado del continente después de Haití, además de ser el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.
En Guatemala, la lucha es contra varias empresas que, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, utilizan indebidamente los bienes naturales y violan los derechos humanos de comunidades enteras. Como ejemplos, pueden ser citadas las luchas contra la mina Marlin, en Sipacapa, San Marcos; y contra la empresa de caña Chabil Utzaj, ubicada en Valle del Polochic, territorio Queqchi de donde fueron retiradas cerca de 800 familias en marzo de 2011.
En Costa Rica, la población también sufre por las desocupaciones forzadas y la destrucción de bosques para dar espacio al monocultivo de ananá, que está expandiéndose cada día más por el país. Las familias que resisten y se quedan en las tierras de interés de las empresas productoras tienen que firmar un contrato asegurando que van a continuar plantando y vendiendo el ananá a la empresa. La implicancia de este monocultivo es la contaminación de los mantos acuíferos y perjuicios a la salud de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.
Una de las luchas panameñas es contra la empresa minera Petaquilla Gold, que con su trabajo ya destruyó regiones de manglar en el distrito de Denoso, causó la muerte de peces y realizó la persecución y asesinato de líderes comunitarios. Actualmente, además de las explotaciones que ya son realizadas con el apoyo del gobierno de Ricardo Martinelli, existen solicitudes de concesiones para más del 43% del territorio panameño.
En Honduras, los movimientos sociales descubrieron que la población estaba siendo engañada por el gobierno, que enmascaraba los perjuicios causados por las empresas mineras. Vía Campesina revela que la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar del Reino Unido, con sede en Londres, realizó una investigación con el apoyo de especialistas y descubrió documentos oficiales que revelan la contaminación de aguas causada por la empresa Entremares, perteneciente a la minera canadiense Goldcorp.
El resultado de la contaminación ya puede ser visto hoy por alteraciones en la piel, en el cráneo, en problemas en las vías respiratorias y en el útero, en el caso de las mujeres. Especialistas aseguran que la contaminación durará, por más de 100 años.
Éstas y otras varias empresas instaladas en los países de América Central causan daños irreparables a la población y al medio ambiente, como destrucción de bosques, contaminación del agua, del aire y enfermedades respiratorias y alérgicas. También son comunes las violaciones de los derechos laborales con pago de bajos salarios, tratamiento indigno a los/las trabajadores/as e irrespeto de las jornadas de trabajo y garantías sociales. Otro problema es la criminalización y la persecución de los pueblos que se organizan para luchar contra los saqueos de las empresas transnacionales.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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