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Un proyecto de democracia radical en el Ecuador no puede construirse sin una clara articulación con el movimiento indígena. Sin embargo, las nuevas condiciones políticas obligan a que el movimiento indígena construya sus plataformas políticas incorporando reclamos nacionales que en muchos casos van más allá de los problemas específicamente indígenas.
En la actual coyuntura, si las dirigencias políticas no incluyen de un modo serio a los actores indígenas y si los indígenas no incorporan al conjunto de la nación en sus reclamos, se puede abrir un escenario de ingobernabilidad que podría hacer fracasar los proyectos de democracia radical.
El movimiento indígena nacional –y también el continental- tiene a su haber una rica experiencia de movilizaciones y reclamos políticos que han ayudado a democratizar las formas de acceso y participación de los sectores populares. El movimiento indígena ecuatoriano ha sido un factor fundamental para que el país se sensibilice en las problemáticas agrarias y ambientales.
Son muy relevantes las enseñanzas políticas en temáticas que como estas tienen un carácter estructural en países con profundos legados coloniales que se radicalizaron en el período del dominio neoliberal. La movilización indígena también ha estremecido las profundas expresiones del racismo tradicional sobre el que se han fundamentado las grandes desigualdades sociales.
La organización comunal y colectiva en varios casos aparece como una muestra de democracia participativa en la que los actores toman decisiones que buscan el bien común y lo hacen desde el conocimiento de la realidad local. Estos legados de la movilización indígena profundizan la democracia, ya que universalizan la noción de ciudadanía y cuestionan la exclusión que se hace de forma velada o explícita. A su vez, esos legados indígenas se enriquecen con los legados de las demandas y movilizaciones lideradas por otros sectores como los obreros, los empleados, los movimientos juveniles, los ambientalistas y campesinos, entre otros.
Sin embargo, la nueva coyuntura obliga a que estos distintos legados se encuentren en foros y espacios comunes. En los contextos locales hay que apostar por la construcción de foros de participación universal, donde vecinos provenientes de diversas tradiciones culturales y políticas diseñen plataformas de interés común, ya no sólo para los grupos particulares, sino para las localidades, las regiones y la nación en su conjunto.
En estos foros deben debatirse y diseñarse soluciones a los problemas económicos y políticos en concordancia con las perspectivas macro, concebidas y elaboradas para la nación desde el Estado. A su vez, el Estado está obligado a mantener un diálogo realista con estos foros públicos comunales y colectivos.
Entonces, debe propiciarse el conocimiento y el diálogo intercultural entre todos los sectores sociales y no sólo entre los indígenas, como bien lo han sostenido representantes de estos sectores.
La interculturalidad debe concebirse como una práctica pública por excelencia: como lugar de aprendizaje mutuo de los legados que apuestan por el bien común y como lugar de crítica y eliminación de los privilegios corporativos.
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