AIDESEP, 15 de junio de 2009. La presidente en funciones de la AIDESEP, Daysi Zapata, sostuvo que tiene sentimientos encontrados con la decisión del gobierno de presentar un proyecto para derogar los Decretos Leg. 1064 y 1090, pues el movimiento indígena no entiende al gobierno que, desde el nueve de abril de 2009 sostuvieron que dichas normas no podían ser anuladas y hoy, 34 muertes oficiales después, dicen que sí se puede.
Agregó que esta decisión del gobierno es una reacción tardía del Ejecutivo y que, de acuerdo a su lectura, este retroceso se debe a la presión de todos los peruanos y de la comunidad internacional que, a través de extensas muestras de solidaridad con los pueblos indígenas, protestaron y sentaron una posición contra el gobierno por su accionar del cinco de junio pasado.
“En primer lugar, debemos afirmar –rotundamente- que antes de escuchar promesas debemos ver realidades, gestos que la AIDESEP solicitó al gobierno peruano desde el 12 de marzo cuando enviamos una carta al Ejecutivo y Legislativo pidiendo que nos escuchen; los pueblos ya están cansados de promesas que el propio premier Simon se encargó de hacerlo pero que en el momento de cumplirlos nunca se dieron. Y, en segundo lugar, ¿tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas? Lamentamos que este gobierno sea indolente con los pueblos, que tenga que llegarse a una situación extrema; existe tanta desconfianza en los pueblos indígenas que a veces pensamos que el gobierno quería que nuestra lucha pacífica terminé así para hacernos ver como salvajes”, enfatizó.
Además, Zapata Fasabi sostuvo que el ministro Simon continua mintiendo porque, según la agencia Andina, se habría reunido con los Apus de 390 comunidades, cuando en realidad, por la gentileza de los pueblos indígena a pesar de los hechos sucedidos en Bagua, se reunión con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central – ARPI SC, base regional de la AIDESEP y donde se firmó un acta que, entre otras cosas, comprende el levantamiento del estado de emergencia en Bagua.
Es por ello que la dirigente nacional insiste que el gobierno buscó la confrontación, buscó la violencia pues cuando el Apu Alberto Pizango estaba al frente de la AIDESEP, se le propuso al premier el levantamiento del estado de emergencia en Bagua pero que este pedido fue desestimado por el Ejecutivo.
Respecto a las declaraciones del premier que podría dar un paso al costado, la lideresa indígena sostuvo que “es momento que el primer ministro deba dejar el cargo, hacerse responsable del costo político y de las vidas de todos los hermanos muertos en Bagua y aceptar que se equivocaron al intentar hacer desistir a los pueblos a través de la violencia y eso, para nosotros, siempre será inaceptable”.
Asimismo, reiteró su pedido que se suspenda la persecución a los cuatro dirigentes de su organización y que se elimine el toque de queda en Bagua para entablar un diálogo.
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