Angel Jozami
Acuciado por las exigencias de Alemania y la Eurozona, el gobierno de Grecia comenzó a desmoronarse en medio de una creciente marea de protestas sociales contra las nuevas medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo heleno.
Pero el durísimo plan de austeridad impuesto por la "troika" del FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) al gobierno del primer ministro Lucas Papademos, no parece alcanzar para que éste pueda recibir el desembolso que le permita evitar una suspensión de la deuda pública el próximo 20 de marzo.
El jueves pasado, una vez que Papademos y sus socios conservadores, socialdemócratas y de extrema derecha aceptaran el nuevo plan, Bruselas anunció que esto no basta y que Atenas debe proceder a un recorte de 325 millones de euros adicionales.
El resultado inmediato de este "plus" exigido por la "troika" para dar luz verde al nuevo plan de ayuda a Grecia de unos 150.000 millones de euros, ha sido la dimisión de cuatro viceministros del pequeño partido de extrema derecha LAOS y de una ministra del socialista PASOK.
La oposición popular manifestada en la huelga general de 48 horas, que ha contado con un amplio seguimiento ayer y hoy, ha sido decisiva, junto con el repudio a Bruselas, para provocar esta crisis gubernamental.
La Unión Europea (UE), aguijoneada por Alemania, quiere pruebas concretas de que Papademos y sus socios cumplirán sus promesas de aplicar el duro ajuste de 3.300 millones de euros, incluido el recorte de las jubilaciones, la reducción del salario
mínimo y más recortes en sanidad y educación.
En este sentido, la UE ha dado hasta el miércoles próximo a Atenas para que apruebe el recorte adicional de 325 millones de euros, sin precisar en qué rubros y sectores debe hacerlo.
El gobierno cuenta con el voto favorable de 230 de los 300 diputados para aprobar en el Parlamento el nuevo ajuste, pero las dudas sobre la efectividad de éste se extienden por toda Europa y, en particular, en los mercados financieros.
Por otra parte, la negociación de Grecia y sus bancos acreedores -para formalizar una quita del 70% en la deuda pública helena- depende del resultado que alcancen la "troika " y Papademos.
Sin embargo, la gran pregunta del momento en Grecia es hasta qué punto la UE y Alemania desean llegar a un acuerdo, ya que las condiciones que ponen para lograrlo llevan a una crisis política y social que podría poner en cuestión la gobernabilidad el país.
La huelga general y la crisis del gabinete de coalición son un claro síntoma de que Grecia está al borde del abismo.
El pedido de que se cree una cuenta especial supervisada por
la "troika" para destinarla al pago de la deuda es, abiertamente,
una provocación.
Pero más allá de la deriva inmediata de la situación, que recuerda mucho al período octubre-diciembre de 2001 en Argentina y que culminó en el estallido social que acabó con la convertibilidad, las perspectivas a plazo son inquietantes.
La economía griega se contrajo un 6% en 2011, previéndose un retroceso adicional del 3% en 2012, mientras el desempleo sigue aumentando, con la consiguiente reducción del consumo y la inversión.
El déficit fiscal cuya meta para 2011 era del 7,5%, terminó en realidad en un 9% del PBI, con lo que una mayor austeridad para ponerlo a tono con los objetivos ahondará la crisis económica y social.
El nuevo ajuste que incluye la reducción de las jubilaciones, el despido de 15.000 empleados públicos y un 20% de recorte en el salario mínimo, más los 325 millones de euros adicionales que se sacó de la galera la UE, sólo podrán servir para ahondar la depresión económica y la resistencia social.
Pero incluso si el paquete de austeridad es aprobada y la población termina aceptándolo con resignación, tampoco la quita de la deuda podrá traer alivio y perspectiva de recuperación a mediano plazo.
Con el canje de deuda, ésta pasaría de 350.000 millones a 250.000 millones de euros, o sea del 160% del PBI a un 120% de aquí a 2020, lo cual alimenta aún más la posibilidad de un proceso económico insostenible, es decir, un camino irreversible al ´default´.
Con elecciones previstas para abril, aunque no confirmadas, ningún político griego quiere precipitar una suspensión de la deuda, pero tampoco quiere hacerse cargo de la responsabilidad de aplicar un ajuste inviable e insoportable.
Por parte de la UE, y de Alemania en especial, la imposición de un plan como el acordado significaría instalar un estado de protectorado no declarado de Grecia, ya no sólo con una supervisión total de la economía, sino con el establecimiento de una cuenta exclusiva dedicada a pagar la deuda.
En este marco, no puede sorprender que las encuestas reflejen un crecimiento notable de la intención de voto a la extrema izquierda y a la extrema derecha, con un hundimiento catastrófico del PASOK socialdemócrata al 8% y un mantenimiento de la derecha de
Nueva Democracia.
La expoliación de Grecia, en este sentido, podría conducir, finalmente, a poner en riesgo el espíritu de la tolerancia y generar un renacimiento de los odios nacionales en Europa, como lo demuestran ya la quema de banderas alemanas en Atenas.
El jueves pasado, una vez que Papademos y sus socios conservadores, socialdemócratas y de extrema derecha aceptaran el nuevo plan, Bruselas anunció que esto no basta y que Atenas debe proceder a un recorte de 325 millones de euros adicionales.
El resultado inmediato de este "plus" exigido por la "troika" para dar luz verde al nuevo plan de ayuda a Grecia de unos 150.000 millones de euros, ha sido la dimisión de cuatro viceministros del pequeño partido de extrema derecha LAOS y de una ministra del socialista PASOK.
La oposición popular manifestada en la huelga general de 48 horas, que ha contado con un amplio seguimiento ayer y hoy, ha sido decisiva, junto con el repudio a Bruselas, para provocar esta crisis gubernamental.
La Unión Europea (UE), aguijoneada por Alemania, quiere pruebas concretas de que Papademos y sus socios cumplirán sus promesas de aplicar el duro ajuste de 3.300 millones de euros, incluido el recorte de las jubilaciones, la reducción del salario
mínimo y más recortes en sanidad y educación.
En este sentido, la UE ha dado hasta el miércoles próximo a Atenas para que apruebe el recorte adicional de 325 millones de euros, sin precisar en qué rubros y sectores debe hacerlo.
El gobierno cuenta con el voto favorable de 230 de los 300 diputados para aprobar en el Parlamento el nuevo ajuste, pero las dudas sobre la efectividad de éste se extienden por toda Europa y, en particular, en los mercados financieros.
Por otra parte, la negociación de Grecia y sus bancos acreedores -para formalizar una quita del 70% en la deuda pública helena- depende del resultado que alcancen la "troika " y Papademos.
Sin embargo, la gran pregunta del momento en Grecia es hasta qué punto la UE y Alemania desean llegar a un acuerdo, ya que las condiciones que ponen para lograrlo llevan a una crisis política y social que podría poner en cuestión la gobernabilidad el país.
La huelga general y la crisis del gabinete de coalición son un claro síntoma de que Grecia está al borde del abismo.
El pedido de que se cree una cuenta especial supervisada por
la "troika" para destinarla al pago de la deuda es, abiertamente,
una provocación.
Pero más allá de la deriva inmediata de la situación, que recuerda mucho al período octubre-diciembre de 2001 en Argentina y que culminó en el estallido social que acabó con la convertibilidad, las perspectivas a plazo son inquietantes.
La economía griega se contrajo un 6% en 2011, previéndose un retroceso adicional del 3% en 2012, mientras el desempleo sigue aumentando, con la consiguiente reducción del consumo y la inversión.
El déficit fiscal cuya meta para 2011 era del 7,5%, terminó en realidad en un 9% del PBI, con lo que una mayor austeridad para ponerlo a tono con los objetivos ahondará la crisis económica y social.
El nuevo ajuste que incluye la reducción de las jubilaciones, el despido de 15.000 empleados públicos y un 20% de recorte en el salario mínimo, más los 325 millones de euros adicionales que se sacó de la galera la UE, sólo podrán servir para ahondar la depresión económica y la resistencia social.
Pero incluso si el paquete de austeridad es aprobada y la población termina aceptándolo con resignación, tampoco la quita de la deuda podrá traer alivio y perspectiva de recuperación a mediano plazo.
Con el canje de deuda, ésta pasaría de 350.000 millones a 250.000 millones de euros, o sea del 160% del PBI a un 120% de aquí a 2020, lo cual alimenta aún más la posibilidad de un proceso económico insostenible, es decir, un camino irreversible al ´default´.
Con elecciones previstas para abril, aunque no confirmadas, ningún político griego quiere precipitar una suspensión de la deuda, pero tampoco quiere hacerse cargo de la responsabilidad de aplicar un ajuste inviable e insoportable.
Por parte de la UE, y de Alemania en especial, la imposición de un plan como el acordado significaría instalar un estado de protectorado no declarado de Grecia, ya no sólo con una supervisión total de la economía, sino con el establecimiento de una cuenta exclusiva dedicada a pagar la deuda.
En este marco, no puede sorprender que las encuestas reflejen un crecimiento notable de la intención de voto a la extrema izquierda y a la extrema derecha, con un hundimiento catastrófico del PASOK socialdemócrata al 8% y un mantenimiento de la derecha de
Nueva Democracia.
La expoliación de Grecia, en este sentido, podría conducir, finalmente, a poner en riesgo el espíritu de la tolerancia y generar un renacimiento de los odios nacionales en Europa, como lo demuestran ya la quema de banderas alemanas en Atenas.
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