Alex Contreras Baspineiro
Demandando al gobierno indígena de Evo Morales Ayma, mayor representación, el derecho a la consulta y autonomía plena en sus territorios, un puñado de más de medio millar de indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, emprendieron una larga marcha hasta La Paz, sede de gobierno de Bolivia.
El presidente de la Confederación Indígena de Oriente de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, aseguró que los pueblos originarios son parte del proceso de cambio que se vive en este país, pero que no comparten que la Ley Marco de Autonomías sea aprobada por los sectores empresariales o ganaderos, en desmedro de las mayorías nacionales.
En los últimos días, Morales Ayma se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para analizar los alcances de esta ley y otras políticas de desarrollo regional.
En más de una oportunidad, personeros de gobierno acusaron a Costas de “conspirador”, “golpista” y “separatista”, hoy buscan consensuar las autonomías con esa autoridad y los sectores que representa y no con los indígenas ni movimientos sociales.
El artículo 289 de la Constitución Política define a la autonomía indígena como “el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”.
Bajo este principio constitucional, el presidente de la CIDOB, señaló que los pueblos originarios que quieren ser autónomos deben tener un territorio y recursos económicos como los otros tres niveles de autonomía: regional, municipal y departamental. “No queremos una autonomía a medias”, remarcó.
A esta demanda indígena se suma el derecho a la consulta para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y la dotación de más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que según el proyecto de Ley del Régimen Electoral sólo serán siete y las organizaciones indígenas demandan 18 escaños.
En Bolivia existen 36 pueblos indígenas, campesinos y originarios reconocidos a través de la Constitución Política del Estado.
La misma historia
Autoridades de gobierno que tienen la obligación de escuchar las demandas indígenas, así como de otros sectores sociales, ante el inicio de esta movilización recurrieron al fácil expediente: tratar de desacreditarla.
Como ocurría en el pasado neoliberal, cuando algunas autoridades acusaban que tras las legítimas movilizaciones estaban Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e intereses extranjeros, hoy los ministros copian exactamente el mismo libreto.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, calificó de “inconstitucionales” las demandas y denunció que la protesta de los indígenas de tierras bajas tiene otros móviles, pues busca confrontar al gobierno indígena con organizaciones indígenas.
“Puede haber influencias de ONGs, pueden haber algunos actores externos”, dijo al comentar que la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAB) vinculada orgánicamente con la CIDOB está financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, sin presentar ninguna prueba dijo que la movilización indígena tiene financiamiento de USAID y de sectores de la oposición.
Para el gobierno, si un sector social realiza una movilización ya es parte de la oposición y/o está financiada.
Varios de los actuales ministros, antes trabajaron en diferentes ONGs y apoyaban las demandas indígenas.
En el pasado neoliberal, la actitud gubernamental era exactamente la misma.
En septiembre de 1990, luego del inicio de la primera marcha indígena, el ministro de Interior del MIR, Guillermo Capobianco afirmaba: “El gobierno está muy preocupado por las informaciones que cuenta sobre pequeños y minúsculos grupos doctrinarios, pero muy activos que están tratando de desnaturalizar los objetivos y el carácter de la marcha de las etnias. Ellos están financiando esta movilización”.
En agosto de 1994 ante el inicio de la marcha cocalera encabezada por Evo Morales Ayma, el ex viceministro del MNR, Víctor Hugo Canelas, decía: “Los pedidos de los cocaleros son inconstitucionales y ocultan poderosos intereses de protección al narcotráfico, esta marcha está siendo financiada por algunas ONGs extranjeras y personalmente creo que algunos dirigentes están vinculados con el narcotráfico”.
Ante una demanda social, el libreto de las autoridades de gobierno no se diferencia exactamente en nada: en tiempos neoliberales y del proceso de cambio resultaron una copia.
Ante las acusaciones de ministros del actual gobierno de un supuesto financiamiento a la movilización, el parlamentario indígena y dirigente de la CIDOB; Pedro Nuni, les respondió: “Los indígenas tenemos dignidad, no estamos siendo financiados por nadie y lo único que pedimos como parte de este proceso de cambio es respeto y atención a nuestras justas demandas”.
Diálogo en la marcha
En la marcha indígena participan hombres, mujeres y niños que aunque denotan mucha fortaleza necesitan del apoyo solidario porque deben recorrer largos kilómetros, primero entre Beni y Santa Cruz y luego entre Santa Cruz hasta La Paz.
Los indígenas estiman que en el lapso de un mes podría cumplir con su cometido, considerando además que hasta el 22 de julio la Asamblea Plurinacional debe probar cinco leyes fundamentales, entre ellas la Ley Marco de Autonomías.
Los indígenas señalan que están dispuestos a dialogar con las autoridades nacionales “en la marcha”, aspecto que no es compartido por los ministros de gobierno.
Sin embargo, la única forma de encontrar una solución es a través del diálogo, no existe otro camino.
Recordemos que en las jornadas de autonomía departamental que era planteada por las denominada “media luna” y cuyo principal representante era el prefecto cruceño, Rubén Costas, el Movimiento al Socialismo (MAS) y autoridades de gobierno manejaban como bandera de lucha la implementación de las autonomías indígenas. Hoy cuestionan.
Aunque algunas autoridades de gobierno se dieron a la tarea de dividir a las organizaciones indígenas, la marcha ya se encuentra en el segundo día de su realización y está dispuesta a cumplir con su objetivo.
Según los dirigentes indígenas, con el transcurrir de los días, se sumarán otras organizaciones no sólo de tierras bajas sino también del altiplano y los valles porque es una marcha a nivel nacional.
La marcha tiene representantes mojeños, guarayos, mosetenes, trinitarios, guaraníes, izozeños, sirionós y otros pueblos indígenas.
“Nosotros no estamos luchando sólo por nosotros mismos sino por un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. La autonomía indígena no debe ser simbólica sino se debe convertir en una realidad”, remarcó el dirigente de la CIDOB.
La VII Marcha “Por la Defensa del Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas” ya empezó sus primeros pasos, será una movilización larga y sacrificada porque se trata de un recorrido de más de mil kilómetros; el gobierno recurrió a lo fácil: la desacreditación, pero los pueblos indígenas tienen objetivos que les fortalece: autonomías, mayor representación y dignidad…
- Alex Contreras Baspineiro.es Periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno. alexadcb@hotmail.com
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