Estimados compañeros y compañeras
El proceso de judicialización contra tres defensores del agua
líderes de Azuay (Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi) se
encuentra en el punto de aplicación de la sentencia la misma que ordena
prisión de un año para ellos (aun cuando considerando que las acciones
realizadas por los tres líderes son de carácter "altruista" ésta se
rebaja a 8 días, señala paradójicamente el dictamen de los jueces).
Se ha preparado una carta de solidaridad con los tres compañeros con el
fin de recibir adhesiones de personas, organizaciones, redes,
colectivos, etc, tanto dentro del país como a nivel internacional, y que
permita presentarla -con un amplio respaldo- a las autoridades que
tienen responsabilidad sobre estos hechos y a la opinión pública.
Las confirmaciones de apoyo hay que hacerles llegar a la brevedad posible
a Luisana Aguilar de Cedhu: cedhu@cedhu.org
Si además quisieran enviar un mensaje directo a los compañeros, ésta es
la dirección de Carlos: carlosperezunagua@gmail.com
abrazos
Ricardo Buitrón
El proceso de judicialización contra tres defensores del agua
líderes de Azuay (Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi) se
encuentra en el punto de aplicación de la sentencia la misma que ordena
prisión de un año para ellos (aun cuando considerando que las acciones
realizadas por los tres líderes son de carácter "altruista" ésta se
rebaja a 8 días, señala paradójicamente el dictamen de los jueces).
Se ha preparado una carta de solidaridad con los tres compañeros con el
fin de recibir adhesiones de personas, organizaciones, redes,
colectivos, etc, tanto dentro del país como a nivel internacional, y que
permita presentarla -con un amplio respaldo- a las autoridades que
tienen responsabilidad sobre estos hechos y a la opinión pública.
Las confirmaciones de apoyo hay que hacerles llegar a la brevedad posible
a Luisana Aguilar de Cedhu: cedhu@cedhu.org
Si además quisieran enviar un mensaje directo a los compañeros, ésta es
la dirección de Carlos: carlosperezunagua@gmail.com
abrazos
Ricardo Buitrón
CARTA DE SOLIDARIDAD
ECUADOR: APRESADOS TRES DEFENSORES DEL AGUA
POR OPONERSE A PROYECTO MINERO
PARADÓJICAMENTE,
EL JUEZ RECONOCE QUE SU CAUSA ES “ALTRUISTA”
Hemos sido informados sobre la
situación en que se encuentran tres líderes sociales de la provincia del Azuay,
Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria, con
sentencia condenatoria a causa de su liderazgo en procesos comunitarios que
defienden las fuentes de agua amenazadas por actividades mineras a gran escala
en el páramo de Kimsakocha. Conocemos asimismo que el proceso judicial que se
instauró contra ellos desde mayo de 2010 presenta graves irregularidades que
ponen en duda la imparcialidad del sistema judicial.
Como organización comprometida
con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza nos preocupa que esto
ocurra en un país como Ecuador, que ha ratificado múltiples tratados
internacionales que garantizan los derechos humanos y de quienes son sus
defensores; que tiene una Constitución que establece el derecho fundamental al
agua, garantiza la soberanía alimentaria, reconoce el derecho a la resistencia frente
a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o
jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos
constitucionales.
Más
aún, la Asamblea Constituyente de 2008 otorgó amnistías a cientos de personas
defensoras de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres de
nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales
y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema,
movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias
acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así también, que
“algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados por delitos
políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías
nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por
funcionarios públicos (segundo considerando)
Desconociendo este precedente
jurídico y el nuevo marco constitucional, desde el 2009 surgieron nuevos casos
de criminalización en similares contextos de defensa de la naturaleza y los
derechos comunitarios y colectivos; uno de ellos es el de los dirigentes
sociales Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín Arpi Soria,
reconocidos líderes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, donde ante
las amenazas de un proyecto minero de escala industrial se han impulsado
iniciativas de articulación y movilización creativa y no violenta en defensa
del agua, como es la realización el 2 de Octubre de 2011 de la primera consulta
comunitaria del Ecuador sobre minería, en la que el 93% de la población se
pronunció en contra de la actividad minera a gran escala en sus territorios.
Con pasos como éste la lucha
comunitaria por el agua ha logrado hasta ahora salvaguardar a Kimsakocha de ser destruido por la
minería.
El proyecto minero Kimsakocha fue
concesionado en el año 2001, en
medio de denuncias de ilegalidad, a la empresa Iamgold -hoy asociada con INV
Metals, también canadiense- que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su
contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes.
En los páramos de Kimsakocha nacen 2 de los 4 ríos que pasan
por la ciudad de Cuenca y abastecen de agua para uso doméstico y riego a
numerosas comunidades indígenas que viven de la agricultura y la ganadería.
Cronología de un proceso judicial viciado
Por esta causa Carlos Pérez Guartambel sufrió una detención
arbitraria en 2009. Posteriormente, el 4 de mayo de 2010, durante la
movilización no violenta realizada en oposición al proyecto oficial de Ley de
Aguas, la misma que es reprimida por la policía, da lugar a que se inicie el
procesamiento judicial contra Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi. Al
momento de la detención de los tres líderes en Tarqui, en el parte policial se
anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público, agresión a
miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y
obstaculización de servicios públicos”.
El mismo día, el Juez II de Garantías Penales, acogiendo la
acusación de la fiscalía dicta orden de prisión preventiva por el delito de
sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificado en el artículo 158
del Código Penal. El 7 de mayo, ante una
acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la
Corte Provincial del Azuay, revoca la
prisión preventiva. Veinte días después el mismo Juez II de lo Penal, en
respuesta a un nuevo pedido de prisión preventiva por el fiscal, dicta medidas alternativas:
abstenerse de concurrir al lugar de la protesta, prohibición de salir del país
y obligación de presentarse en la fiscalía cada 8 días.
El 28 de junio el mencionado juez penal llama a juicio y
otra vez dicta orden de prisión preventiva. El 1 de julio el juez concede
fianza carcelaria a solicitud de los procesados, aduciendo que “el delito que
inicialmente se acusó por terrorismo y sabotaje, se cambió por lo tanto se
admite la caución”. El 24 de agosto, el primer tribunal de garantías penales
del Azuay, pese a fuertes presiones políticas, confirma la inocencia de los
tres líderes.
El 27 de agosto la Fiscalía XI de lo penal del Azuay
interpone recurso de casación ante la Corte Nacional, la misma que en vez de
desechar el recurso por mal interpuesto corrige al fiscal que no debe casar la
sentencia sin antes haber agotado otros recursos y sugiere apelar ante la Corte
Provincial; efectivamente el fiscal apela la sentencia ante la sala segunda de
lo penal de Cuenca, que acepta el recurso de apelación y revoca el fallo del
Tribunal Penal condenando a un año de prisión a los acusados y agrega que por
ser una lucha altruista en defensa del agua, rebaja la pena a 8 días.
El 14 de agosto de 2012, la Sala Penal de la Corte Nacional
con voto de mayoría de los doctores Merino e Iñiguez, desecha la casación y
condena a prisión a los líderes indígenas, defensores del agua y la pachamama;
mientras que el juez Blum con voto de minoría declara la nulidad del proceso
por interponer mal la fiscalía el recurso de casación en vez de apelación. El
15 de enero de 2013 son notificados con la sentencia condenatoria y se apresta
a la ejecución de la sentencia.
Este hecho sienta un grave
precedente judicial para el movimiento social ecuatoriano pues conculca el
derecho a la resistencia y a la protesta social pacífica, más todavía si se
aprueba el proyecto de código penal propuesto por el ejecutivo, que acumula y
endurece las penas en la mayoría con sanciones de prisión.
Nuestro reclamo y exigencia:
Vemos con profunda preocupación
que se vulnere el derecho a la resistencia contra proyectos de minería industrial, como el que se pretende implementar en los páramos de
Kimsacocha, afectando los sistemas de agua comunitarios. No
podemos aceptar que el ejercicio de los derechos establecidos en la
Constitución ecuatoriana se traduzca en acciones represivas que terminan
criminalizando a quienes defienden la naturaleza y
los derechos de las comunidades.
Condenamos la sentencia contra los tres líderes defensores del
agua en Azuay, más aún cuando ésta reconoce su
inocencia al agregar que “en consideración a las condiciones humanas de los
procesados, esto es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para
la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter
altruista y social, en defensa del agua (...) ve como atenuante y rebaja
la pena a 8 días”.[1]
Censuramos la actuación
parcializada de operadores de justicia como resultado de la falta de
independencia judicial que corresponde a un estado constitucional de derechos. Por
ello, denunciamos a la comunidad internacional esta
condena judicial y el riesgo que corren centenares de líderes sociales que son
víctimas de persecución judicial.
Hacia la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala- Oaxaca-México 2013
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ECUARUNARI: 40 AÑOS DE LUCHA Y RESISTENCIA POR LA VIDA
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