El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien públicamente prometió “no dar cuartel” en este tema, dijo a IPS: “Desde mi punto de vista, tenemos un caso muy sólido para llevar ante un tribunal adecuado”.
La semana pasada, al hablar en Cuba con motivo del 60 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, Gonsalves insistió en exigir a los antiguos imperios coloniales europeos reparaciones por el genocidio de los indígenas y por la esclavitud de africanos.
“La principal razón del subdesarrollo en el Caribe y América Latina es el legado del genocidio nativo y la esclavitud africana”, sostuvo.
En la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Puerto España a comienzos de este mes, Gonsalves presentó a los líderes de la región tres documentos con información histórica y legal avalando el reclamo de reparación, incluyendo uno elaborado por la profesora Hilary Beckles, vicerrectora de la Universidad de las Indias Occidentales.
Beckles es autora del libro “Britain’s Black Debt: Reparations owed the Caribbean for Slavery and Indigenous Genocide” (La deuda negra de Gran Bretaña: las reparaciones debidas al Caribe por la esclavitud y el genocidio indígena).
Gonsalves celebró la decisión de la Caricom de crear un nuevo comité dedicado al tema, que será presidido por el primer ministro de Barbados, Freundel Stuart.
El órgano, que supervisará el trabajo de la Comisión de Reparaciones de la Caricom, estará conformado por representantes de Guyana, Haití, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, los presidentes de los respectivos comités nacionales de reparaciones y un delegado de la Universidad de las Indias Occidentales.
Kafra Kambon, presidente del Comité de Apoyo a la Emancipación en Trinidad y Tobago, dijo a IPS que es importante que las organizaciones no gubernamentales y la población del Caribe en general apoyen las iniciativas de los gobiernos de la región.
Kambon, cuyo grupo organiza las actividades anuales del Día de la Emancipación, dijo que ese respaldo es necesario ya que “los gobiernos europeos van a intentar acorralar (a los líderes caribeños) o incluso presionarlos para que abandonen la idea” de reclamar una compensación.
“Tenemos que darle fuerza a ese reclamo de reparaciones”, dijo Kambon a IPS, y calificó al tráfico de esclavos de “crímenes en masa que van más allá de la imaginación humana”.
“La gente sufrió daños psicológico. Salimos de la esclavitud padeciendo un trauma extremo”, dijo.
En Surinam, el Comité Nacional de Reparaciones procura lograr un consenso nacional al respecto difundiendo información detallada de los acontecimientos históricos.
“Vamos a sacar a la luz la información sobre la esclavitud y sobre el genocidio de nuestros primeros habitantes”, señaló el presidente de ese órgano, Armand Zunder.
“Creíamos que íbamos a luchar solos, pero ahora sabemos que tenemos pleno apoyo. Hemos hecho grandes avances”, destacó Zunder, quien a comienzos de este mes presentó ante Holanda el primer pedido de reparaciones a los descendientes de esclavos en Surinam.
Zunder citó investigaciones señalando que la riqueza que obtuvo Holanda de Surinam durante la esclavitud ascendió a unos 125.000 millones de euros (165.700 millones de dólares).
Mientras, la Coalición para las Reparaciones Panafricanas en Europa (PARCOE, por sus siglas en inglés) envió una extensa carta a los líderes del Caribe señalando que su “enfoque verticalista”, sin contemplar a la sociedad civil, podría “terminar frustrando las aspiraciones de compensación de las masas de descendientes africanos y ciudadanos indígenas” de la región.
Los vicepresidentes de la PARCOE, Esther Stanford-Xosei y Kofi Mawuli Klu, escribieron que el Caribe debe evitar “lo mismos errores cometidos por el Grupo de Personas Eminentes de la antigua Organización para la Unidad Africana en no realizar una efectiva consulta sobre estrategias de reparación, informarse y actuar por los mejores intereses de los diversos países africanos”.
En la misiva citaron el trabajo de la activista y profesora de leyes estadounidense Mari Matsuda, para quien los reclamos de reparaciones deben incluir a la sociedad civil, en un enfoque “desde abajo”.
“Al decir ‘abajo’, Matsuda se refiere a la experiencia viva de aquellos individuos y grupos que denuncian la violación de derechos, en vez de aquellos que tradicionalmente han definido el alcance de las reparaciones legales, como jueces, asociaciones de abogados y otros grupos que son parte del estatus quo social, legal y económico”, escribieron.
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