LOS ANGELES (AP) - La violencia y la falta de garantías constitucionales tras el golpe de Estado en Honduras han dejado un saldo mortal de 15 mujeres transgéneros y homosexuales en tan sólo cuatro meses, casi la misma cantidad de travestis asesinados en los últimos cinco años, denunció el lunes una activista hondureña.
Cuatro gays y 11 mujeres transexuales han muerto desde el 28 de junio, cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya fue derrocado, explicó Indyra Mendoza Aguilar, miembro de la Red Lésbica Cattrachas, con sede en Tegucigalpa, que lleva cuenta de violaciones a los derechos humanos y civiles de homosexuales, lesbianas y transgéneros.
El total es "alarmante" si se compara con los al menos 17 travestis asesinados del 2004 al presente, total recabado por la organización activista Human Rights Watch en un informe divulgado en mayo.
El total de víctimas reportados por Cattrachas está basado en reportes noticiosos, comenzando con la muerte a tiros de un transgénero el 30 de junio durante un toque de queda, explicó la activista.
La falta de garantías constitucionales tras el golpe ha atizado la cantidad de delitos racialmente motivados contra las personas transgéneros, homosexuales y lesbianas, sostuvo la activista, resaltando resultados del estudio "No valen ni un centavo", elaborado por Human Rights Watch, sobre delitos por orientación sexual en Honduras en los últimos cinco años.
Los problemas de intolerancia y odio comienzan con leyes como las que permiten el arresto de prostitutas y presuntos quebrantadores de la moral pública, dijo el informe.
"Estas leyes están vagamente articuladas y permiten la aplicación arbitraria de leyes por parte de policías", resaltó el estudio.
Pero ahora que el país está militarizado, la responsabilidad de las muertes recae no sólo en la policía sino sobre las fuerzas armadas.
"El golpe de Estado ha promovido la impunidad. No hay seguimiento y en algunos hay casos ni siguiera hay expedientes. No hay ningún preso por estos asesinatos", agregó Mendoza.
En el marco de las violaciones de derechos humanos y civiles en Honduras tras el golpe, las ocurridas contra la comunidad lesbiana, transexual y gay han sido las más fuertes a raíz de la intolerancia y rechazo contra estas personas, explicó la activista.
"Muchos de las víctimas eran trabajadoras sexuales o tenían sida, por eso no se les ve como pérdidas humanas sino... como escoria", apuntó.
Cattrachas está integrada al Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado. Mendoza forma parte de una comitiva de líderes sindicales, religiosos y de derechos civiles y humanos que están de gira en Los Angeles para dar una serie de al menos cinco presentaciones sobre la situación actual en Honduras en universidades, centros comunitarios e iglesias. La Gira para la Justicia Hondureña termina el martes 17 en el Pomona College.
Otros de los líderes participantes son la fiscal Sara Aguilar, integrante de la Coordinación Nacional Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; Iris Munguía, de la Coordinadora de Sindicatos Bananero y Agroindustriales en Honduras; y Ezequías Doblado, asesor legal del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras.
Abuso sexual contra una jovén mujer transgenero en prisión
SACRAMENTO.— A pesar de que han pasado seis años de que Esmeralda Soto, una joven transgénero fue asaltada sexualmente por un guardia del propio centro de detención de migración en San Pedro, en el condado de Los Ángeles, aún recuerda con terror y lágrimas el episodio.
"Fue horrible porque después de eso me deprimí mucho y sentía hasta ganas de suicidarme", relató entre sollozos. El sólo recordar el asalto sexual la perturba. Aunque su agresor fue mandado a la cárcel por seis meses y luego estuvo en libertad condicional por tres años, cuenta que los días que siguieron a la violación fueron un martirio. "Los cuidadores no me trataban bien y me castigaban por la más mínima cosa, sólo porque me había atrevido a denunciar a mi violador", señala.
El asalto sexual contra Esmeralda ocurrió a pocos metros de donde se encontraba su abogada. En un cuarto donde esperaba para verla y por el propio guardia que la cuidaba.
El caso de Esmeralda no es un hecho aislado, los asaltos sexuales en las prisiones estatales, cárceles de los condados y centros de detención migratoria son un problema grande, difícil de medir en toda su extensión, al que aún le queda un largo camino por resolver, pero en el que ya se trabaja en California, dice Linda McFarlane, subdirectora de la organización Just Detention International antes llamada "Detengamos las violaciones en las cárceles", la cual tiene su sede en Los Ángeles.
Precisó que los grupos más vulnerables son: integrantes de la comunidad gay, lesbianas y transgéneros. En segundo lugar, quienes no pertenecen a ese grupo, pero parecen ser parte de éstos; en tercer sitio, las personas discapacitadas; cuarto, quienes padecen una enfermedad mental; quinto, los jóvenes; y sexto aquellos que llegan por una primera ofensa. Por último, quienes han cometido delitos de abuso sexual y violaciones.
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