Chile: ¿Cambió la Concertación?

 

El flamante gobierno de Bachelet se ha fundamentado en la idea de que representará un cambio significativo respecto de los anteriores gobiernos de la Concertación que, en la práctica, consolidaron el modelo económico neoliberal heredado de Pinochet. De partida, se ha sumado al conglomerado el Partido Comunista y otros dos partidos muy menores: El MAS y la Izquierda Ciudadana. Además, se le ha modificado el nombre a la coalición, pasando a llamarse Nueva Mayoría. 

Ambos elementos no nos dicen nada respecto de si habrá un cambio real de la Concertación, puesto que el PC -aunque quisiese- no tendría mayor influencia frente a la hegemonía que natural- mente continuarán teniendo el PDC, el PPD y el PS; y el cambio de nombre, por sí mismo, tampoco significa algo.

Una de las claves para constatar un efectivo cambio en la Concertación lo da el programa de gobierno de Bachelet y su real intención de aplicarlo. Pero ¿qué justificación podríamos tener en negar a priori su voluntad de aplicarlo? Desgraciadamente muchas, tanto históricas como actuales. De las históricas, resaltan el regalo de la mayoría parlamentaria a la derecha efectuado a través de las reformas constitucionales de 1989 (regalo que todavía permanece desconocido para la generalidad de la población); la renuencia total de Lagos y Bachelet a aprovechar la mayoría parlamentaria obtenida para sustituir el modelo heredado de Pinochet (el primero, desde agosto de 2000 hasta enero de 2002; y la segunda, desde marzo de 2006 hasta diciembre de 2007) y el exterminio o neutralización, efectuado por los sucesivos gobiernos de la Concertación, del conjunto de los medios de comunicación, ¡teóricamente propios!, que hubiesen apoyado dichos cambios. 

Y, complementariamente, de la tenaz negativa del conjunto de su liderazgo a reconocer aquellas concesiones, ni menos, a arrepentirse de ellas, lo que ha sido reiterado en la campaña recién pasada. Es decir, se continúa haciendo una justificación retrospectiva de no haber hecho los cambios prometidos habiendo tenido las posibilidades de hacerlos ¿No constituye esta actitud un signo ominoso respecto de la real voluntad de aplicar el programa actual?

Otro factor que nos revela una falta de compromiso efectivo de aplicarlo, está dado por las reiteradas afirmaciones de algunos dirigentes del conglomerado (especialmente del presidente del PDC, Ignacio Walker) de la intención de continuar consensuando con la derecha toda modificación de la legislación vigente, pese a la mayoría parlamentaria obtenida; como se hizo durante el pasado gobierno de Bachelet cuando –teniendo la mayoría absoluta que se necesitaba en el Congreso- se consensuaron con la derecha tímidas reformas al sistema de AFP que terminaron por legitimarlo “democráticamente”.

Otro elemento, en este sentido, lo constituye la falta de interés –por decir lo menos- que demostró la Concertación en maximizar su representación parlamentaria en las elecciones del año pasado al presentar a dos candidatos socialistas a senadores por Concepción (Escalona y Navarro), en circunstancia que había sido ya por dos veces seguidas la única circunscripción senatorial en que la Concertación había doblado a la Alianza con un candidato PDC y otro PS (Sabag y Viera-Gallo en 1997; y Sabag y Navarro en 2005). Era obvio que las posibilidades de doblar con dos candidatos del PS se hacían extremadamente improbables, como finalmente sucedió. Y los dos doblajes que se produjeron a favor de la Concertación –en Antofagasta y Coquimbo- se debieron a graves errores inesperados de la Alianza.

Un segundo aspecto que ha sido pasado por alto es el carácter extremadamente modesto de los cambios propuestos en el programa de Bachelet; o, en los casos excepcionales de más envergadura, la virtual imposibilidad de llevarlos a cabo. Así, respecto de casi todas las estructuras heredadas de la dictadura (Plan Laboral, AFP, Isapre, Ley de concesiones mineras, sistemas financiero y tributario, etc.) no se formulan modificaciones esenciales. Incluso, varias de las reformas menores que se proponen son bastante más conservadoras que las que planteó originalmente la Concertación en su Programa presidencial de 1989. Así por ejemplo, en ese año se prometían profundos cambios en el sistema de AFP en relación a la participación de los trabajadores en su gestión. Ahora se plantea simplemente la creación de una AFP estatal, con lo que se consolidaría aún más el sistema de capitalización individual.

En relación a la Carta Fundamental, ¡el Programa de Bachelet postula lo mismo que Frei Ruiz-Tagle en 2009!: Una nueva Constitución. El punto es que lo está haciendo –al igual que en 2009- desechando el único camino realista para ello: una Asamblea Constituyente. Dado los exigentes quórums que la Carta actual estipula para su reforma (3/5 o 2/3, dependiendo de sus capítulos), cumpliendo con ellos solo podrá establecerse una “nueva Constitución” que sea del agrado de la derecha minoritaria…

Asimismo, los dos cambios más importantes que se formulan en educación escolar (desmunicipalización y término del lucro con recursos públicos) también requerirán del acuerdo de la derecha, dado que la LOCE-LGE solo puede ser modificada por los 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y esto se sabía en el momento de confeccionarse el Programa. 

Otro factor fundamental que nos demuestra la ausencia de intenciones reales de efectuar cambios profundos en la sociedad chilena, por el flamante gobierno de la Concertación (“Nueva Mayoría”), lo constituye la composición de su gabinete. La generalidad de los ministros y subsecretarios del área económica, por su trayectoria, proviene del sector más conservador del conglomerado oficialista y/o ha estado vinculado a grandes intereses económicos. 

De este modo, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), fue Director de Presupuesto de dicho ministerio, durante el anterior gobierno de Bachelet, bajo la dependencia de Andrés Velasco, ministro caracterizado por sus posturas neoliberales y que con sus colegas del think thank Expansiva copó los ministerios económicos de dicho gobierno. Además, Arenas formó parte posteriormente del directorio de Canal 13, designado por Andrónico Luksic.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (PDC), fue jefe de los asesores de Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda de Bachelet entre 2006 y 2009; ¡e incluso forma parte del actual grupo político de Velasco, Fuerza Pública! Asimismo, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco (PDC), fue también jefe de los asesores de Velasco en dicho Ministerio en 2009. Por su parte, la subsecretaria de Economía, Katia Trusich (PPD), ha sido gerente de Genzime para Chile, Perú y Ecuador, filial de Sanife, una de las principales empresas multinacionales farmacéuticas del mundo. Y el subsecretario de Pesca, Raúl Sunico (PS), se ha manifestado a favor de la pesca de arrastre (Ver El Clarín; 30-1-2014) y apoyó la Ley de Pesca que favorece a las “siete familias” (Ver El Mostrador; 14-2-2014).

Por otro lado, la ministra de Minería, Aurora Williams (PR), fue gerente de administración y finanzas de la empresa operadora del puerto de Antofagasta (Antofagasta Terminal Internacional) controlada por el Grupo Luksic. A su vez el subsecretario de la misma cartera, Ignacio Moreno (PPD), fue gerente de la minera Cerro dominador, de la familia Callejas, una de las más poderosas del país en el rubro. Más aún, el ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS), ha sido alto ejecutivo de varias empresas multinacionales dedicadas al petróleo, la forestación y la producción de papel, estando una de ellas vinculada al Grupo Angellini. 

Además, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier (PDC), ha sido miembro de la directiva conservadora del partido presidida por Ignacio Walker. Y el subsecretario, Marcelo Mena, ¡es miembro de Fuerza Pública de Velasco! Asimismo, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco (PDC) ha sido directora de la Fundación Paz Ciudadana de Agustín Edwards. Y el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (PDC), pertenece a la fracción de los “príncipes” de Ignacio Walker.

También es importante constatar que el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (PPD), como subsecretario de dicha cartera y destacado embajador de los gobiernos anteriores de la Concertación, fue activo propulsor de la política exterior de dichos gobiernos que tuvo, dentro de sus principales características, la plena, conformista y solitaria inserción de Chile en el actual sistema económico internacional neoliberal. Respecto del ministro de Defensa, Jorge Burgos (PDC), hay que destacar que es reconocido como uno de los dirigentes más conservadores de la fracción de los “príncipes” del partido. Incluso, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón (PDC), que se presenta hoy como progresista, ¡fue directora de Provida!, inaugurando en 2006, con José Antonio Viera-Gallo (PS), una pléyade de decenas de ex ministros, subsecretarios y superintendentes de gobiernos de la Concertación que se han registrado como candidatos a directores de AFP, o de grandes empresas en representación de las AFP.

Pero quizá la designación ministerial más reveladora es la de Nicolás Eyzaguirre (PPD) en Educación, que se supone que debiera ser el más reformista. De partida, él fue el ministro de Hacienda de Lagos, presidente que concitó los máximos panegíricos de la derecha chilena e internacional: “El mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” según los empresarios, de acuerdo a César Barros; y el “amado” por los empresarios chilenos y de la APEC, de acuerdo a Hernán Somerville. Como ministro, Eyzaguirre planteó que “en el mediano plazo la tendencia es que el Estado debería deshacerse de la mayoría de las empresas públicas. 

 La única excepción es Codelco, que debiera seguir en manos del Estado” (Que Pasa; 2-9-2000). Además, bajo su gestión se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE). Y su desempeño posterior a dicho ministerio, acrecentó su orientación neoliberal y sus vínculos con los grandes grupos económicos. De este modo, entre 2008 y 2012 ocupó uno de los principales cargos del Fondo Monetario Internacional (FMI) –la institución mundial neoliberal por excelencia-, el de director del Departamento para el Hemisferio Occidental que tiene a su cargo 34 países. Y entre 2012 y 2013 asumió como presidente del Canal 13, de propiedad de Andrónico Luksic…

Y otro episodio sumamente revelador –ya que está referido al área supuestamente de mayor compromiso de la Concertación, como es el de derechos humanos- fue la designación de Carolina Echeverría (PPD) como subsecretaria de las Fuerzas Armadas, en circunstancia que había sido denunciada en 2009, cuando era subsecretaria de Marina, como autora de una suerte de chantaje a los marinos constitucionalistas que querían incorporarse al sistema previsional, en el sentido de poder acceder a ello si deponían las querellas por torturas que algunos de ellos habían interpuesto. 

Además, se le planteó a Echeverría un manifiesto conflicto de interés, al descubrirse que su padre tenía graves denuncias de torturas en su calidad de jefe de inteligencia del Regimiento Buin, luego del golpe. Y, por si lo anterior fuese poco, salió a la luz un nebuloso sumario por eventual información privilegiada proporcionada a su marido estando como subsecretaria de Marina. Y pese a que la denuncia del chantaje fue reactivada por los marinos constitucionalistas, Bachelet respaldó varias veces su nombramiento, hasta que se le hizo políticamente imposible mantenerla.

Por último, hay un indicador que no puede ser más demostrativo de que la Concertación no ha modificado su plena conversión al neoliberalismo, crudamente reconocida por el principal arquitecto de la “transición”, Edgardo Boeninger, en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (Edit. Andrés Bello, 1997). Este es de que pese a que en estos cuatro años, como oposición, la Concertación no ha tenido teóricamente ningún diario ni canal de televisión, ¡no se ha quejado en ningún momento de ello! Esto se explica porque el duopolio y los canales de televisión le han brindado a su liderazgo la cobertura que este ha necesitado y que, al mismo tiempo, no ha entrado en ninguna contradicción con la postura ideológica de los medios. 

En este mismo sentido, el liderazgo de la Concertación ha mantenido su postura –completamente afín a la que tuvo el gobierno de Piñera- de continuar impidiendo la devolución de los bienes del diario Clarín al propietario (Víctor Pey) que tanto el Consejo de Defensa del Estado (1975) como el Tribunal del Banco Mundial (2008) determinaron que era al momento del golpe; postura que además de injusta y violadora de los derechos de propiedad y de libertad de expresión, garantiza la preservación del duopolio El Mercurio-Copesa.

Todo indica, pues, que la dirigencia de la Concertación no ha cambiado sus posturas fundamentales en los últimos cuatro años; y que cualquier modificación estructural de la sociedad chilena se logrará, durante este gobierno, en virtud de la presión social que ejerzan las grandes mayorías.