Por lo menos seis instituciones gubernamentales de Estados Unidos actuaron en Bolivia bajo diversos denominativos de promoción social o democrática, pero en los hechos realizaron actos de abierta injerencia en la política interna, en los últimos 25 años, según una publicación oficial del Gobierno boliviano.
La Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado, en una recopilación de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que en Bolivia se utilizaron la acción cívica departamental, la propaganda y el control mediático, el control de la población y de los políticos tradicionales para incrustarse en el Gobierno nacional, el sistema judicial, la Universidad, sindicatos, partidos políticos e iglesias.
Entre las instituciones estadounidenses denunciadas están la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), el Instituto Democrático Nacional (National Democratic Institute NDI), la Oficina de Iniciativas Transitorias (Ofice of Transition Initiatives, OTI), la Oficina de Lucha contra las Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
El informe señala que las principales áreas en las que trabajaron esas instituciones son “políticas represivas en el Chapare, elecciones generales de 2002 y conformación de la megacoalición, reforma a partidos políticos tradicionales y apoyo a líderes políticos y proceso autonómico e intento separatista”.
“USAID es la más conocida de las agencias de “cooperación” de los Estados Unidos, sin embargo existen varias entidades financiadas por el Gobierno de los Estados Unidos que coadyuvan en las tareas de USAID. En Bolivia fueron tres las organizaciones que estuvieron a cargo de diseñar y ejecutar las políticas de injerencia, acompañados por la Agencia Anti Drogas Estadounidense (DEA), y la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS)”, agrega.
Señala que en un informe de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia al Departamento de Estado, del año 2001, revela las órdenes que se dieron al entonces presidente de Bolivia Jorge Quiroga, durante su visita a Estados Unidos en diciembre de ese año.
Quiroga, se explica, se reunió con varios parlamentarios, empresarios y representantes del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el presidente George Bush, además del asistente secretario de Bush, de apellido Beers y el director de la DEA, Asa Hutchinson.
El documento recomienda a Beers que le manifieste a Quiroga “preocupación por el acuerdo de noviembre para detener la erradicación y retirar las tropas de algunas zonas del Chapare donde habían sido tan efectivas”.
El informe aconsejó a Beer le instruya a Quiroga “continuar con la erradicación de coca de forma agresiva. Sin embargo, consideramos que la simple erradicación de coca no es suficiente. Le instamos a cerrar los mercados ilegales de coca en el Chapare, a que arreste y persiga a aquellos que violen la Ley 1008; y a que confisque e incinere la coca que transita o se seca abiertamente en el Chapare”.
En un informe de la Embajada de Estados Unidos, el año 2002, se expresa preocupación en torno al surgimiento de partidos anti-sistema en el Parlamento, después de casi 17 años de hegemonía de los partidos tradicionales.
El partido que mayor preocupación provocaba en la Embajada de Estados Unidos era el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese informe calificó al entonces diputado Evo Morales como un “agitador de la coca ilegal”.
Estados Unidos consideraba que la democracia estaba en peligro por el hecho de que representantes de organizaciones sociales habían alcanzado curules parlamentarios a través de partidos como el MAS o el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP).
En esa época también preocupaba a Estados Unidos el control del Legislativo: “Para cualquier reforma que requiera 2/3 de los votos (…) el apoyo de algunos integrantes de la NFR será esencial. A pesar de que él (Reyes Villa) falló en actuar (fragmento tachado por el Departamento de Estado) unirse a la coalición de gobierno, Reyes Villa tendrá varias oportunidades en los siguientes cinco años para probarse a él y su partido como una oposición legal (…) en caso de que esto no se dé, miembros de su partido lo harán por su cuenta”.
En ese documento, se describen áreas de acción en Bolivia, entre las que figuran “generar transformaciones en el sistema político para evitar el resurgimiento de la izquierda” y se expresaba interés por el proyecto Pacific LNG de exportación de gas natural boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno, que fue detonante para la insurrección popular de octubre de 2003, que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada, Jaime Paz y Manfred Reyes.
También se planteaban reformas a los partidos políticos: “Un proyecto de reforma a los partidos políticos planteado por USAID, apunta a implementar una ley existente en Bolivia, la cual haría de los procedimientos partidarios internos más democráticos y transparentes. Este proyecto debería …, ayudar a construir partidos políticos moderados, pro democracia que puedan servir como contrapeso al partido radical MAS o a sus sucesores”.
El documento agrega, “durante los últimos 20 años, elecciones libres y la pacífica transferencia del poder entre partidos rivales habían caracterizado la democracia boliviana. A pesar de esta estabilidad, las últimas elecciones muestran la desaparición de varios partidos tradicionales y el aumento en la popularidad de partidos inexpertos, antisistema y neopopulistas”.
En ese marco se realizaron seminarios en Bolivia y Estados Unidos con temas como “inclusión de grupos excluidos, reformas partidarias, trabajo en equipo, negociación, comunicación, expansión política”.
Dinero para cambiar un D.S.
La National Endowment for Democracy (NED) destinó $us 128.825 para la modificación de un decreto supremo, con una ley que ayude a los empresarios en las licitaciones públicas, en el gobierno de Carlos Mesa. Consistía en un trabajo de la NED y la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) para ayudar al rendimiento del empresario privado en las licitaciones públicas”.
“Con el objetivo de mejorar este aspecto se coordina directamente con miembros del gobierno de Carlos Mesa y se propone un borrador de ley diseñado por consultores contratados por esta organización americana. El proyecto tuvo un costo de $us 128.825 que desembolsó NED para CAINCO”.
La CAINCO debía contratar un equipo para examinar el D.S. 27049: “como parte del plan, la CAINCO coordinará con la delegada presidencial anticorrupción, (Guadalupe Cajías). Tiene dos objetivos: impulsar la democracia encontrando áreas de mutuo acuerdo y cooperación con el Gobierno; y usar esta cooperación como incentivo en el Poder Legislativo para la aprobación de cambios a leyes donde haya un acuerdo entre el sector privado y el Gobierno”. ”El cumplimiento de estos objetivos está sujeto de gran manera a que se logre que las modificaciones al decreto sean aprobadas y que la ley final refleje las sugerencias hechas para el sector privado mediante las actividades del presente proyecto. La CAINCO reportará de forma cuatrimestral sobre los avances en este aspecto”.
$us 11,8 millones para control de organizaciones sociales entre los años 2004 y 2005
Entre los años 2004 y 2005, el Gobierno de Estados Unidos destinó, mediante sus agencias especializadas, 11.8 millones de dólares para ejecutar proyectos de control de organizaciones sociales y de apoyo a líderes políticos.
Un documento de la Vicepresidencia del Estado, señala que para frenar a las organizaciones sociales, se buscó cooptarlas a través de talleres con los dirigentes y de proyectos para parchar o maquillar los fracasos del modelo neoliberal. “La OTI invirtió $us 11.8 millones entre 2004 y 2005”.
“El proyecto tiene tres áreas interrelacionadas: reducir tensiones en áreas conflictivas a través del desarrollo de la comunidad. Difundir información y promover un diálogo en temas de importancia nacional. Identificar y apoyar a nuevos líderes indígenas moderados”.
Los documentos desclasificados por el Departamento de Estado, develan detalles de esos proyectos:
“Un proyecto de la OTI por $us 9.000 ayudará al Comité Cívico de la ciudad de El Alto a entrenar a los micro productores en temas relacionados con la nueva ley de desarrollo económico y las oportunidades que ésta puede ofrecer.
El segundo proyecto por $us 40.000 es una iniciativa público-privada en la que la alcaldía usará estos fondos para entrenar a 400 obreros alteños para que borden textiles para Ametex, la exportadora de textiles más grande del país.
Una donación de la OTI para la instalación de cañerías de agua y alcantarillado le permitió al Ministerio de Obras Públicas cumplir su promesa en El Alto y distender las demandas de nacionalización de los servicios de agua de sectores radicales”.
La OTI, dependiente de USAID según se desprende del informe, actuaba en otros ámbitos: “Una encuesta financiada por la OTI y puesta en marcha por la Kriterion (empresa encuestadora), ha ayudado a líderes clave, incluyendo al Alcalde de El Alto y al Ministro de Obras Públicas, a reconsiderar sus estrategias para lograr acuerdos en torno a temas conflictivos en La Paz y El Alto en relación al agua. La encuesta llevada a cabo después de las protestas que expulsaron a la empresa francesa demostraron que alteños y paceños tienen una opinión favorable sobre la formación de una empresa privada o mixta, y no respaldan las soluciones radicales propuestas por los dirigentes obreros y sociales”.
El informe atribuido a USAID por la Vicepresidencia señala también: “a pesar de la paralización general del país como consecuencia de los bloqueos, protestas y huelgas, algunas organizaciones beneficiadas por la OTI han continuado con sus actividades, demostrando que las comunidades que reciben apoyo y en las que se invierte en su desarrollo están menos atraídas por las protestas”.
Más adelante el informe indica: “OTI también está financiando el viaje de una comisión a los Estados Unidos con propósitos de estudio para líderes políticos indígenas. Esta se enfocará en cómo poblaciones minoritarias en Estados Unidos han desarrollado oportunidades de desarrollo económico para sus comunidades…
Educación cívica y entrenamiento para nuevos líderes: la OTI trabaja con organizaciones juveniles indígenas clave que sean moderadas para proveerles oportunidades en educación sobre procesos políticos, entrenamiento en liderazgo y diálogo constructivo”.
La actividad estadounidense en asuntos de la política interna, según el informe de la Vicepresidencia del Estado, no se paralizó en el gobierno del MAS. Se cita un informe, de abril de 2006, de la NED en que se lee:
“Durante este cuatrimestre, la NDI condujo una serie de talleres y foros divididos en dos partes y en los que se compartió información y se enfocó en las elecciones de asambleístas y en el referéndum sobre autonomías regionales”.
“El NDI encuentra que el método de diálogo comunitario ha sido efectivo en su objetivo de juntar diferentes perspectivas y de crear un ambiente participativo. De esta forma, el NDI ha adoptado este modelo para conducir un evento de diálogo en Santa Cruz mediante el programa para partidos políticos financiado por USAID para facilitar una discusión abierta sobre descentralización y autonomías”.
USAID, autonomías y medios de comunicación
Un documento desclasificado por el Departamento de Estado en 2007 con el rótulo “sensible pero desclasificado”, refiere actividades de la embajada de EEUU y USAID en 2007, cuando ese organismo estadounidense manejó 85 millones de dólares en Bolivia. Se agrega que había “otros donantes” pero no los especifica.
La orientación, ese año, era fortalecer a los gobiernos departamentales mediante el Programa de Democracia.
En el documento se lee: “Apoyo para la descentralización de gobiernos democráticos, en particular gobiernos departamentales y municipios selectos. La USAID fue el primer donante para dar apoyo a los gobiernos departamentales electos democráticamente y para fortalecer la descentralización. El trabajo comenzó con la OTI (Oficina de Iniciativas hacia una Transición) y ahora está siendo continuado a través de otros proyectos”.
El informe agrega que USAID preveía obtener fondos adicionales para el Programa de Democracia con el fin de “capacitar a los medios de comunicación en los principios básicos de la democracia” y “más seguimiento y apoyo a los pasantes indígenas en la USAID y la Embajada, para construir y consolidar una red de graduados que abogan por el Gobierno de EEUU en áreas claves”.
Agrega: “Programa de Diplomacia Pública debe ser continuado para contrarrestar los ataques contra el Gobierno de EEUU (USG) (incluyendo la USAID) de altos niveles del GOB (Gobierno boliviano), incluyendo al presidente Morales y ministros claves. Estos ataques deben ser contrarrestados o mitigados, porque podrían amenazar nuestra capacidad para apoyar a Bolivia y desarrollarse.
“Debemos continuar nuestro programa de diplomacia pública para aumentar el entendimiento por parte del GOB sobre lo que estamos haciendo y comunicar al pueblo boliviano que el Gobierno de EEUU es su amigo, y que está dando apoyo para un amplio rango de programas para mejorar las vidas de todos los bolivianos.
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