Una manifestante grita consignas frente a la Presidencia de la República el martes 7 de febrero de 2012, en Ciudad de Panamá. EFE
Ciudad de Panamá, 10 feb (dpa) - Indígenas panameños instalaron un campamento en una plaza contigua a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), y mantendrán una vigilia a la espera de alcanzar un acuerdo justo con el gobierno, en materia territorial, confirmaron hoy líderes del movimiento de resistencia.
“Estamos firmes y en vigilia”, declaró el indígena Cláver Serrano a la televisora local TVN (Canal 2). Indicó que los participantes en la concentración consideran la plaza como una extensión de su comarca, en la que no quieren proyectos mineros o hidroeléctricos.
Serrano hizo la advertencia horas antes de que representantes del gobierno y los Ngöbe-Buglé retomen el debate sobre la construcción de hidroeléctricas y explotación de recursos minerales en el proyecto de ley 145, sometido al debate parlamentario.
Sin embargo, los indígenas que se mantienen en vigilia en las inmediaciones de la Asamblea Nacional manifestaron disgusto por la decisión de realizar las reuniones a puerta cerrada.
Las conversaciones fueron iniciadas tras una semana de duros enfrentamientos entre agentes antimotines e indígenas en las provincias occidentales de Chiriquí y Veraguas, en las que murieron dos personas y hubo decenas de heridos. Algunos participantes en las refriegas aún están desaparecidos.
De hecho, la Asamblea Ciudadana, una organización integrada por activistas de la sociedad civil, exigió una exhaustiva investigación tras la muerte del estudiante de 17 años Mauricio Méndez, a causa del estallido de un artefacto en el rostro en la comunidad de Las Lomas, en Chiriquí.
La abogada Idalia Martínez, de la Asamblea Ciudadana, calificó el suceso como “repudiable”. Adujo que la versión de la Policía Nacional, que trata de desvincular a los uniformados del hecho, generó el “rechazo contundente” de la sociedad panameña.
“No podemos aceptar de forma tan tranquila que fue la explosión de una bomba molotov, y no hay rastros de gasolina en el vestido del joven”, sentenció Martínez.
A su vez, Samuel Lewis Navarro, ex vicepresidente y ex canciller de la república, exigió hoy la renuncia del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a quien acusó de violar la constitución y dirigir una masacre contra pueblos originarios.
Lewis Navarro dijo a través de la radioemisora local RPC Radio que Mulino ordenó a empresas de telecomunicaciones que operan en Panamá la suspensión del servicio telefónico en áreas que fueron blanco del ataque policial aéreo y terrestre.
Reseñó además que la acción represiva quebrantó normas constitucionales vigentes sobre derechos humanos, y apuntó que debe haber consecuencias al respecto, como la salida del cargo del ministro.
Pese a ello, Mulino justificó el procedimiento oficial para la liberación de panameños y extranjeros atrapados en el conflicto, y el desbloqueo de la vía Interamericana tomada por indígenas durante las protestas en las provincias de Chiriquí y Veraguas.
Organizaciones ambientalistas y juristas denunciaron que el ataque a los Ngöbe-Buglé tuvo características de una operación militar, con el uso de armas de guerra, en la que habrían intervenido unidades especiales que custodian las fronteras.
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