El Gobierno del Presidente Rafael Correa, algunas Alcaldías, así como empresas privadas han impulsado una serie de denuncias y juicios en contra de dirigentes sociales, por su participación en diversas acciones de protesta social. Organizaciones sociales, ambientalistas y de Defensa de los Derechos Humanos han denunciado los casos que presentamos en resumen.
CASO 1.- Investigación judicial a pobladores de Morona Santiago opuestos a la explotación minera. En noviembre de 2006, indígenas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), se movilizaron con el objeto de exigir la salida de la empresa EcuaCorriente de las zonas San Carlos y Rosa de Oro, en la provincia de Morona Santiago. La empresa presentó el año 2007, una denuncia en contra del entonces Alcalde de Limón – Indaza Antonio Castillo y 15 personas más.
CASO 2.- Juicio penal y encarcelamiento a indígenas Shuar. Dos técnicos de esa empresa que habrían intentado ingresar a la zona en abril de 2009 fueron impedidos de hacerlo por las familias Shuar ahí asentadas. Éstas habrían retenido sus implementos de trabajo (un GPS, un teléfono satelital y otros artículos). Ante el hecho, los técnicos de la empresa presentaron una denuncia por robo agravado en contra de los indígenas: Samik Adriano Ankuash Juwa, Tsetsekip Rafael Tsamaraint Sankup, Antuash José Mashu Asamant.
CASO 3.- Denuncia a operadores de justicia por fallar a favor de indígenas anti mineros, en Morona Santiago. Luego de que el Juez Tercero de Morona Santiago dictara el sobreseimiento definitivo en noviembre de 2009, a favor de los tres indígenas involucrados en la retención de los implementos técnicos de los empleados de EcuaCorriente, el Fiscal y Juez de lo Penal que conocieron la causa fueron denunciados por la empresa. El 8 de enero de 2010, la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de Judicatura instruyó un sumario administrativo para el Juez Tercero de Garantías Penales de Morona Santiago, para indagar el fallo por éste emitido.
CASO 4.- Indagación previa contra dirigente anti minero de Zamora Chinchipe. Integrantes del Comité de Defensa del Cantón El Pangui, fueron llamados a rendir declaración por supuestas lesiones provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de Minería. Entre ellas María de Jesús Bravo Pagola y Aída Vintimilla.
CASO 5.- Pobladores anti mineros del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El alcalde presentó la denuncia contra cinco pobladores de El Pangui, luego de que los pobladores le reclamaran por haber negociado unilateralmente con la empresa EcuaCorriente. Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho y Joel Vicente Zhunio.
CASO 6.- Pobladores anti mineros, provincia de Zamora Chinchipe. Durante la protesta nacional en contra de la Ley de Minería, en enero de 2009, un grupo de personas fueron detenidas por la Policía y procesadas. Dos de ellas, permanecieron detenidas durante 23 días, por supuesto terrorismo: María de Jesús Bravo Pagola, Aída Vintimilla, Mesías Córdova, Ángel Giovanni Ullaguari, Carlos Rumipuglla, Kevin Giovanni Ullaguari Morocho (menor de edad) y Joel Vicente Zhunio.
CASO 7.- Dirigente de Morona Santiago apresado y procesado. En el mismo contexto de movilizaciones por la expedición de la Ley de Minería, un dirigente de Limón fue detenido en enero de 2009, permaneció detenido hasta el 5 de febrero de 2009. Antonio Castillo Orellana ex Alcalde del Cantón Limón - Indaza.
CASO 8.- Acción penal contra familia campesina, cuya finca estuvo ubicada en zona de interés minero de la empresa EcuaCorriente. El Juzgado Cuarto de lo Penal de la provincia de Zamora dictó prisión preventiva contra un joven campesino por supuestas lesiones mutuas entre él y su agresor. Buscando que la familia campesina abandonara la tierra de interés de EcuaCorriente, esta empresa presentó dos acciones administrativas en contra de la familia. La primera ante la dependencia provincial del Ministerio del Ambiente, por supuesta tala de bosque, y la segunda, por supuesta invasión a la concesión minera “Mirador 3”. Familia Belezaca Vintimilla.
CASO 9.- Integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar acusados de sabotaje y terrorismo con muerte. Once integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FCSH), fueron acusados de sabotaje y terrorismo a raíz de la movilización protagonizada por el pueblo Shuar en Morona Santiago durante la jornada de protesta contra el proyecto de Ley de Aguas. Públicamente los dirigentes de esta organización han expresado su posición de no permitir la explotación petrolera/ minera en territorio Shuar. Los acusados son 5 entre ellos Pepe Acacho, Vicepresidente de la CONAIE.
CASO 10.- Pobladores del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, reprimidos y judicializados. El 26 de junio de 2010, moradores del cantón las Naves, emprendieron acciones de protesta contra la extracción minera de la Empresa CURIMINING SA. Esta acción fue reprimida violentamente por un pelotón de aproximadamente 400 policías, quienes haciendo uso desproporcionado de la fuerza, agredieron a los manifestantes. La Policía señaló al azar a las personas que actualmente enfrentan las acciones penales: Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña, Francisco Muñoz Castro.
CASO 11.- Denuncia penal contra pobladores del cantón Las Naves. Luego de una movilización de protesta por el proyecto minero de la empresa Curimining S.A, en la provincia de Bolívar, esta empresa denunció en octubre de 2010 ante la fiscalía de Echeandía, a 37 personas. Se encuentran procesados: Esther Landetta Chica (Tenguel), Gabriela Rochina Rochina, José Manuel Guzmán Quinaloa, Edgar Gonzalo Vizcarra, Dalila Peralta Rizo, Gabriel Rochina, Manuel Guzmán, Micaela Guzmán, Enma Gavilánez Peña y Francisco Muñoz Castro.
CASO 12.- Pobladores del cantón Nabón, beneficiarios de las amnistías de 2008, a pesar de lo cual han sido sentenciados a 8 años de reclusión mayor, por sabotaje y terrorismo. Enfrentan un juicio por supuesto sabotaje. Setenta personas de Nabón ingresaron al campamento Belén de la empresa minera Explorsur S.A, en protesta por las actividades de la empresa en el páramo de Shincata, lugar en el que nacen las vertientes de agua para la parroquia Cochapata. Están procesados: Vinicio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Patiño Quezada, Segundo San Martín Mora, Luis San Martín Mora, Manuel Capelo Erraez, Rodrigo Quezada Sanmartín.
CASO 13.- Investigación judicial contra dirigentes de la parroquia Selva Alegre, provincia de Imbabura. La comunidad Mocoral-Barcelona denuncia que la empresa CECAL ha operado durante tres décadas, sin estudio de impacto ambiental, sin plan de manejo ambiental, sin licencias ambientales ni títulos mineros regularizados, ni tampoco ha cumplido los compromisos asumidos con la comunidad. Ante esta situación la comunidad interrumpió las actividades de la empresa CECAL. A raíz de lo cual la empresa presentó un recurso de amparo ante la Agencia de regulación y control minero de Imbabura, en contra de 8 comuneros, entre ellos Polivio Pérez, dirigente de la comunidad.
CASO 14.- Enjuiciamiento a dirigentes y comuneros de Azuay. La detención y posterior procesamiento judicial se dio cuando efectivos de la Policía nacional reprimieron la movilización pacífica realizada el 4 de mayo de 2010, contra el proyecto de la Ley de Aguas y por la anunciada actividad minera en la zona. Procesados Florencio Guzmán, Carlos Pérez, Federico Guzmán y Ángel Arpi.
CASO 15.- Indagación judicial contra maestras indígenas y dirigentes comunitarios de “Las Lagunas”, “Ilincho” y Gunudel, del cantón Saraguro, provincia de Loja. El 12 de mayo de 2010, cuando se realizaron movilizaciones en defensa del agua, varias maestras que realizaban actividades con niños del centro educativo Inty Raymi, de “Las Lagunas” fueron acusadas y procesadas.
CASO 16.- Investigación judicial contra dirigentes y comuneros de la parroquia San Lucas, provincia de Loja. Durante las movilizaciones contra el proyecto de Ley de Aguas, se produjo el apresamiento de 8 personas, ante lo cual una multitud retuvo a algunos policías como medida de presión para que sus compañeros fueran liberados. El 13 de mayo de 2010, el Alcalde de Saraguro pidió a la Ministra de Educación la destitución de sus cargos de los maestros interculturales bilingües Julio Gualán y Gabriela Albuja.
CASO 17.- Dirigentes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), provincia de Imbabura. Luego de la movilización nacional de mayo de 2010, convocada por la CONAIE en oposición al proyecto de Ley de Aguas, el gobernador de Imbabura, presentó una denuncia por el delito de sabotaje y terrorismo en contra de tres dirigentes de la FICI.
CASO 18.- Dirigentes de la CONAIE y de la ECUARUNARI acusados por sabotaje y terrorismo. En junio del 2010 indígenas marcharon hacia la ciudad de Otavalo, para expresarse ante la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la misma que contó con la presencia de mandatarios de varios países. En la movilización se expresaron consignas sobre el incumplimiento de los derechos de los pueblos y denunciaron la desatención por parte de las autoridades del Estado acerca del agua, recursos naturales, educación intercultural, salud intercultural, administración de justicia y el constante descrédito y discriminación de la que son objeto sus dirigentes: Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Pepe Acacho.
CASO 19.- Medida administrativa contra dirigente de organización de pescadores artesanales de la comunidad de Olmedo, provincia de Esmeraldas. La comunidad de Olmedo organizó una movilización hacia el estero Guachalá, que una empresa camaronera había convertido en parte del canal que utiliza tanto para succionar el agua del estero como para verter parte de sus desechos. A pesar que en dicho evento no participó el líder comunitario, días después el Ministerio del Ambiente elaboró un informe que inculpa a este representante comunitario de haber talado árboles de mangle, e inició un proceso que terminó condenando a Modesto Segura, líder de la comunidad de Olmedo, a pagar una multa de más de dos mil dólares.
CASO 20.- Acusación penal a dirigentes de comunidad de Salango, provincia de Manabí. La Gobernación de Manabí y el Ministerio Coordinador de Patrimonio han intervenido para recuperar las 34.2 hectáreas de tierras comunitarias que hace nueve años fueron supuestamente escrituradas ilegalmente por el ciudadano suizo Patrick Bredthauer y su socio Ángel Pinoargoty. El 19 de junio de 2009, la Secretaría Nacional de Transparencia, la Secretaría de Pueblos y la Gobernación de Manabí procedieron a abrir y desprivatizar los caminos y playas públicas. Sin embargo, Arturo Mera Intriago, Juez Segundo de Garantías Penales de Manabí, aceptó un recurso de amparo presentado por Patrick Bredthauer, quien presentó acciones judiciales en contra de autoridades locales, dirigentes y comuneros de Puerto López y Salango.
CASO 21.- Juicio penal por denunciar contaminación ambiental en Tenguel- provincia del Guayas. Este proceso se inició como retaliación a las denuncias que realizara la presidenta del “Comité Pro defensa de Nuestro Ríos Tenguel, Gala, Siete y Chico” en relación a la contaminación de los ríos y su impacto en la salud de la población y en la vida acuática. Procesados: Esther Landetta, Hugo Anchundia, Juan Asencio Castillo y Raúl Asencio Gamboa.
CASO 22.- Personas de Zaruma, investigadas por denunciar la contaminación minera. Estas personas han sido investigadas por denunciar la contaminación y daños ambientales producidos por la pequeña y mediana minería del sector.
CASO 23.- No aplicación de amnistía a personas procesadas civil y penalmente por la empresa ADELCA, cantón Mejía, provincia de Pichincha. Se trata de uno de los procesos instaurados por pedido de la empresa ADELCA en contra de dos pobladoras de Tambillo, opuestas a que dicha empresa extendiera su infraestructura y actividad. Pese a que las tres pobladoras de Tambillo son beneficiarias de las amnistías emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, autoridades judiciales de lo civil, llamaran a las tres pobladoras a rendir confesiones.
CASO 24.- Dirigentes laborales acusados de sabotaje y terrorismo. Por supuestos daños causados a una puerta del edificio del IESS Guayaquil, durante una marcha de los trabajadores del Ingenio San Carlos al IEES el 20 de junio de 2011. Procesados Bolívar Merchán, Presidente de la Federación de Trabajadores del Guayas y Jaime del Valle.
Caso 25.- Enjuiciados por atentar contra el orden público. Profesores de la Unión Nacional de Educadores, UNE, acusados porque supuestamente instigaron a que los estudiantes y profesores del Colegio Aguirre Abad salgan a las calles el 30 de septiembre del 2010. Enjuiciados: Mery Zamora y Wilson Pazmiño.
Caso 26.- Acusados de sabotaje por protesta en la empresa eléctrica. El 18 de noviembre del 2009, cuando el Presidente Correa visitaba a la Empresa Eléctrica de Guayaquil, se produjeron protestas. Acusado: Kleber Albardo.
Caso 27.- Enjuiciados por protestas realizadas en la provincia de Los Ríos. Dirigentes sindicales realizaron acciones de protesta en defensa de la estabilidad laboral. Otto Ramón Cappig, Secretario del Comité de Empresa de la Eléctrica de los Ríos Emel – Ríos, y Lenin Sánchez trabajador de Emel Ríos.
Caso 28.- Acusación de sabotaje a dirigente de los empleados del Ministerio de inclusión Social. Acusado de sabotaje por haber quemado llantas en las inmediaciones del Ministerio y de haber apagado la luz de esa institución. El se encontraba dirigiendo una Asamblea de los empleados que reclamaban el pago de los fondos de reserva. Max Rivera, Ex Presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Inclusión Social.
Caso 29.- Dirigente estudiantil sentenciado a 8 años de cárcel por sabotaje y terrorismo. Participó en diciembre del 2009 en acciones que afectaron al Rectorado de la Universidad Central del Ecuador, y que debieron ser contravenciones sancionadas, pero inaudito acusarlo de terrorismo y sabotaje, a más de ser trasladado a la cárcel de Lago Agrio violando la Ley. Marcelo Rivera ex presidente de la FEUE
Caso 30.- Empleados de la Universidad de Chimborazo acusados de terrorismo. Empleados y estudiantes de la Universidad de Chimborazo se encontraban realizando acciones de protesta contra la Ley de Educación Superior desde agosto. Los días 29 y 30 de septiembre del 2010 volvieron a manifestarse frente a la Gobernación de Chimborazo. Se encuentran acusados por terrorismo y sabotaje: Lola Maldonado, Luis Carvajal, Elías López y Aníbal Oleas.
Caso 31.- Rector de Universidad y dirigentes estudiantiles acusados de Sabotaje y terrorismo. Profesores y estudiantes de la Universidad de Cotopaxi realizaron manifestaciones de protesta contra la Ley de Educación Superior, paralizaron la panamericana en las inmediaciones de la ciudad de Latacunga. Se encuentran enjuiciados: Ing. Hernán Yánez Rector de la Universidad de Cotopaxi, Edwin Lasluisa ex dirigente de la FEUE, Paul Jácome Asambleísta Alterno de Cotopaxi, Xavier Cajilema, concejal de Latacunga.
Caso 32.- Acusado de lanzar gas lacrimógeno dentro del Coliseo de la Concordia en el que se encontraba el Presidente de la República. Se encuentra con orden de detención y el reportero niega la acusación. Periodista Juan Alcivar.
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