Un año después de que se publicara el decreto que oficializó la creación de esta Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, los indígenas de Bolívar y Amazonas critican no haber sido consultados, a pesar de que así lo ordenan los tratados internacionales y las leyes venezolanas
Por Lorena Meléndez G.
@loremelendez
Corría el mes de agosto de 2011 cuando un Hugo Chávez ya calvo por los efectos de las primeras sesiones de quimioterapia, presentaba por primera vez un proyecto de desarrollo al que le veía un “enorme” potencial. Estaba en medio de un Consejo de ministros y, para explicar su idea, pidió una mapa de Venezuela que, poco después, rayó con un marcador para delimitar el área donde está la Faja Petrolera del Orinoco y la riqueza que está al sur de esta: una media luna llena minerales como bauxita, diamantes, coltán y oro que había que empezar a extraer pronto.
“Aquí está una estrategia que se nos ocurrió para engranar, en una sola estrategia de desarrollo, lo petrolero con lo minero y, más allá, lo social, lo económico… Pero, digamos, esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estábamos hablando de eso y no habíamos concretado una estrategia”, reconoció poco antes de agradecer a Rafael Ramírez, quien para ese entonces era vicepresidente del Área de Desarrollo Territorial, y a Elías Jaua, otrora vicepresidente de la República, por ayudarlo a confeccionar aquel plan que él mismo había llamado “arco minero”.
Pero en lo que no pensó Chávez es que, en ese proyecto, debía incluir a la voz de una de las minorías que tanto había defendido desde los inicios de su gobierno: la de los indígenas. A ellos debía consultarles, sin dilación alguna, si estaban de acuerdo con la explotación de casi 112 mil kilómetros cuadrados del territorio que ellos consideraban sagrado. Así lo establecen los tratados que Venezuela ha suscrito con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se han consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes nacionales.
Sin embargo, el fallecido primer mandatario aprobó ese mismo día su “plan de acción estratégica conjunta”. Cinco años después, el presidente Nicolás Maduro lo convirtió en decreto. Él tampoco recibió el beneplácito de los indígenas.
Papeles ignorados
Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, alertó que el Arco Minero del Orinoco viola no sólo la consulta reglamentaria, que debió ser previa al decreto y no posterior a este, sino también la potestad que estos pueblos tienen sobre los territorios en los que residen.En el capítulo “De los Derechos de los pueblos indígenas” de la Carta Magna se dedican varios artículos al reconocimiento de estas etnias por parte del Estado. Mientras que el 119 apunta hacia la demarcación y garantía que los indígenas deben tener sobre sus tierras, el 120 trata sobre la explotación de los minerales que existen en sus entornos y acota que tal aprovechamiento “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos”. “Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley”, señala el artículo.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en diciembre de 2005, es todavía más específica. Su capítulo II se basa enteramente en “la consulta previa e informada” y sostiene en su artículo 11 que tal mecanismo se aplicará “de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados”.
Si esto no se cumple, en el artículo 19 se da potestad para que las comunidades intenten una “acción de amparo constitucional contra la actuación de cualquier institución pública, privada o de particulares, que inicien o ejecuten cualquier proyecto dentro del hábitat y tierras indígenas”. De esta manera, podrían solicitar la nulidad de las concesiones otorgadas por el Estado cuando se viole lo acordado.
Más adelante, en el artículo 20, se decreta que “las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”.
Sin embargo, y a pesar de que desde hace más de una década existen instrumentos legales que establecen el otorgamiento de títulos de propiedad a los indígenas, estos son un bien escaso. Según Aguilar, apenas 12% de la población indígena ha recibido títulos y estos se asemejan más a cartas agrarias que a los títulos colectivos que establece la ley.
El más antiguo de los documentos que viola el Arco Minero en esta área es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que data de 1989, y que fue aprobado en la Conferencia General de la OIT. Allí, los artículos 6, 7, 12, 13, 14 y 15, ratifican la importancia del derecho a la consulta y a la propiedad de la tierra.
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”, recalca el numeral 2 del artículo 15. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada en 2007, confirma todos estos escritos.
Las razones de los olvidados
Para Jean Carlos Velásquez, capitán general de las comunidades indígenas del sector 5 del municipio Gran Sabana, en Bolívar, el Arco Minero representa un problema más para una comunidad como la suya que está asediada por los traficantes de combustible.Para Esteban Rodríguez, portavoz de la Organización Ye’kuana del Alto Ventuari, en Amazonas, el proyecto minero solo contribuirá a llevar gente desconocida a sus tierras, prostituir a sus mujeres y contagiarles enfermedades. “No conocemos a fondo qué es eso, pero sabemos que todo lo que es minería no es ecológico”, aseguró quien teme por la violación que harán en lugares que se consideran sagrados.
Francisco Rojas, de la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas, sentenció que el plan traerá “guerras y problemas entre indígenas”, porque ya algunos miembros de las tribus afectadas directamente por el decreto, se han prestado para dar el visto bueno a la orden, incluso ante la opinión pública. Ese es caso de Jairo García, quien acompañó a la comisión presidencial que en diciembre pasado asistió a una audiencia sobre el Arco Minero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguró que la comunidad Mapoyo que él representaba –una de las 182 que se ven afectadas por el Arco Minero– estaba de acuerdo con el plan.
“Hay reacciones mediáticas en redes sociales sobre la poca información que hay sobre el decreto. Sin embargo, la intención del gobierno es que se cumplan los protocolos”, afirmó.
García defendió el proyecto e insistió en que el Ejecutivo instaló una comisión presidencial para salvaguardar los derechos indígenas. La intención de esta es, según él, que se incorpore de manera directa a los pueblos y que el plan se construya junto a esta, a pesar de que ya hay un decreto que ordena la explotación de la zona.
“Si el proyecto que ellos hacen nos perjudica, simplemente el Estado no lo va a aplicar. Nosotros somos los que decidimos, eso lo ha dicho el Presidente. Aunque haya minerales en ese lugar, si eso nos hace daño, no se hace”, indicó.
Desde septiembre pasado, el gobierno afirmó que actualmente está en la etapa de exploración. “El peligro es que, al estar en esa fase, no se sabe en qué momento va a arrancar la extracción”, advirtió Aguilar, quien es menos optimista que García. Además, advirtió el peligro de que la región se militarice y se cometan excesos que provoquen el desplazamiento de los indígenas de los territorios que históricamente han sido suyos.
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