Blanche Petrich
Enviada - Ayutla de los
Libres, Gro. Periódico La
Jornada
Tenía 24 años cuando tres
soldados del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Guerrero,
agredieron sexualmente a Inés Fernández Ortega en la cocina de su casa, en la
comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. Hoy, con sus 34 años,
curtida ya no sólo en la lucha social de su organización sino en las grandes
ligas del derecho internacional, aún monolingüe –sólo habla me’phaa
(tlapaneco)–, pudo escuchar de boca del secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré, en representación del presidente Felipe Calderón:
A usted, a su esposo
Prisciliano Sierra y a sus hijos Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélida, les ofrezco
las más sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace casi una
década en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos. Fue la única
frase en el discurso de Poiré en la que no la tuteó. Nunca mencionó a los
militares. Jamás aludió que el lamentable hecho fue un ataque sexual.
La respiración de Inés
Fernández se agitó; estrujó un pañuelo que tenía en la mano. Aguantaba.
Como lo había expresado
antes en su discurso Abel Barrera, de Tlachinollan: Inés, señora que vale
mucho, sólo tu corazón sabe lo que esta disculpa significa. Y había aludido al
revés de la moneda del Estado, que hoy se mostraba contrito y generoso, pero
que durante 10 años te llamaron mujer mentirosa y dudaron de tu palabra.
Momentos antes, Inés
Fernández había estado de pie frente al micrófono sin dar tregua a los
funcionarios de los tres niveles de gobierno que se habían dado cita en los
portales del ayuntamiento de Ayutla de los Libres para dar cumplimiento a uno
de los 16 resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en
octubre del 2010 había declarado culpable al Estado mexicano por las
violaciones de Inés y Valentina Rosendo, en hechos separados, por elementos del
Ejército.
Escúchenme todos,
hombres, mujeres y niños: los del gobierno, aunque te digan que están de tu
lado, no van a cumplir, no les hagan caso.
Instantes antes de
recibir una disculpa por parte del Estado mexicano, Inés Fernández volvió a
sentir el latigazo de la discriminación racial. ¿Cómo pretendía esta mujer
morena, con la cola de caballo despeinada y sandalias de hule, subir al estrado
donde se estrechaban ya las manos el secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré; la procuradora general, Marisela Morales, y el gobernador, Angel
Aguirre? Los militares de guayabera blanca y armas mal disimuladas le cerraron
el paso. Nadie les advirtió que ella era la pieza central en el acto público
que se celebraba en los portales del palacio municipal.
Por eso cuando le tocó
hacer uso del micrófono estaba indignada. Y ese coraje dictó sus palabras:
El gobernador Ángel
Aguirre, político con tablas, sólo sonreía como si estuviera recibiendo flores
cuando Inés le echaba en cara desatenciones e incumplimientos: Cometieron ese crimen
contra mí porque somos pobres. Y no sólo contra mí sino contra otras personas.
Y seguía: El gobernador, aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso
tuve que ir a buscar justicia a otro lado, porque aquí no me atendieron. Que
hoy nos diga qué puede hacer y qué no puede hacer.
Y enumeraba los hechos de
una agresión que continúa; los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su
hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el
robo de sus cosechas, las órdenes de los sucesivos presidentes municipales de
no entregar recursos a Barranca Tecuani o a Barranca Bejuco, mientras Inés y
Valentina Rosendo, víctima de hechos similares, no desistieran de sus denuncias
penales.
El gobierno no nos deja
organizar. Los soldados siguen sin dejarnos mover libremente en nuestras
comunidades. Siempre andan cerca, de civil, no necesariamente uniformados. En
este momento se encuentran entre nosotros.
Fortunato Prisciliano
Sierra, su marido, que nunca dejó de apoyarla pese al estigma que suele caer
sobre las mujeres violadas, y Abel Barrera, líder de la organización
Tlachinollan, que siempre sostuvo su lucha por la justicia, la miraban
henchidos de orgullo. Rompiendo el ánimo solemne y protocolario que las
autoridades quisieron imponer, desde la sillería estallaban los aplausos y el
apoyo de delegaciones que llegaron a presenciar el momento: campesinos de
Atoyac, de Xochistlahuaca, estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa, reclamando justicia por los dos compañeros asesinados en diciembre,
opositores a la presa de La
Parota.
En el extremo del
estrado, el único representante de las fuerzas armadas, el director de Derechos
Humanos de la Secretaría
de la Defensa ,
general Rafael Cázares Anaya, no pronunció palabra ni cruzó saludo alguno con
la víctima que era objeto de desagravio. De hecho, en ninguno de los discursos
de los funcionarios –la procuradora Marisela Morales, Poiré y el gobernador
Aguirre– se mencionó que los perpetradores de la agresión sexual fueron
integrantes de la institución castrense.
Poiré, incómodo, no
encontraba dónde poner las manos. La procuradora exhibía el semblante
maquillado e impávido que la caracteriza. El alcalde de Ayutla, Armando García
Rendón, pedía auxilio con la mirada cuando la señora Fernández ilustraba la
negligencia y las promesas incumplidas, recordando su compromiso de hace tres
años de poner alumbrado público en la comunidad de Inés. Barranca Tecuani sigue
a oscuras, sin maestros en las escuelas, sin caminos pavimentados, sin casas
con piso.
La agraviada no respondió
con algún gesto de reconocimiento a las palabras de Poiré, que tampoco supo
imprimir emoción a su discurso:
Muy estimada Inés
Fernández, hace una década fuiste víctima del ataque de un desleal (en realidad
fueron tres los agresores, ya identificados, de quienes se tienen retratos
hablados pero no las muestras de ADN porque el Ministerio Público local, en el
curso de la investigación penal, las destruyó). Quiero decirte que tienes
razón, no entiendo tu lengua, pero sí entiendo tu lucha. No te pido que hoy
confíes, porque apenas se van cumpliendo los compromisos. Pero si seguimos
caminando juntos verás que iremos avanzando.
No hubo el tradicional
abrazo. Inés no lo concedió.
A su vez, Obtilia Eugenio
Manuel, presidenta de la
Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, amiga y traductora
de Inés, ofreció el contexto histórico de la lucha popular y la represión en
esta región de la Costa
Chica , desde la masacre de El Charco, donde fueron asesinados
11 mixtecos en 1998, la esterilización forzada de medio centenar de hombres de
estos pueblos, el secuestro y asesinato de los líderes Manuel Ponce y Raúl
Lucas, detenciones ilegales y otras violaciones no denunciadas, porque los
militares ven a la mujer como un botín de guerra.
“Esta disculpa pública a
Inés –concluyó Obtulia– es una victoria del pueblo organizado.”
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