MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) - La ONG Human Rights Watch ha denunciado este martes que la negativa del Gobierno filipino de investigar los asesinatos extrajudiciales está provocando que haya más abusos por parte del Ejército y ha instado al Ejecutivo a investigar las violaciones contra los Derechos Humanos perpetrados contra activistas políticos de izquierda.
En un informe de la organización se demuestra la implicación del Ejército en siete asesinatos y tres desapariciones forzosas de activistas de izquierda desde que el presidente Benigno Aquino tomó el poder el 30 de junio de 2010.
Elaine Pearson, subdirectora de HRW en Asia, denunció que "los activistas son tiroteados en las calles mientras los soldados implicados están libres". "Filipinas solo puede poner fin a estos abusos si deja claro que cualquiera que los ordene o los cometa será encarcelado y su carrera militar habrá acabado", señaló.
El informe se basa en testimonios de más de 80 personas, incluidas las víctimas de los abusos, pero también de familiares, testigos, miembros de la Policía y del Ejército. Un soldado explicó a HRW que sus mandos le ordenaron matar a un activista político e intimidar a los testigos.
Filipinas alberga en su territorio una insurgencia comunista del Ejército del Nuevo Pueblo (NPA) y de otros grupos armados que han cometido serios abusos. HRW indica en el informe que el Ejército filipino podría haber calificado a algunas de las víctimas como supuestos miembros del NPA por su implicación en organizaciones de izquierda o su oposición a la presencia de militares en sus tierras.
"Mi marido estaba en el suelo con heridas de arma de fuego en su pecho y en su cuello", explicó Mercy Dejos, que descubrió los cuerpos de su esposo, activista pro Derechos Humanos, y de su hijo. "Sus yemas de los dedos estaban arrancadas", señaló sobre su hijo, que apareció con un tiro en la espalda.
Algunas de las víctimas fueron asesinadas o secuestradas delante de varios testigos. En algunos casos, los militares llevaban ropa de paisano y se cubrían la cara, según los testigos relataron a la ONG.
ENTRENADOS PARA PARECER REBELDES
Un exsoldado explicó que sus mandos le ordenaron matar a activistas de izquierda y esconder o quemar los cadáveres. Este militar explicó a HRW que fue entrenado para hacer parecer que los asesinatos eran obra de los rebeldes de la Unidad Especial de Partisanos, ya que usaron pistolas del calibre 45 y pasamontañas, muy utilizados por los insurgentes.
"El descaro de algunos de estos abusos, a plena luz del día y enfrente de testigos, demuestra cómo el Ejército puede matar y hacer desaparecer a las personas sin tener en cuenta las consecuencias", denunció Pearson. "Etiquetar a alguien como activista de izquierdas es como ponerle en una lista de objetivos militares", señaló.
HRW denuncia que el Gobierno ha sido incapaz de investigar los abusos y procesar a los implicados, ya que solo se ha condenado a doce soldados por su participación en siete asesinatos extrajudiciales, aunque ninguno desde que Aquino llegó al poder. Sin embargo, no se ha condenado a ningún mando militar por su implicación directa o por dar la orden en los asesinatos.
La ONG denuncia en el informe que las investigaciones de la Policía suelen detenerse cuando las pruebas apuntan al Ejército, que no realiza ningún control interno. Además, el Departamento de Justicia ha sido incapaz de proteger a los testigos de estos abusos, ya que han sufrido el acoso y la intimidación por parte de los responsables.
La ONG instó a los gobiernos de Estados Unidos, la UE, Japón y Australia a presionar al Ejecutivo filipino para que investigue estos asesinatos, persiga a los responsables, les aplique fuertes penas y muestre las consecuencias para los implicados en estos abusos. Además, pidió a Aquino que defienda los Derechos Humanos en el país y que el Ejército realice sus propias investigaciones independientes.
Los asesinatos y las desapariciones forzosas siempre han sido problemas muy extendidos en Filipinas. En 2006 y 2007, estos abusos disminuyeron después de que la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros donantes extranjeros denunciasen los asesinatos con motivaciones políticas durante aquella etapa, en la que era presidenta Gloria Macapagal Arroyo.*
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