Eduardo Lucita (LA ARENA)
Hay un nuevo proyecto de despenalización del aborto. Fue apoyado por un
colectivo que reclama por el derecho de las mujeres sobre su propio
cuerpo. Una movilización que es producto de un largo recorrido social.
La presentación en el Congreso de la Nación de un nuevo proyecto de
despenalización del aborto y un nuevo caso de una niña violada y
embarazada por su padrastro colocaron otra vez en la agenda pública la
necesidad de una normativa jurídica que ampare la libre determinación de
las mujeres sobre su propio cuerpo.
Semanas atrás integrantes de la "Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito" acompañadas de unas 10.000 personas, la
mayoría mujeres y no pocos hombres, presentaron en el Congreso de la
Nación el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Esa iniciativa y esa movilización no cayeron del cielo, son producto de
un largo recorrido.
Más de tres décadas
El movimiento de mujeres y particularmente el feminismo, en cuyo centro
se ubica decididamente la cuestión del aborto, tienen una larga
tradición en América latina y en Argentina. Dieron un salto cualitativo
en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando una verdadera
contrarrevolución cultural en las artes, en las letras, en la vida
cotidiana, en la vestimenta y obviamente en la sexualidad se expandió
por los principales centros urbanos del mundo occidental. En este
contexto es que la maternidad voluntaria y la educación sexual, la
violencia de género en cualquiera de sus formas (física, económica,
psicológica o sexual) y la despenalización del aborto comenzaron a
debatirse en la América latina.
La historiadora y ensayista Mabel Bellucci en su reciente obra "Historia
de una Desobediencia. Feminismo y Aborto", detalla el largo recorrido
de estas luchas y muestra como toda esa secuencia de décadas fue una y
otra vez interrumpida por los golpes militares, no sin ayuda civil, que
se sucedieron una y otra vez en la región. Así las rupturas del orden
institucional demoraban y hacían retroceder las luchas por la ampliación
de derechos, entre ellos el derecho de las mujeres.
No es de extrañar entonces que fuera el feminismo de México, uno de los
pocos países de la región que no sufriera golpes de Estado, quien
lograra en 2007 -no obstante su fuerte tradición machista y clerical-
institucionalizar la despenalización del aborto durante las doce
primeras semanas de gestación. Si bien este logro está limitado al
Distrito Federal, ha sido un avance notable que estimuló al resto de los
movimientos latinoamericanos.
Desde los años 80 los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron el
contexto para que las organizaciones feministas replantearan una y otra
vez la cuestión del aborto legal y seguro hasta que en el 2005
adquiriera la actual forma de campaña nacional.
Proyectos
El primer proyecto IVE fue presentado en mayo de 2007 como una
iniciativa de la sociedad civil. Exactamente un año después, en mayo de
2008, fue nuevamente entregado en la Cámara de Diputaos/as avalado por
la firma de 22 legisladores y legisladoras. En marzo de 2010, cuando el
anterior perdió estado parlamentario por falta de tratamiento, se
presentó por tercera vez, ahora apoyado con 33 firmas. En marzo de 2012
nuevamente con 54 avales y en abril pasado por quinta vez con la firma
de 64 legisladores y legisladoras de todos los bloques con
representación parlamentaria.
En esencia el proyecto se sostiene en el derecho personalísimo de las
mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Que toda mujer pueda interrumpir su
embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación por voluntad
propia, y sin plazos en caso de violación, de riesgo para la salud o la
vida de la gestante o en caso de malformaciones graves. Además propone
que el acceso a esta práctica sea seguro y gratuito en hospitales
públicos y que las obras sociales la incorporen entre sus coberturas.
Datos duros
Las estadísticas en general indican aproximaciones y tendencias
generales y son siempre objeto de debates y especulaciones, las del
aborto mucho más. La clandestinidad de estas practicas y muchas veces el
sub-registro en casos de fallecimiento -se las suele indicar como
"infecciones"- constituyen un verdadero obstáculo para determinar la
magnitud de estas intervenciones.
Una investigación realizada en el 2006 por la Comisión Nacional de
Investigaciones Sanitarias dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación estimó que "se realizan entre 486.000 y 522.000 abortos por año,
la razón de abortos inducidos es de 0,53 o 0,64 por cada nacido vivo; la
tasa de abortos inducidos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años es de 40,8 o
49,0 y que cada mujer tendría en promedio dos abortos al término de su
vida fértil".
"En 2010 la tasa de mortalidad gestacional informada por el Boletín del
Ministerio de Salud fue de 44 por 100.000 nacidos vivos, es decir que
331 mujeres perdieron la vida ese año. Los abortos inseguros causaron el
20,5 por ciento de esas muertes. Considerando las estadísticas
oficiales el número de mujeres fallecidas por esta causal en el
quinquenio 2006-2010 fue de 384, un promedio de 77 por año", según datos
obtenidos del libro "El aborto como derecho de las mujeres. Otra
historia es posible", más conocido como el libro de La Campaña, del cual
esta nota es tributaria.
Aborto no punible
La práctica clandestina del aborto causa, años tras año, daños
irreversibles en miles de mujeres, al mismo tiempo que ya sería la
segunda causa de muerte materna en nuestro país. Si bien el aborto está
todavía penado entre nosotros hay excepciones que lo permiten, estas
están contempladas en el Código Penal, específicamente detallados en el
artículo 86. Es así desde el año 1922, siendo nuestro país uno de los
pocos en América latina que lo contempla en su jurisprudencia.
El reciente caso de una niña de 13 años violada y embarazada por su
padrastro que las autoridades del hospital de Moreno se negaran a
interrumpir su gravidez -luego se hizo en Capital Federal por acción
directa de las organizaciones feministas- volvió a poner en el centro de
la escena a las cúpulas clericales y a muchas instituciones médicas y
hospitalarias que se oponen a esta practica absolutamente legal desde
hace noventa años. Sin tener en cuenta el grave riesgo que para la salud
tienen los embarazos involuntarios producto de violaciones, en muchos
casos resultados de incesto.
Batallas contra la moral burguesa
El periodista y escritor ya fallecido Carlos A. Brocato supo describir a
la lucha por la despenalización y legalización del aborto como "la
penúltima batalla contra la moral burguesa". Supongo incluiría a la
eutanasia entre las últimas. Es interesante esta definición para
precisar contra que moral se esta batallando, y no solo en la cuestión
del aborto.
Es justo y necesario señalar que muchas de esas batallas han concluido
positivamente. La continuidad de la democracia institucional en el país
ha permitido en estas últimas décadas avances importantes en la
ampliación de derechos ciudadanos: la patria potestad compartida; la ley
de divorcio vincular; el matrimonio igualitario; la ley de muerte
digna; la de fertilización asistida, entre otras.
El movimiento de mujeres y en su interior los colectivos feministas han
jugado un rol preponderante en estas luchas, enfrentando a los sectores
más retrógrados de nuestra sociedad, a las cúpulas clericales y a su
influencia social y política. Este rol es más destacado aún en el
movimiento por la legalización del aborto, que desde el 2005 ha
centralizado diversos agrupamientos -hasta entonces dispersos y con
prácticas políticas diferentes- en la ya mencionada Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Campaña que tiene todavía un áspero camino por recorrer, pero que es
evidente que año a año crece y gana consenso en la sociedad para
finalizar con esta asignatura pendiente del régimen democrático y
avanzar hacia una ciudadanía más plena.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.
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