Adital
Para hacer pública la grave situación que afecta a más de 1000 docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se hizo una convocatoria, por parte de la Comisión de Docentes que se encuentra firmemente movilizada junto con la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, para iniciar una huelga nacional y ocupar las calles con clases públicas, bloqueos de calles y manifestaciones durante este jueves 22 de marzo.
En carta abierta enviada a las universidades, para ser leída y debatida entre los profesores y estudiantes de todos los cursos y materias, se muestra la situación que viene enfrentando la enseñanza pública superior argentina. El Rectorado pretende, antes del 31 de marzo, dejar desempleados, sin salarios y sin jubilaciones, a más de 1000 profesores e investigadores de la UBA, e impedirles ejercer sus funciones académicas debido a su edad.
De acuerdo con las informaciones contenidas en la carta, la medida, que no tiene paralelo alguno desde la Dictadura Militar, se produce mediante una resolución ilegal y arbitraria del Consejo Superior, que pretende ignorar lo que está claramente dispuesto en la Ley 26508, en la que los docentes pueden optar por ejercer sus actividades hasta los 65 años. La Ley permite que muchos de ellos alcancen el tiempo de servicio y tengan acceso al 82% móvil, o directamente no jubilarse para poder permanecer con su actividad creativa.
Mediante la imposibilidad de la aplicación de la Ley después de perder en primera instancia en la justicia, el Consejo Superior emitió la Resolución 2067, que reglamenta que dicha Ley no incluye a profesores regulares y temporarios con concurso vencido, lo que incluye a casi toda la categoría. La iniciativa del Consejo vino a sustentar la ilegalidad del art. 51 del Estatuto, que discrimina por edad y despide, independientemente de la capacidad jubilatoria. Sin embargo, fue deliberado que la Ley 26508, votada por unanimidad en el Congreso, busca proteger los derechos a la jubilación de miles de docentes temporarios o con concurso vencido.
Las acciones cometidas por el Rectorado de la UBA, el único en todo el país que desconoce la Ley, afecta tanto a docentes, como a estudiantes y a la Universidad Pública de manera general, pues de inmediato se hace abandono de persona en los miles de profesionales con 15, 20 años o más de dedicación en la Universidad y porque se destruyen materias, equipos de investigadores y enseñanzas insubstituibles. Además de la inconstitucionalidad, no sólo por la supremacía de la ley nacional sobre cualquier resolución, sino también porque solamente el Congreso puede legislar sobre jubilaciones y sólo el Ejecutivo puede reglamentarlas.
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