Giorgio Trucchi.
Rel-UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
Adital
El pasado mes de marzo, el gobierno de Costa Rica impulsó en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que pretenden reformar la actual legislación laboral, profundizando la flexibilidad del mercado de trabajo e institucionalizando la precariedad laboral.
Según el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL), los proyectos 18.080 y 18.081 procuran, entre otros puntos, alterar la jornada de trabajo, disminuir los salarios y los beneficios laborales en el sector privado, con el objetivo no declarado de desarticular y desaparecer los derechos de los trabajadores.
En el caso del proyecto de ley 18.080 -Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis- el gobierno de Laura Chinchilla y los legisladores que apoyan la iniciativa proponen reducir hasta una tercera parte el número de horas de la jornada laboral.
Esta medida conllevará una drástica reducción salarial y de las cotizaciones a la Seguridad Social, la imposibilidad de realizar horas extras y tendrá efectos negativos en cuanto al monto futuro de las pensiones.
Además, otorga a la patronal la posibilidad de disminuir el salario y otros beneficios a los trabajadores, así como forzarlos a tomar por adelantado las vacaciones, durante "el tiempo de crisis”[1].
Igualmente, el proyecto 18.081 -Ley para proteger el empleo en tiempos de crisis-, pretende reformar la legislación laboral, flexibilizando las principales garantías de las que gozan los trabajadores.
El texto propuesto introduce la jornada de trabajo de 12 horas (diurna o nocturna), obliga a las mujeres embarazadas a jornadas laborales de hasta 10 horas y aumenta la jornada laboral, de los oficios "que no sean insalubres ni peligrosos”, a hasta 10 horas, sin exceder las 48 horas semanales.
Ante esta situación, el SINTRACOBAL emitió un comunicado en el que denuncia los intereses del sector empresarial que estarían detrás de estas iniciativas de ley, "para legalizar la flexibilización de las jornadas de trabajo, que ya se práctica en el país, a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo”.
Según este importante Sindicato de Industria, en vez de exigir el respeto de la legislación laboral vigente, "los legisladores fomentan que estas jornadas laborales inventadas por los patronos, se conviertan en la norma”, se lee en el comunicado.
Desarticular y desaparecer
"Todo esto es inaceptable, ya que el país sigue apostando por la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías populares y, especialmente, la clase trabajadora, asalariada y no asalariada”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del SINTRACOBAL.
"Estas propuestas de corte neoliberal –continúa Hernández- viene a agudizar en mayores proporciones la situación actual que enfrentan los trabajadores de la agroindustria costarricense, en cuanto a la constante violación de sus condiciones laborales mínimas.
Ante ese peligro, la recién constituida Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAG) ha consolidado posición con la Confederación de Trabajadores ‘Rerum Novarum’ (CTRN) y la Central Social ‘Juanito Mora Porras’ (CSJMP).
"Desde el principio, la FENTRAG reconoció que uno de los grandes retos era la lucha contra los contratos temporales en labores permanentes. Debido a la débil intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa situación se da en mayores proporciones y se profundiza en el sector de la agroindustria, principalmente en las plantaciones agrícolas.
Vamos a combatir estos proyectos de forma estructurada y bien respaldada.”, concluyó el también secretario general de la FENTRAG.
Notas:
[1] - Los proyectos definen como crisis "una reducción por tres meses consecutivos del índice mensual de actividad económica”, lo cual constituye una medida arbitraria, ya que los indicadores no siempre van a tender a la alza. Además, la declaratoria de crisis la haría el Poder Ejecutivo vía decreto, dejando a los trabajadores sin una alternativa real si no desean someterse a este cambio. La única salida será la opción de renunciar a su contrato de trabajo, sin responsabilidad para el empleador.
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