Gobierno acusa a casi 200 ciudadanos indígenas de terrorismo como forma de “control social”.
El movimiento indígena, que alguna vez fue el eje de apoyo del presidente Rafael Correa, enfrenta ahora la persecución del gobierno que lo acusa de graves cargos en un intento por controlar la protesta social.
Según el no gubernamental Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), 189 indígenas ecuatorianos han sido acusados de terrorismo, sabotaje y otros crímenes contra la seguridad pública. Los cargos parecen ser un medio de control social.
“Este gobierno ha declarado la guerra contra los indígena para callarnos la boca, para aterrorizarnos”, denunció Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), en conferencia de prensa el 18 de julio, informaron medios locales. Tenesaca enfrenta acusaciones de terrorismo por su participación en una marcha en el 2010 que se enfrentó con la Policía. También ha sido denunciado Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una de las organizaciones indígenas más influyentes del país.
Grupos defensores de los derechos indígenas y observadores han acusado al gobierno de Correa de intentar dividir al movimiento indígena, que se ha vuelto cada vez más crítico de la administración y de sus políticas sobre el derecho al agua y explotación de recursos naturales tales como petróleo y minerales.
El CDES afirmó que el gobierno de Correa está tratando de criminalizar las protestas contra sus políticas.
Humberto Hurtado, investigador del CDES, manifestó en declaraciones recogidas por la prensa que las autoridades han convertido en delitos las prácticas de protesta utilizadas por los movimientos sociales, como son interrupción de los servicios públicos o corte de carreteras, presentando cargos por terrorismo o sabotaje contra los dirigentes. —Noticias Aliadas.
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