En vísperas del 81º Período de Sesiones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Cerd), que se llevará a cabo del 6 al 31 de agosto y que tendrá a Ecuador como uno de los países analizados, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi) y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari) presentaron un informe denunciando el incumplimiento de la ‘Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial’ en el país.
El 81º Período de Sesiones del Cerd, de las Naciones Unidas, va a ocurrir en Ginebra, Suiza. Durante los 25 días serán analizados varios países. El estado ecuatoriano será examinado del 7 al 9 de agosto. Aprovechando la oportunidad, organizaciones indígenas editaron un informe alternativo con denuncias, recomendaciones y sugerencias de preguntas que el Cerd puede hacer al Estado.
Caoi y Ecuarunari recuerdan que la Constitución de la República reconoce plenamente la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y del pueblo Montubio como parte integrante del Estado ecuatoriano. Y además que el Estado firmó casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
A pesar de ello, al hacer un balance de la cuestión gubernamental desde la promulgación de la nueva Constitución (2008) hasta este momento, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador concluyeron que en vez de progresar en la conquista de derechos, ellos están, en realidad, atravesando un proceso de regresión y vaciamiento de contenido del disfrute de sus derechos constitucionales y humanos.
Por ejemplo, uno de los problemas citados en el informe alternativo es el riesgo que corren, varias instituciones estatales vinculadas a la problemática de los pueblos indígenas, de desaparecer con la aprobación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que está siendo debatida en la Asamblea Legislativa. Para los pueblos indígenas, el proyecto de ley pretende desconocer los avances de los últimos 25 años en materia de ejercicio de los derechos colectivos.
Otro reclamo es que las disposiciones constitucionales que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios no se cumplen, sobre todo cuando se refieren a derechos territoriales y al derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado cuando se trata de la aplicación de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos directamente.
"Como consecuencia de ese proceso de regresión y vaciamiento de contenido de derechos, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador vivimos actualmente un clima de persecución policial y judicial, en el que nuestros dirigentes están acusados de sabotaje y terrorismo, fenómeno que se ha dado en llamar la criminalización de la protesta social”, denuncian en el informe.
Para hacer frente a estos problemas, los pueblos indígenas hicieron recomendaciones, siendo la primera de ellas el cumplimiento, por parte del Estado, de todos los derechos individuales y colectivos presentes en la Constitución de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y Montubio y el cumplimiento de todos los instrumentos internacionales firmados, como el Convenio 169 de la OIT.
Otro pedido es que el Estado respete el derecho constitucional a la resistencia y que termine con la persecución de sus dirigentes, así como que archive todos los procesos penales basados en delitos inexistentes de sabotaje y terrorismo.
Caoi y Ecuarunari también recomiendan que el Estado ecuatoriano propicie un amplio debate, con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, para que de forma conjunta se elabore, apruebe y ponga en vigencia una Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, así como una Ley de coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena "desde una perspectiva intercultural y en la que se garantice equidad y no subordinación entre ambas jurisdicciones”.
Además de las recomendaciones, en el informe también se sugieren preguntas que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial puede hacer al Estado ecuatoriano. Entre ellas: ¿qué ganarían los pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador con la supresión y eliminación de su institucionalidad indígena conseguida a través de muco tiempo y ejemplificada en el CODENPE, DNSI, DINEIB y FODEPI?, y ¿cómo se justifica la criminalización de la protesta social indígena cuando en la Constitución vigente se encuentra establecido el derecho a la resistencia y en el Código Penal vigente no está tipificado el delito de "terrorismo”?
Para leer completo el informe de las organizaciones indígenas, haga click AQUÍ.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario