A 24 horas de celebrarse en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional (AI) emitió un documento público en el cual demanda que los gobiernos deben dejar de imponer proyectos de desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas y respetar el derecho a la consulta previa de acuerdo con los estándares internacionales.
De acuerdo con el documento, para AI es fundamental que los Estados y otros agentes poderosos inicien con los pueblos indígenas sólidos procedimientos de consulta en todas las ocasiones en relación con cualquier actividad que se realice en sus territorios o que afecte a dichos territorios. En toda América hay muchos ejemplos en los que esta consulta no se realiza o se lleva a cabo mediante un procedimiento particular e incoherente, violando con ello las normas internacionales de derechos humanos.
Además de señalar el convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre la consulta a los pueblos originários, el documento aborda la cuestión de la criminalización de las protestas realizadas por los pueblos indígenas, que en los últimos años vienen exponiendo más su punto de vista y demandando sus derechos por la debida consulta, lo que muchas veces resulta en conflictos dejando, inclusive, persornas muertas y heridas.
Sobre ello, destaca que la consulta debe realizarse "sin hostigamiento, inseguridad ni violencia”. El documento señala textualmente que "los pueblos indígenas deben poder participar y tomar decisiones sin sentirse presionados por actores externos. Deben poder organizarse, buscar asesoramiento independiente y cuestionar a las autoridades y a otros poderosos actores sin temor a represalias tales como el hostigamiento judicial, las amenazas u otras formas de violencia”.
El documento cita casos específicos, pero que ocurren en toda América Latina, como en Colombia, Ecuador, Bolivia, en donde las consultas deben ser realizadas antes de cualquier implementación del proyectos que puedan interferir en la vida de las comunidades originales.
Para la organización humanitaria internacional es sumamente preocupante que las corporaciones multinacionales agraven los abusos contra los pueblos indígenas, pues "los gobiernos tienen la obligación de proteger a la población contra los abusos contra los derechos humanos cometidos por actores no estatales, también cuando estos derechos están amenazados por operaciones empresariales. Pero la incapacidad del gobierno de proteger los derechos humanos no exime a las empresas de cumplir con su responsabilidad”.
El documento completo en:
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